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Opinión

  • | 2020/03/16 00:01

    Estamos siendo observados

    Justo en este momento, póngase a pensar en cuántos establecimientos, viviendas, medios de transporte, parques, parqueaderos y lugares relacionados ha visitado en la última semana. ¿Tiene en consideración la cantidad de cámaras de vigilancia que guardan su registro? ¿Se siente realmente protegida/o?

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Las personas estamos siendo observadas, constantemente, por cámaras de vigilancia en tiendas, en el transporte público y hasta de los mismos lugares de trabajo para, según se espera, asegurar la seguridad en diversos espacios que compartimos día tras día. Sin embargo, ¿qué tanto puede afectar a la ciudadanía una constante observación a través del uso de este tipo de tecnologías?

En los últimos meses han abundado diversos tipos de noticias en donde se evidencia cómo los hackers hacen de las suyas para infiltrarse en cámaras de vigilancia instauradas hasta en los cuartos de bebés e infantes. Allí llegan a tener contacto directo con los menores, aspecto que cuestiona si el uso de estas herramientas realmente garantiza nuestra seguridad.

En Colombia, el discurso de su importancia viene de la mano de los aumentos de hechos delincuenciales en el país. Poco a poco hemos visto que cada vez incrementan más los espacios públicos y privados vigilados; no obstante, también debe considerarse que la videovigilancia también permite un mayor acceso a datos privados con tendencias como el almacenamiento en la nube y el Edge computing que permiten un mayor procesamiento de datos.

Varias investigaciones alrededor del mundo han demostrado algunas bondades como que las personas se vuelven más caritativas cuando están siendo observadas. Una modelación del comportamiento que demuestra, parcialmente, los resultados positivos de estas tendencias, siempre y cuando se garanticen y se tengan claras las normas de privacidad y de seguridad de la información.

En el país se han presentado varias demandas en contra de la normatividad para la videovigilancia, ya que implican o propician el monitoreo indiscriminado y le da poder al Estado para recolectar demasiada información personal, sin brindar garantías constitucionales suficientes. La más reciente fue liderada por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) en enero de este año.

Así, la organización demandó varios artículos de la Ley 1806 de 2016 (el Código de Policía) ya que, por ejemplo, la obligatoriedad de las cámaras de seguridad en todos los servicios de transporte público masivo vulnera la protección al derecho de intimidad en espacios semipúblicos y, por otro lado, la ley considera como públicos y de libre acceso datos como el registro de la cara y el recorrido de una persona en un lugar.

Así, sin considerar temas de protección de datos, no nos están garantizando protección sino una mayor exposición a amenazas criminales. De hecho, en muchas ocasiones las personas ni siquiera saben que están siendo grabadas. Es por ello por lo que, tras la regulación de la ley de videovigilancia, vemos cada vez más carteles con la frase “por su seguridad, está siendo grabado”.

Según cifras de la alcaldía pasada, en Bogotá invirtieron aproximadamente $162.600 millones en cámaras, para 2018, con el fin de monitorear las 19 localidades de la ciudad. Durante el primer semestre del mismo año, las cifras indicaban que cada hora, 11 personas son robadas en Bogotá. Y para el primer semestre de 2019 la cifra subió a 21. ¿Para qué sirve tanta inversión, entonces, en cámaras de vigilancia si los índices de delincuencia no disminuyen?

Ahora, a inicios de este año la Corte Constitucional dejó ajustes al sistema de foto multas como estaba a inicios del año, hecho que ha generado variedad de polémicas porque no se sabe cuántas de las 472 cámaras de detección electrónica cuentan con reconocimiento facial, para identificar y multar al que maneja y no al propietario del vehículo. Si bien se ha dado a conocer como una alternativa para salvar vidas a través de la regulación de la velocidad y la mejora de la movilidad, las implicaciones que tiene el uso de esta tecnología son inquietantes.

Una cosa es dar la pelea a la delincuencia; otra es llegar a identificar personas como si fueran objetivos. Las violaciones éticas y legales son claras: están sacrificando la privacidad y la intimidad de las personas a cambio de aumentar la seguridad cuando, de hecho, hay cifras como el aumento de hurtos que no dan justificación a su predicado uso.

En realidad, el tema de la privacidad, los datos personales y la seguridad de la información son aspectos importantes que se debaten en el marco de las nuevas regulaciones gubernamentales. China fue pionera de la modalidad, pero países como Estados Unidos no entran en consenso: mientras este sistema de detección de usa en muchos de sus aeropuertos, en ciudades como San Francisco se prohibió la técnica del reconocimiento facial para identificar personas, por más que sean criminales.

Alemania lo prohíbe para la policía, Francia en las instituciones educativas y España ya tiene una legislación sobre protección de datos, a pesar de que no exista una legislación específica sobre el reconocimiento facial. En definitiva, el tema de la protección de datos personales y la privacidad es parte de la transformación digital, pero no pasa desapercibido en el marco legal internacional.

Estamos siendo observados. Cada día de nuestras vidas, por no decir que casi en todo momento. Pero lo preocupante es que parece pasarse por alto la importancia que debería tener la privacidad y la seguridad de que la información recolectada por los dispositivos no sea divulgada, archivada y mucho menos hackeada por mentes criminales. En la videovigilancia, la seguridad informática debería ser algo primordial. 

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