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Opinión

  • | 2020/09/04 08:41

    Financiamiento para 2021

    El presupuesto presentado para el 2021 por $314 billones abre la discusión sobre las mejores fuentes para financiar la Nación.

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Los efectos del coronavirus en la economía van más allá de la brusca contracción del PIB de –15,7% en el segundo trimestre y de la tasa de desempleo, que llegó al 20,2% en julio. Los efectos del coronavirus y la extensa cuarentena adoptada se extienden a un menor recaudo de impuestos por parte del Estado y a un aumento del gasto para atender la emergencia, lo que ha llevado a que el déficit fiscal se eleve hasta el 8% del PIB.  

En este momento, el Estado enfrenta una situación de menores ingresos y la necesidad de efectuar más gasto, lo que sin duda obliga a que busque otras fuentes de financiamiento para evitar comprometer el grado de inversión y la sostenibilidad de la deuda pública que, de conformidad con cálculos del Banco de la República, pasará del 48% al 65% del PIB al finalizar el año.  

En ese orden de ideas ya no hay que preguntarse si el Gobierno tendrá que presentar, o si quiere o no, una reforma tributaria en el primer trimestre de 2021. La pregunta de ahora es cómo se va a presentar y cuáles otros recursos utilizarán para financiarse. 

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El primero y más seguro es otra reforma tributaria (con la cual el Presidente Duque ajustará la tercera); seguramente, en esta ronda, el Gobierno tendrá que aceptar que para aumentar sus ingresos en la meta de 2% del PIB, monto por el que se encuentra desfinanciado el presupuesto del 2021, deberá desmontar varios de los beneficios tributarios otorgados en la Ley de Financiamiento y la Ley de Crecimiento Económico, así como pausar el ritmo de disminución del impuesto a la renta para dejarlo en 32%.  

Lo mismo pasa con las exenciones vinculadas al descuento del 100% del IVA pagado en bienes de capital y del 50% del ICA en el impuesto a la renta; esas medidas aumentaron el gasto tributario en cerca de $10 billones o 1% del PIB. En la coyuntura y por sus efectos en el recaudo, eliminar esas exenciones representa casi la mitad de los $20 billones que se necesitan para el próximo año. 

Una nueva tributaria que trate de elevar los impuestos a los hogares o extender el IVA del 19% a todos los artículos de la canasta familiar, para luego devolverlo a los más pobres, va a ser muy difícil de tramitar en el Congreso, porque es un año de preparación electoral, porque la clase media se ha visto muy golpeada en sus ingresos y, a su vez, es la que con su consumo puede apoyar la recuperación. 

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El camino menos problemático es poner en cintura los más de 229 beneficios tributarios, eliminando varias de las exenciones y reduciendo otras. De esa manera puede recoger los $20 billones que necesita sin acudir a la modificación de las tarifas para empresas o extender nuevos impuestos a los hogares.  

Otra fuente que el Gobierno no debe descartar es solicitar al Banco de la República traer US$4.000 millones de las reservas internacionales, con lo cual el país mantendría $52.000 millones en reservas, cubriendo así un poco más de seis meses de importaciones, obteniendo $15 billones para apuntalar la reactivación.  

Así mismo, pedir financiación indirecta al Banco es viable, siempre y cuando sea para invertir en infraestructura. La independencia del Banco se debe respetar, pero no se puede olvidar que el momento es crítico, que la Constitución lo permite, y la autoridad monetaria no se puede desligar de la coyuntura, argumentando que un crédito al Estado solo se hará en una situación de colapso total. 

La opción de vender activos de la Nación por $12 billones es un error enorme, especialmente si se trata de Ecopetrol o su filial Cenit, puesto que la petrolera ha venido financiando al Estado de forma recurrente en los últimos años, con dividendos que pasan los $67 billones. De hecho, en 2019 le transfirió $11,4 billones en utilidades y este año $6,5 billones más.  

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Si de lo que se trata es en apoyarse en la empresa para financiarse, basta que la Nación busque el dividendo extraordinario por $4,5 billones que la empresa le puede otorgar, usando la reserva ocasional que se constituyó en la asamblea de accionistas de marzo pasado. Ese mismo movimiento lo hizo el Gobierno el año pasado para el dividendo extraordinario que obtuvo en diciembre por $3,2 billones.

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