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Opinión

  • | 2019/02/25 00:01

    Frente a la mordaza propongo realizar más proselitismo político en los colegios

    Un congresista del partido de gobierno presentó un proyecto de ley que pretende acabar con la libertad de cátedra y de alguna manera con la autonomía escolar.

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El proyecto de Ley 312 de 2019, que se presentó a la Cámara de Representantes, tiene por objeto establecer algunas prohibiciones comportamentales a los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas de la educación básica y media. Las prohibiciones propuestas son: no realizar proselitismo político dentro de los planteles educativos; no incitar discusiones políticas; no manipular alumnos o padres de familia para tener apoyo a las ideologías políticas de los maestros; y no coaccionar a los alumnos para adoptar la ideología, el candidato o el programa político del docente.

Como puede verse, en el fondo, detrás del proyecto de Ley 312 de la Cámara se esconde una enorme desconfianza hacía el trabajo de los docentes, de su idoneidad, de sus responsabilidades legales y éticas y sobre todo de la labor profesional que realizan con los niños y adolescentes en el aula escolar, normalmente en condiciones muy adversas.

Es importante recordar el impacto que tienen en la escuela y en la labor de los docentes las enormes diferencias socioeconómicas, regionales y por zonas (rural o urbana); así como la violencia de todo tipo, el desplazamiento que impide el arraigo de la familia (desde 1985 hasta 2018, 7,3 millones de colombianos han sido víctimas de desplazamiento); además, del escaso apoyo social, político y de bienestar que tienen los docentes.

Por falta de espacio, a manera de ejemplo, me refiero solo a una de las propuestas de la Ley: se prohíbe a los docentes que realicen proselitismo político, para la tribuna suena bien, puede llegar a tener amplio apoyo en la opinión pública.

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¿Pero qué ocurre en la realidad? Primero, el país eligió un gobierno de derecha y la evidencia muestra que los jóvenes de Colombia no participan en política porque les falta formación y cultura política -tan solo 4 de 10 jóvenes entre 18 y 28 años votan-, es decir, el proselitismo político de los docentes, que se intenta prohibir, ha sido un fracaso; segundo, no se preocupen, más del 90% de los estudiantes de grado once tienen menos de 17 años, ellos mientras estén en los colegios no podrán votar; tercero, lo que en realidad sucede es que una parte de los adolescentes y jóvenes participan del proselitismo político de familiares, amigos, vecinos, medios de comunicación, empresarios y cientos de empleados públicos o contratistas del Estado, que con sus respectivos intereses buscan adeptos a una causa o a una persona en los períodos electorales; de nuevo no se preocupen, la escuela no se entera que parte de este proselitismo es clientelar y corrupto o que se produce con engaños, este sistema de proselitismo lleva años y no existe una acción política, social y educativa de fondo para cambiarlo.

Luego, propongo hacer todo lo contrario, más proselitismo político y más formación ciudadana y política en las aulas escolares, claro sin improvisar y con acciones planeadas, con sentido crítico, como le corresponde a los buenos colegios y a sus docentes.

Expongo tres ejemplos de cómo los colegios fomentan el proselitismo político (acción para ganar adeptos a una causa o persona) y que algunas instituciones educativas (públicas y privadas) pueden reproducir. Primero, en los años electorales los colegios y sus docentes invitan a los candidatos (o sus representantes) a corporaciones públicas, alcaldías, gobernaciones o para presidente a debatir sus propuestas, en las aulas o auditorios escolares; en este caso será inevitable que los candidatos hagan proselitismo político, pero qué bueno para la reflexión y formación ciudadana de los estudiantes, máxime si los maestros logran que los alumnos (de manera especial grados octavo a once) se preparen antes del debate y luego participen activamente. Segundo, algunos colegios realizan juegos de actores para simular procesos electorales, en este caso los estudiantes preparan un debate y luego ellos representan a candidatos reales y defienden sus propuestas, este ejercicio se facilita durante procesos electorales para alcaldías, gobernaciones o elecciones presidenciales y; tercero, colegios que en períodos electorales, preparan y simulan el proceso electoral con estudiantes que representan candidatos, asisten a debates en las aulas y hasta celebran el día de elecciones, cuando los estudiantes votan y eligen.

El problema para llevar a cabo alguno de los anteriores ejemplos es que siempre son los docentes quienes preparan y apoyan a los estudiantes, en el desarrollo de estas actividades. Ellos, antes o después de los eventos, tendrán que aclarar, explicar y razonar con sus estudiantes sobre los candidatos y sus propuestas, con un riesgo: cualquiera los puede acusar de proselitismo. Los docentes son seres normales con una cultura, con posiciones políticas e ideológicas, también son profesionales que conocen sus responsabilidades al momento de educar. No me alcanzo a imaginar censores o inspectores del gobierno midiendo si hubo o no proselitismo por parte de un docente, en cualquiera de los tres ejemplos anteriores.   

En los países civilizados, los docentes en el desarrollo de su oficio están protegidos porque se acata y se cuida con esmero la autonomía académica y la libertad de cátedra. Igual ocurre con nuestra Constitución Política, el artículo 27 sostiene que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; además el artículo 41 pide a las instituciones de educación, oficiales o privadas, fomentar las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana; y el artículo 44 dice que es derecho fundamental de los niños, entre otros, la libre expresión de su opinión. De hecho, el proyecto de ley en mención viola estos preceptos constitucionales.

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Mientras otras sociedades efectúan campañas para valorizar la profesión docente, acá buscamos amordazarlos, intimidarlos y echarles la opinión pública en contra. Me sostengo: nada más grave que callar al maestro que reflexiona de manera crítica frente a la injusticia y a lo inhumano; a quien por su trabajo se apoya en el conocimiento y en la ciencia, sin importar el poder; a quien enseña sobre la vida y la ciudadanía, a respetar el otro y a convivir en paz.

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