Ahora que ha sido acordado el fin del conflicto y solo falta la refrendación ciudadana de los acuerdos, lo cierto es que el Gobierno usando “creatividad inteligente” tendrá que asegurarse de tener los $90 billones que según sus cálculos necesitara durante los próximo diez años para el posconflicto, sobre todo en la etapa de arranque que es determinante para afirmar la confianza de la sociedad en que valieron la pena las negociaciones, y que es un proceso prolongado de transformación que repercutirá positivamente en el país.

Si se acepta que el posconflicto es una etapa prolongada se puede ver que existen diferentes fuentes para financiarlo y sobretodo que los recursos se van a usar de forma diferida, es decir que los $90 o más billones que va costar no tienen que ser desembolsados todos en una misma vigencia fiscal, que tampoco son netamente gasto del gobierno sino que en buena medida son inversiones que mejorarán la competitividad y productividad de las regiones afectadas por la guerra entonces su incorporación en el aparato productivo impactará positivamente el PIB, contribuirá a disminuir el desempleo, y las inversiones del Estado favorecerán la demanda agregada.

Una fuente de financiamiento está en el mismo presupuesto de seguridad y defensa, se sabe que las Fuerzas Armadas tendrán que ocupar los territorios abandonados por la insurgencia, pero una cosa es que lo hagan haciendo únicamente labores de vigilancia y otra es que con sus divisiones de ingeniería, transporte y logística ocupen los territorios ejecutando obras de infraestructura civil como colegios, hospitales, puentes etc. Entonces una parte de los $29,5 billones del presupuesto de defensa deben ser reconfigurada para la ejecución de obras a cargo de la Fuerzas Armadas así se cumple el doble propósito de invertir y ocupar los territorios con la presencia de las fuerzas del estado.

Desde el Gobierno la financiación está incrementando el endeudamiento para invertir, pero eso pasa por aumentar el déficit entonces el ejecutivo tendrá que evaluar la conveniencia de permanecer pegado a la regla fiscal que en esta coyuntura es una camisa de fuerza porque fue diseñada para ahorrar en un ciclo expansivo y mitigar el impacto de la apreciación del peso, ahora hay desaceleración y el peso se deprecio. Colombia tiene una relación deuda/PIB del 43% entonces puede aprovechar la liquidez mundial y las tasas de interés internacionales que continúan negativas o cercanas a cero para hacer nuevas emisiones, eso sí, nueva deuda debe ser emitida en pesos para evitar que un cambio en las tasas internacionales afecte la balanza de pagos.

El fondo de reservas de regalías de las regiones tiene más de $6 billones de pesos que deben ser empleados en obras relacionadas a la dotación de bienes públicos, distritos de riego, acueductos, hospitales y colegios pueden ser financiados con esos recursos, así las propias regiones contribuyen con el financiamiento de la paz.

Desde el sector privado las APP son importantes para canalizar inversiones hacia infraestructura de transporte, de saneamiento básico, vías terciarias, interconexión eléctrica, e infraestructura institucional. Sin embargo, es importante un rol más activo de la FDN como estructurador de financiamiento y ofreciendo garantías de pago para lograr movilizar recursos desde los fondos de pensiones, aseguradoras, y fondos de inversión colectiva, entre todas esas fuentes pueden movilizar un monto importante puesto que actualmente administran cerca de $190 billones.

Hay que darse cuenta que el dinero invertido en guerra es plata quemada, mientras que las inversiones que exige la etapa de paz tienen retorno económico y social que permitirán su recuperación, por supuesto el retorno económico de la paz no se puede exagerar y creer que será del 4% anual o más, o que su sola firma traerá crecimiento económico exponencial. Pero tampoco se puede menospreciar y considerar que contribuirá marginalmente al PIB en menos de 0,5% esos cálculos no tienen en cuenta que la terminación del conflicto es un cambio estructural que, aunque es difícil medir en magnitud, si es predecible su dirección, y en este caso es positiva para el crecimiento económico.