Estrategias disruptivas contra las finanzas criminales

La información macroeconómica distorsionada por el lavado de activos puede llevar a la toma de decisiones equivocadas sobre variables fundamentales de la economía como, por ejemplo, el ahorro, el consumo o la inversión. La existencia de empresas fachada, actividades económicas ficticias y volúmenes inciertos de exportaciones o importaciones, puede derivar en decisiones sustentadas en señales falsas sobre precios, balanza comercial y producción sectorial.   

Delitos como el contrabando, el narcotráfico, la minería ilícita y la corrupción, por mencionar solo algunos, generan costos fiscales para el Gobierno y costos adicionales para la seguridad en el sector privado. La suma de estos factores debilita las posibilidades de inversión social y la generación de empleo. 

El lavado de activos afecta, además, la competencia legal y la productividad de los sectores y subsectores de la economía. Esto debido a que las empresas fachada que operan con dinero de origen ilícito no buscan una relación sostenible de costo-beneficio, ni mucho menos el crecimiento económico del país; su objetivo es “legalizar” los recursos que han obtenido a partir de actividades criminales. Esto redunda en una competencia desleal en donde las empresas legales, que sí generan empleo y desarrollo, compiten con organizaciones criminales cuyos costos de operación son financiados por el delito mismo. 

Las organizaciones criminales funcionan como empresas que dependen del flujo de capitales para seguir operando, es decir, de la materialización de los delitos. Por esa razón, en la medida en que se diseñen y ejecuten estrategias disruptivas en contra de la viabilidad económica del crimen organizado, será más efectivo el impacto en contra de sus capitales ilícitos y de la resiliencia y sostenibilidad de sus empresas criminales. 

Una de esas estrategias disruptivas fue la puesta en marcha en el año 2019 del Sistema Dinámico y Efectivo (SDE), una metodología ideada por la UIAF e implementada en el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), cuyo objetivo es producir más y mejor inteligencia operativa y estratégica para la investigación criminal y la judicialización. 

El SDE articula y dinamiza a todos los actores del sistema, para garantizar la efectividad en cada etapa de la cadena de prevención, detección, investigación y judicialización. Con el SDE estos eslabones anticipan y responden de forma eficaz a los cambios y tendencias del delito. 

El SDE se configura como una máquina que se modula para fortalecer la prevención o administración de riesgos, mejorar la calidad y uso de la información, y generar conocimiento sobre las estructuras criminales, las economías ilícitas, y sobre los fenómenos de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

Gracias a este engranaje, es posible enfocar e identificar con nitidez las redes del crimen organizado, las personas naturales y jurídicas involucradas y los vínculos entre ellas, pasando de una imagen pixelada a una toma perfecta, sin vacíos de información entre los nodos (personas naturales y jurídicas) y los millones de enlaces que componen las redes criminales.

Los resultados obtenidos por el SDE en el 2019, dan muestra de la efectividad en la lucha contra las finanzas criminales. En el último año la UIAF difundió un número significativo de productos de inteligencia, que involucran casos por un monto cercano a los tres billones de pesos y que relacionan a 723 personas naturales y jurídicas; sin lugar a dudas, un triunfo del sistema ALA/CFT en conjunto y este es solo el comienzo, el SDE apunta a mucho más. 

La clave del éxito detrás del SDE ha sido la articulación de las agencias internacionales y de las entidades nacionales, como la Fiscalía General de la Nación, los supervisores, los gremios, la comunidad de inteligencia y los cerca de 18.000 reportantes inscritos en el Sistema de Reporte en Línea (SIREL), que envían a la UIAF aproximadamente 15.000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) al año. Estos ROS, sumados a la información que aportan los convenios, los ciudadanos a través de los canales de comunicación de la UIAF y otras fuentes, alcanzan -en la actualidad- miles de millones de registros para el análisis financiero. 

Otra estrategia fue la realización en el año 2019 de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiación del terrorismo, un ejercicio que permitió conocer las amenazas, vulnerabilidades y riesgos del país frente a estos delitos, para estructurar una nueva política pública y un plan de acción congruente con las necesidades del país en la materia. A partir de la ENR se cuenta con un diagnóstico concertado con más de 100 entidades para la actualización de la política pública plasmada en el Conpes Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo. 

La coordinación interinstitucional, el conocimiento de los fenómenos, la inclusión de perfiles especializados en las entidades que conforman el sistema ALA/CFT, la implementación constante de nueva tecnología y el compromiso con el país, son la clave para bloquear el impacto que generan las economías ilícitas y el lavado de activos, tanto en los mercados, como en la seguridad nacional y el bienestar de los ciudadanos. 

*Director de la Unidad de información y Análisis Financiero (UIAF)