El Acuerdo de Escazú: motor de la reactivación económica

Una economía descarbonizada es una de las grandes lecciones de esta pandemia. La crisis climática puede ser un enemigo para la humanidad peor que la covid-19, razón por la que el cuidado de nuestra madre Tierra se hace cada vez más fundamental.

El Acuerdo de Escazú busca la protección del ambiente, la participación y la justicia ambiental. Este es el primero en su ramo que de manera explicita busca la protección de defensores de derechos humanos y lideres ambientalistas, últimamente tan amenazados por las bandas criminales y demás mafias asociadas con el narcotráfico.

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Es propio de un Estado garante firmar este tipo de instrumentos internacionales, pues da seguridad a estos líderes. En su momento estos hicieron un llamado de urgencia que fue atendido por el Gobierno nacional que por esa, entre otras muchas razones, firmó el tratado.

En absoluto atenta contra la reactivación económica, como algunos columnistas afirman. El capital natural de Colombia y en general de toda América Latina le dará una ventaja competitiva a futuro, con relación a otros países del mundo, haciendo mejor el porvenir de las actuales y futuras generaciones.

La adhesión a este tipo de instrumentos de cooperación muestra el compromiso del país en materia de justicia ambiental. Esto adicionalmente nos abre las puertas a inversiones importantes por parte de otros países y empresas privadas para el desarrollo de proyectos verdes. Varios gobiernos del mundo tienen interés particular en la preservación de la Amazonía y la Orinoquía, así como en la preservación de áreas naturales, como nuestros parques, hoy día menguados por la minería ilegal y el narcotráfico.

El Acuerdo de Escazú tiene como principios rectores el principio preventivo, el precautorio y el de equidad intergeneracional, vital para las generaciones futuras que tienen los mismos derechos que nosotros de habitar en un mundo que les otorgue un porvenir medianamente saludable en materia ambiental y climática. Otros de los principios que alberga Escazú son la igualdad y la no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas, la máxima publicidad y la no regresión, la igualdad soberana de los Estados y la soberanía permanente de los Estados sobre los recursos naturales.

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El principio pro homine (o principio pro persona) ha sido de antaño reconocido por nuestro ordenamiento jurídico siendo un mandato expreso en varias sentencias de la Corte Constitucional. En una de ellas, la C438 de 2013, se reconoce que “El Estado colombiano, a través de los jueces y demás asociados, por estar fundado en el respeto de la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución) y tener como fines garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes (artículo 2º), tiene la obligación de preferir, cuando existan dos interpretaciones posibles de una disposición, la que más favorezca la dignidad humana. Esta obligación se ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia “principio de interpretación pro homine” o “pro persona”.

No se entiende entonces cómo a pesar de encontrarse en nuestra jurisprudencia la mayoría de los principios rectores del tratado, algunos líderes de opinión consideran que este fomenta la inseguridad jurídica o hace imposible cualquier proyecto de desarrollo en el país, cuando realmente nos deja muy bien parados ante la comunidad internacional y ante los inversionistas extranjeros, pues muestra a Colombia como un país comprometido con sus recursos naturales y con el respeto de los derechos humanos, todos esenciales para el adecuado funcionamiento de nuestra democracias.

Reconocer al tratado de Escazú, al igual que al Acuerdo de París han sido aciertos por parte del Estado colombiano, parte de una coherencia que independientemente del gobierno de turno enarbola el mandato de la Constitución y de nuestro bloque de constitucionalidad.

La firma de Escazú nos abre las puertas de una reactivación económica amable con el planeta, respetuosa de los derechos humanos y ambientalmente responsable. Esta en manos del Congreso ratificarlo de manera expedita, lo cual sin lugar a dudas sería un hecho positivo para la opinión pública.

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