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Opinión

  • | 2020/09/12 12:10

    El lavado de activos no puede ser la excusa

    La pandemia aceleró cambios hacia la digitalización de procesos y forma de hacer negocios que impactaron todos los sectores de la economía, pero también mostró que quienes están en la informalidad resultaron mayormente afectados.

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La reciente normatividad expedida por la Superintendencia Financiera en materia de prevención de lavado de activos trae cambios en distintos frentes, pero hoy quiero destacar la inclusión de normas que permiten profundizar la inclusión financiera a través de la utilización de canales tecnológicos.

La necesidad de innovación que venía manejándose desde el sector financiero y algunas grandes empresas se expandió por fuerza de la situación a todas las demás áreas de la economía.

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Pero la innovación y digitalización de procesos debe ir más allá de una forma de hacer negocios limitada a gente acostumbrada a la tecnología y que vive en las ciudades. La crisis actual ha obligado a efectuar este cambio a la población en general independientemente de su nivel de educación, ubicación geográfica o profesión.

El cambio de paradigma de abrir un producto financiero yendo a una oficina física a poder realizarlo de manera digital genera una importante oportunidad para aquellas zonas donde históricamente el sector financiero no ha querido o no ha podido ir. 

Sin embargo, el miedo a un posible riesgo de lavado de activos no puede ser la excusa para demorar estos cambios y perder la oportunidad para bancarizar población que nunca ha tenido contacto con el sector financiero. 

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Al fin y al cabo, como lo ha mostrado la experiencia en el pasado, las grandes operaciones de lavado de activos operan de otra manera y los grandes beneficiados no son necesariamente personas que estén por fuera del sector financiero.

Un país donde las economías criminales llenan el espacio que el Estado no ha podido copar y donde la violencia ha venido aumentando, bancarizar y formalizar también debería ser una prioridad estatal. Tan importante es una carretera para que los campesinos puedan sacar sus productos, como lo es también que puedan recibir prontamente el pago a través de una cuenta bancaria.

Por ejemplo, en el caso de la minería ilegal cuya cadena de producción se inicia con los mineros de subsistencia o barequeros, se trató en el pasado de formalizar su actividad obligándolos a inscribirse en las alcaldías donde iban a desarrollar su actividad, sacar el RUT y limitando las cantidades de oro que podían vender. Pero nada nunca se dijo en relación a cómo debía circular el dinero pues la informalidad y el efectivo es la regla general en esa fase del negocio. 

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Si bien esos cambios redujeron el número de personas registradas para hacer tal actividad, hecha la ley, hecha la trampa. En algunos municipios hubo un inusual número de mineros inscritos que terminaron siendo mayores en número de población económicamente activa. Investigaciones de la Fiscalía en el pasado revelaron que varios de esos mineros no existían.

Mucho de esto podría cambiar si a los mineros, que si existen, se les formaliza abriendo cuentas bancarias con límites en los montos que se puedan pagar. Si bien el sector financiero ha considerado esta actividad como riesgosa, podrían establecerse limitaciones a los montos de las cuentas y las transacciones. Los riesgos se podrían manejar de mejor manera con un sector formalizado y que brinde información, a uno que privilegie el uso del efectivo.

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La minería ilegal no se acaba del todo prohibiendo la minería, así como las personas que trabajan en ella en la base de la pirámide no dejarán de hacerlo del todo por el solo hecho que las autoridades persigan la actividad. Es necesario brindar alternativas, y la inclusión financiera es uno de esos pasos para abrir otras puertas hacia la formalidad. Pero este es tan solo un ejemplo.

Si bien la pandemia ha dejado un gran saldo de empresas formales con dificultades, el riesgo que se profundicen las diferencias entre el sector formal y el informal es mucho mayor. Esta debería ser la oportunidad para cerrar la brecha, formalizando y bancarizando a personas que no han tenido contacto con el sector financiero, sin que el riesgo del lavado de activos sea la excusa para no hacerlo. De hecho, formalizar y bancarizar es una forma de prevenirlo.

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