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Opinión

  • | 2020/10/22 00:02

    El manoseado derecho a la protesta

    Quedó en evidencia una vez más el hueco en nuestro ordenamiento jurídico, al permitirse que el ejercicio del derecho de una minoría ponga en riesgo la vida y la actividad de la mayoría.

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El ejercicio de los derechos fundamentales, como el derecho a la protesta, requiere de sentido común, que -con todo respeto– no tienen los integrantes de la minga que llegaron a Bogotá esta semana violando descaradamente los protocolos de bioseguridad y atentando, de paso, contra la reactivación económica que tanto necesitamos todos, incluidos ellos mismos.

Quedó en evidencia una vez más el hueco en nuestro ordenamiento jurídico, al permitirse que el ejercicio del derecho de una minoría ponga en riesgo la vida y la actividad de la mayoría. Hueco jurídico, hábilmente aprovechado por los políticos oportunistas e incendiarios que están creando músculo electoral de esta forma.

Políticos que se han opuesto a las aglomeraciones que generan empleo como la apertura de centros comerciales, aeropuertos, plantas de manufactura y centros de eventos, entre otros, pero que movilizan recursos e interceden por las aglomeraciones de grupos que quieren protestar, poniendo en riesgo la salud pública.

Es evidente la estrategia política detrás de las protestas para desprestigiar y deslegitimar al Gobierno. Hoy de la izquierda contra la derecha, pero que mañana podría ser de la derecha contra la izquierda. Más que hacerle daño a un Gobierno, el uso politizado de las protestas afecta el equilibrio de nuestro Estado social de derecho. Es inaceptable el montaje que estamos viendo: protesta de la minga incluyendo juicio público al Presidente, más paro nacional al siguiente día de terminada la protesta de la minga. ¿Coincidencia?

Las posiciones verticales de los principales gremios empresariales, en contra de las protestas, son un importante incentivo para que todos los sectores sociales pierdan el miedo a criticar el inoportuno e inconveniente ejercicio del derecho a protestar cuando están en juego la vida y la recuperación económica.

El Consejo Gremial Nacional y la Andi aciertan al alertar que el país no puede perder un minuto más de productividad y al exigirles coherencia a las autoridades locales que fueron tímidas para reactivar la economía, pero hoy posan de demócratas al permitir aglomeraciones sublevantes. Con un decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 8 % en lo que va del año y una tasa de desempleo de 17 %, ¿a cuál líder o grupo político sensato y responsable se le ocurre apoyar aglomeraciones que ralentizan aún más nuestra economía?

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Estamos en mora de revisar el ordenamiento jurídico que tenemos en torno a las protestas sociales. Por un lado, necesitamos diseñar mecanismos de control para funcionarios públicos que apoyen las protestas para fines políticos y, por otro, urgen las sanciones para los ciudadanos que afecten a otros por ejercer su derecho a la protesta.

No debe ser una reforma policiva sino legislativa, para arropar toda nuestra institucionalidad pública con nuevos mandatos del más alto nivel jurídico. En este sentido, requerimos de una nueva ley que reglamente el artículo 37 constitucional, que establece que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

Entonces, ¿por qué no exigirles a nuestros legisladores un proyecto de ley que limite las protestas en situaciones como la pandemia y similares? Adicionalmente, las Altas Cortes también deberían comprometerse con fallos que no solamente protejan los derechos de los que protestan, sino de quienes deciden no hacerlo y se ven afectados por las manifestaciones. !Necesitamos jurisprudencia que también proteja a las mayorías!

Sin embargo, el contexto que tenemos no favorece esta posibilidad. El Gobierno Nacional está cada día más debilitado políticamente para liderar batallas constitucionales en el Congreso y ante la opinión pública, los excesos recientes de la Policía les restan legitimidad a proyectos legislativos que busquen control social y limitar los derechos de los más vulnerables en plena pandemia -aunque esté muy justificado- es también controversial.

Acertó en este escenario Duque al no prestarse para la acorralada de la minga. El control político no se debe ejercer con protestas en tiempos de pandemia. Primero la vida y la economía (¡al tiempo!). El mensaje debe mantenerse a futuro porque habrá muchas más protestas.

Que indígenas y todas las minorías exijan la protección y el cumplimiento de sus derechos, pero acudiendo -al menos durante esta crisis sanitaria y económica- a mecanismos que no afecten el desarrollo de la sociedad, a través de la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República e incluso de sus flamantes líderes políticos con curules en el Capitolio Nacional y en el Palacio de Liévano, que bastante micrófono diario tienen.

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