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Opinión

  • | 2019/04/09 00:01

    ¿Está destruyendo la propiedad privada y el empleo rural en Colombia este Instituto?

    ¿Por qué el IGAC no es capaz de responder las preguntas formuladas? ¿Será que es por no haber hecho visitas en 2018 o por haber hecho algunas sin respetar los turnos?

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Hay una entidad que pareciera estar promoviendo indirecta y quizá involuntariamente una silenciosa amenaza a la propiedad privada y el empleo rural, sin contar todo un acervo de prácticas perversas que de ahí se derivarían. Esta entidad es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quizá una de las más nefastas instituciones públicas de Colombia por las consecuencias de sus incapacidades institucionales. Así tenga algunas personas valiosas, juiciosas y dedicadas, verán, con un caso que les relataré, el impacto profundo y nefasto que le puede generar al país.

En esta historia real verán que detrás de toda la fachada de mapas, presentaciones, conferencias y discursos, se esconde un perfecto ejemplo de la falla del Estado colombiano y del irrespeto contra sus ciudadanos. Si los trámites de actualización catastral no se hacen o no se hacen bien, es difícil o mejor, imposible, permitir que se vendan tierras, por ende hacer cultivos, contratar personal, y mover la economía rural.

Imaginen por un segundo, que una entidad estatal le pide a un ciudadano de más de 80 años, campesino, que consiga una escritura del año 1940 para seguir con un trámite. Esta es la punta del iceberg que he tenido que presenciar, pero entremos en contexto. ¿Qué hace el IGAC? Según su propia descripción, es la ‘entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble’, entre otras. Pero como dice Jorge Orlando Melo, “El Catastro no ha logrado hacer en 187 años un inventario de las tierras baldías o un registro de las tierras privadas”, agobiando, en palabras de Mauricio Villegas, ‘a la población con normas inútiles’.

Imaginen que hace 3 años, compraron dos pequeños lotes pegados en la ruralidad de Cundinamarca. Dada la antigüedad de las escrituras, el área no aparece claramente en el certificado de libertad. Entonces, diría uno, el IGAC actualiza los linderos, cabida y área, y ya está. Pero no, la burocracia en Colombia es todopoderosa. Al rechazarse la escritura en la oficina de registro, proceso que duró 1 año y medio por un tema de apelación, se debe recurrir al poderoso IGAC.

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En la Dirección Territorial de Cundinamarca, una oficina parecida a los ministerios que describe Orwell en 1984, es decir extraña, con un tono kafkiano y deprimente, ni siquiera tienen una prístina máquina para asignar turnos. Alguna vez, allí sentado perdiendo el tiempo dado que no me dieron respuesta a un trámite, recuerdo ver llorar a una pareja de campesinos que habían venido madrugados en flota a hacer un trámite, y que terminaron gritando que no iban a poder hacer su casa por culpa del IGAC. ¿Le interesó eso a los funcionarios? No.

Imaginen entonces que radican la solicitud de actualización de área en el IGAC. Ojo, sin la resolución de actualización, básicamente así compren una tierra, no la pueden registrar a su nombre; por ende, no pueden poner ni un punto de agua ni construir, ni un sueño. Ahora imaginen que sembraron árboles para un cultivo que puede dar trabajo a 4 personas de una vereda, pero que este cultivo sin agua, como es obvio, no puede sobrevivir y por ende, no se pueden contratar personas. La sequía no ayuda, pero unos vecinos prestan una manguera, hasta que meses, años, después, desisten, parte del cultivo se seca y la oportunidad de emplear gente se esfuma. Pero en radio y en televisión, por todo lado se dice que el campo es la prioridad.

Y sigue la pesadilla: el IGAC, meses después de recibir la solicitud, amablemente les pide que para seguir con el trámite se deben radicar escrituras de 1940, 1984, 1985, entre otros, y una sentencia judicial cuyo número ni siquiera tienen. Lo más abyecto de esto, es que la señora que vende el lote, es decir quien debe conseguir estos documentos por su cuenta, tiene más de 80 años y vive en el campo. ¿Le interesa eso a la Dirección Territorial de Cundinamarca? No. Entonces, ustedes como compradores van, llaman, ruegan, y lo único que le dicen es “no hay presupuesto, es decir que no hay visitas para actualizar las áreas”, “eso se le va a demorar”.

Ahora imaginen que deciden enviar un derecho de petición para preguntar qué tantas visitas hacen a los predios, aunque estando en el siglo 21 pareciera que los sistemas no les sirven para nada, porque tienen que ir a hacer visitas físicas a 116 municipios en dicha dirección territorial y al ciudadano le toca entregar todas las veces que ellos digan, unos planos. La respuesta a la petición no puede ser más superficial, mediocre y política, aparte de llegar tiempo después del plazo de los derechos de petición. Peor aún, el IGAC puso la fecha de la carta 23 días antes de mandarla, como para que los plazos se vean bien: afortunadamente la empresa de correos en su sistema no miente.

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¿Por qué el IGAC no es capaz de responder las preguntas formuladas? ¿Será que es por no haber hecho visitas en 2018 o por haber hecho algunas sin respetar los turnos? Y ahora, ustedes se enteran, en una tardía respuesta a otra petición, que, a pesar de haber radicado la solicitud de los dos lotes en una misma carta, la inspección de cada lote contiguo está a más de 2000 turnos de diferencia el uno del otro. Es como si voy al médico en una misma ocasión para que me revise los ojos, pero me dice que hoy me revisa el ojo izquierdo y el derecho 2000 pacientes después, porque quiere guardar el orden cronológico. Esa es la burocracia colombiana.

Con toda probabilidad habrá algunos funcionarios buenos allí que quieren hacer su trabajo; Recuerdo esos grandes mapas que admiraba, hechos por el IGAC otrora. Y es que estos hitos cartográficos son fundamentales en nuestra educación temprana para conocer a Colombia desde esfuerzos históricos, pero ellos conviven con la burocracia indiferente que no le hace honor a Agostino Codazzi Bartolotti. Probablemente este tipo de situaciones ni llegan al despacho de la directora; probablemente en la oficina de control interno del IGAC esto tampoco es importante, pero el problema estructural que genera esta barbaridad es exactamente lo que Hernando De Soto advierte en su magna obra, El Misterio del Capital. Latinoamérica no es pobre por falta de capital o ideas, no: su pobreza está en la falta de claridad sobre los títulos de propiedad y en la incapacidad estatal de darle vida a tanto capital muerto e inútil que vegeta en los archivos de la perversa burocracia que nos ahoga. Cuando releo a De Soto, pareciera que él acabase de hacer una etnografía organizacional en el IGAC, pero la falla del sistema va más allá, porque de ahí se derivarían prácticas perversas.

Cuando se hace un recuento de escándalos en el IGAC, sobresalen hechos de corrupción (en Ibagué por ejemplo), casos de ineficiencia extrema (Bolívar, Cundinamarca), pero sobre todo, impera la hipocresía estatal: qué ironía que desgasten el valor de algunas personas técnicas que merecen estar en una entidad con altura y que no tienen la culpa de lo que sucede.

Para que no haya dudas, si no se hacen los trámites de actualizaciones a tiempo, el catastro se vuelve una piedra en el zapato para la inversión extranjera y nacional, las demoras terminan generando incentivos perversos en donde los que ganarían son los tramitadores y las oscuras redes que oprimen a los ciudadanos. Así, se frena el empleo rural con poca claridad en la titulación. Como lo he resaltado en otros espacios, los humanos operan con (des)incentivos. La ineficiencia del IGAC es un espantoso desincentivo a la inversión en el campo, porque los problemas de las tierras ‘se demoran’. ¿Por qué tenemos que aceptar eso?

Me pregunto, ¿qué piensa la Procuraduría de todo esto? Antes de publicar esta columna, personas conocedoras del tema me dijeron que publicarla sólo traería venganzas personales contra mí, que pueden materializarse en frenar cualquier trámite que haga o pasar a una dimensión más peligrosa. Entonces, la publico y le pregunto al Director Territorial de Cundinamarca y a su equipo, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Les parece normal que un trámite demore 1,5 años en su oficina? ¿No creen que los ciudadanos tienen más cosas que hacer, entre ellas, trabajar, en vez de desgastarse en su burocracia?

De ahora en adelante, al final de cada columna, les informaré, apreciados lectores, si el IGAC ha hecho algo en el trámite mencionado. Estoy seguro que habrá indignación que se esconderá bajo la égida de lo ‘técnica y tradicional’ que es esa institución. Pero, los ciudadanos también estamos indignados con el Estado colombiano.

Si tiene casos de ineficiencia en el IGAC, por favor cuénteme por twitter @erickbehar

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