En educación, los derechos de los niños no son prevalentes

Empieza el mes de mayo, pasaron tres meses desde el inicio del año lectivo y no hay plata para atender los requerimientos mínimos de los colegios oficiales. Además, existen entidades territoriales que por negligencia o falta de recursos, aún no han contratado la alimentación de los niños y de los adolescentes; tampoco el transporte escolar o la conectividad a la red Internet de los colegios oficiales.

Sin olvidar, casos más aberrantes, adultos que se ponen de acuerdo para cerrar los colegios, unos por desgreño administrativo y otros porque protestan, los derechos de los niños no importan, no son prevalentes. Las normas internacionales que acogen los derechos de los niños, entre ellos a la educación; la Constitución y la ley 1098 de 2006 son virtuosos enunciados de lo que debería ser. En realidad, los adultos y los funcionarios de los gobiernos hacemos pocos esfuerzos, para cumplir o avanzar en mejorar la calidad de estos derechos.

A quién importa que más de 8 millones de estudiantes que asisten a los colegios oficiales, en su mayoría, encuentran en ellos carencias básicas que afectan sus condiciones de aprendizaje y su dignidad como seres humanos, sin olvidar a la población en edad escolar que no asiste a la educación inicial, básica y media.

Nunca será fácil para los directivos y los docentes de las instituciones educativas oficiales llegar a trabajar a sedes donde siempre falta algo, y no hay forma de solucionarlo porque los rectores no cuentan con los recursos y las herramientas administrativas para resolver problemas básicos. Imaginemos un colegio que no tiene recursos financieros para reparar 2 o 3 baterias de los baños, donde asisten a diario más de mil estudiantes o para comprar o reparar un equipo de aire acondicionado, en un lugar donde la temperatura pasa de 30 grados, si es que existen los aires acondicionados.

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Los colegios oficiales para gestionar la solución a sus problemas más elementales dependen de las decisiones de alcaldes y gobernadores o de secretarios de educación, que no conocen y no valoran cuánta dificultad causa, por ejemplo, que falte uno o más docentes en un colegio durante una semana o más; los rectores ya se acostumbraron a que remplazar un docente incapacitado puede llevar meses. ¿Cuántos niños no tendrán clase hoy por falta de un maestro?

En Colombia la financiación del sistema educativo oficial se realiza con recursos nacionales (más del 80%), que se transfieren a las entidades territoriales para pagar las plantas de docentes, personal administrativo y de apoyo de los colegios oficiales. Solo cuando sobran recursos para el pago de personal se puede invertir en construcciones escolares, dotaciones y en proyectos para mejorar la calidad. Anoto, que los distritos, los municipios más ricos y algunos departamentos ayudan a financiar con recursos propios estos últimos ítems.

Los únicos recursos que van de manera directa a los colegios oficiales son los que se denominan de gratuidad, cifra exigua que no alcanza a representar el 25% de un punto ($540.000 millones) del total de los recursos del Sistema General de Participaciones para educación ($21,7 billones).

El Gobierno de Santos estableció la gratuidad en la educación oficial que consistió en remplazar con recursos públicos lo que en promedio pagaban los padres de familia. Por este concepto, en el año 2018 el MEN girará de manera directa a los colegios ubicados en áreas urbanas, en promedio cerca de $73.000 por estudiante año y $88.000 por estudiante de colegios ubicados en áreas rurales.

Lo anterior, significa que un colegio con mil estudiantes recibe en promedio $73 millones al año. Con estos recursos los rectores deben pagar: el mantenimiento básico de la infraestructura de los colegios y de los equipos; la sistematización de los boletines para estudiantes; el material didáctico para uso de maestros y alumnos; los gastos de grado de los estudiantes de once; la agenda y el carné de los estudiantes; los programas para computadores; papelería y demás implementos de oficina; marcadores; elementos de laboratorios y de otras aulas especiales, entre otros.   

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A la fecha no han girado los recursos de gratuidad. Los rectores en estas condiciones se dedican a lograr con dificultad que los docentes trabajen, que lo niños no usen las áreas dañadas o los equipos que no sirven. Además, ellos desvirtúan sus funciones, su gran reto consiste en conseguir recursos extras con las secretarías de educación, fundaciones y hasta con los padres de familia a pesar de que las normas lo prohíben. Son rectores que en cambio de estar dedicados a fortalecer el liderazgo pedagógico y a gestionar temas de convivencia, clima escolar y procesos educativos para avanzar, están dedicados a pedir. En Colombia algunos rectores son considerados muy buenos por su capacidad de solicitar y de conseguir plata extra para los colegios, antes que, por los resultados educativos de los estudiantes, a este tipo de gestión los obligan gobiernos y sociedad, ¿quién los apoya?

El país no ha logrado asegurar los recursos para el normal funcionamiento de los colegios oficiales, la mayoría de ellos no cumplen las mínimas condiciones de seguridad y parámetros para el ejercicio educativo. Existen cientos de niños de preescolar a los cuales les cuelgan los piecitos porque no tienen una banca adecuada o maestros que no pueden trabajar en grupo por hacinamiento o porque no tienen el mobiliario que facilite este propósito. El maestro se quejará al rector, aunque sabe que no resolverá nada, el rector se quejará al secretario de educación y esta necesidad concluirá en el MEN. El presidente de FENDIDOC anunció que este año el MEN, de manera arbitraria, recortó en un 18% los recursos de gratuidad, el ajuste fiscal se hace con los niños.