El suplicio de las incapacidades laborales

El gobierno nacional ha venido mostrando una gran preocupación sobre diversos problemas en materia laboral, en donde destaca el aumento desenfrenado en la tasa de desempleo que, para julio de este año, llegó al 10,7 %, un punto porcentual más alto frente al mismo periodo en 2018. No obstante, ya son varias las empresas y aseguradoras que también se vienen quejando de un tema que subestima costos y empobrece la calidad de los servicios de salud nacionales.

En Colombia, las incapacidades laborales tienen como propósito cubrir la ausencia de un trabajador, por un determinado tiempo, debido a enfermedades o accidentes presentados que imposibilitan el cumplimiento normal de las funciones asociadas a su cargo. 

A groso modo, se sabe que cuando se trata de una incapacidad originada por enfermedad general, los dos primeros días son cubiertos por la empresa y desde el tercer día, el cobro se realiza a la EPS. Pero cuando se trata de incapacidades por accidente de trabajo o enfermedad laboral, es la ARL quien reconoce este tipo de incapacidades a partir del día siguiente en el que el evento sucede.

Por ley, las empresas y las EPS están obligadas a pagar el 66,67 % del salario diario del trabajador (siempre y cuando el resultado no sea inferior al equivalente del salario mínimo), aunque en ciertas empresas pueden llegar a pagar el 75 % o hasta el 100 %, dependiendo de las políticas que tenga en el manejo de las incapacidades laborales. 

Y si bien existe un tratamiento diferente en cubrimiento cuando las incapacidades superan los 90 o los 180 días, las incapacidades inferiores a los tres días son las que usan muchos empleados, frecuente y abusivamente, por lo que se convierte en un problema realmente costoso. Porque, aunque sí hay empleados que se enferman por exceso de trabajo o enfermedades/accidentes repentinos que limitan su capacidad laboral y su recuperación demanda un par de días, también existen fraudes cometidos en este tipo de incapacidades.

Así, existen variados casos en que los empleados llegan a incapacitarse más de cuatro veces en un solo mes, yendo a su EPS a decir que presentan malestares estomacales, molestias musculares o fingen disfonía para pretender la pérdida de la voz. Cuando la realidad es que están buscando una incapacidad para cubrir eventos que no son enfermedad, como resacas, días para alargar un puente festivo o el viaje de un fin de semana, disfrutar campeonatos deportivos, culturales y series televisivas en temporadas finales.

Ejemplo de esto último fue la estimación, según una encuesta de Kronos y el Instituto Workforce, de un promedio de 27 millones de personas incapacitadas en días cercanos al estreno del último capítulo de la exitosa temporada de HBO, Game of Thrones. Y la misma tendencia aplica, curiosamente, para finales de las ligas nacionales deportivas o de campeonatos mundiales de fútbol.

Si bien los costos en el sector salud están por las nubes por los altos precios de los medicamentos, y de la tecnología necesaria para realizar ciertos tipos de procedimiento, sumarle lo que se tiene que pagar por concepto de incapacidades es un descaro, tanto por una demanda irresponsable, como por una oferta poco ética y susceptible al fraude.

Según Fasecolda, entre 2009 y 2017 se dieron aproximadamente 2.650.000 incapacidades, en donde el 61% de estas fueron menores a 10 días. Asimismo, para noviembre de 2018, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) pagó $720.000 millones a las EPS por concepto de incapacidades en lo corrido de ese año. Por ende, los costos vienen siendo sustanciales.

Y el fraude termina por consolidarse, cuando las mismas cifras en el sistema demuestran que los más jóvenes son los que más solicitan incapacidades. Puntualmente, el 35 % de estas son para personas entre 20 y 29 años, mientras que el 20 % son personas entre 40 y 49 años. Aparte, las mayores incidencias suelen ser los lunes y los viernes y los meses julio y diciembre.

En una reciente investigación liderada por Manpower Group en Colombia, más del 80 % de las empresas objeto de estudio afirmaron tener casos de despido por justa causa, en los últimos tres años, gracias a contundente evidencia sobre el uso de documentación falsa, la exageración de los síntomas o algún tipo de manipulación para obtener una incapacidad; sin embargo, se sentían de manos atadas por la llamada estabilidad ocupacional reforzada en salud que acobijaba dichos casos.

Infortunadamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que las incapacidades que se dan de manera irregular se relacionan mucho con el hecho de que el sector salud malgasta entre el 20% y el 40% de los recursos. Incluso, se sabe que en Colombia el fenómeno se ha fortalecido con la venta ilegal de incapacidades médicas por sumas que varían entre $100.000 y $300.000.

Sobre nosotros, como demandantes de los servicios de salud, recae una responsabilidad muy grande y no la tomamos con seriedad. El fraude para obtener incapacidades médicas sin un motivo razonable sólo contribuye al deterioro de la salud en Colombia y, aunque evitarlo no es la solución a todos sus males, una demanda responsable contribuiría a un menor despilfarro del presupuesto y, por ende, a una mayor cobertura de pacientes atendidos que sí requieren de tratamientos, medicamentos e incapacidades para superar sus problemas de salud.