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Opinión

  • | 2019/09/05 04:30

    Descontrol

    Los entes de control colombianos están en deuda con la ciudadanía: sus pobres resultados y abusos del poder evidencian su captura. Una misión internacional que los fortalezca y depure le haría un gran servicio al país.

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Con espeluznante frecuencia los entes de control colombianos persiguen buenos funcionarios y dilatan o encubren las investigaciones de los poderosos o corruptos. Cuando las cabezas de las instituciones públicas hacen todo lo contrario a lo que dicen y sus comportamientos están en total contradicción con los valores que proclaman, estamos ante una de las grandes barreras al desarrollo de una nación.

El grupo de poder que cuenta con un fiscal, un contralor, un director de la Dian o un procurador puede escoger entre un servidor público, como los que describe Perry, o un francotirador como los que prevalecen en las contralorías locales. Es decir: si quieren le pueden servir al país o se dedican a proteger aliados políticos y bajar opositores o a quienes amenacen la continuidad en el poder de los de turno. Nombramientos de personajes como Gustavo Moreno como fiscal anticorrupción claramente ilustran cómo se reparte el poder en Colombia.

Estas formas turbias que vinculan poder, criminalidad, riqueza y violencia están brillantemente explicadas por el premio Nobel Douglas North en su último libro Violencia y Ordenamiento social. Mi experiencia como funcionario público, tristemente, coincide con sus planteamientos. La primera semana como director de la Dian tuve mi primera visita de la Contraloría. El acucioso funcionario tenía urgencia de reunirse en privado solo conmigo. Mandaba razón de que mi nombramiento era irregular y probablemente ilegal. Además, decía haber hallado indicios de malos manejos por intención de hacer alianzas con las mejores universidades del país para garantizar que el laboratorio de aduanas de Colombia estuviera a la altura de las amenazas que el país enfrenta y también hablaba de hallazgos por el desfinanciamiento de los funcionarios de planta por la abusiva contratación de gente en los meses previos a las elecciones.

La reunión fue bizarra: el señor claramente quería decirme algo y yo no entendía. Aburrido lo concreté: ¿qué quiere? El señor sacó la hoja de vida de su hijo y pidió que se lo nombrara en la aduana de Bogotá si quería ahorrarme líos. Ya en Bogotá como Secretario de Hacienda me había tocado vivir en cabeza propia la corrupción de la Contraloría. Dentro de mis funciones estaba ejecutar el presupuesto del Concejo de Bogotá. Su presidente, Hipólito Moreno, exigía, de forma intimidante, que se contratara a varios miembros de la comisión quinta del Consejo de Estado. Contratación directa para asesorar sobre los cambios de ley del contencioso administrativo. Ingenuamente le pedí ayuda al contralor sobre cómo manejar estas desagradables presiones y no pasaron horas antes de que el concejal manifestara su molestia por mi visita al contralor. Un par de años después sería evidente cómo trabajaban todos en llave para defraudar al Distrito.

En Colombia, con frecuencia, los entes de control son aliados de quienes supuestamente vigilan. Su verdadera tarea es proteger a los funcionarios y contratistas que ayudan a desviar recursos públicos para financiar campañas políticas de sus aliados.

La lista de excelentes funcionarios públicos empapelados por años por haber incomodado corruptos contratistas es larga. El contrato de semáforos de Bogotá por años ha sido una cueva de Rolando, por esto no sorprende que a Juan Pablo Bocarejo le hagan la vida a cuadritos. A Cristina Arango una de las mas valientes, inteligentes y dedicadas gerentes de lo público, un poderoso y corrupto concejal de Cali ha logrado que la sancione la Procuraduría por tratar de sacar de Emcali a sus sanguijuelas chupa sangre.

Métase con contratos de alumbrado, recolección de basuras, semáforos, chance, concesiones de licores, señales de tránsito o alimentos escolares, entre muchos otros, y la probabilidad de que su carrera en lo público llegue a su fin es alta.

Por todo esto, ampliarles el poder, el personal y el presupuesto a estos entes de control sería un error garrafal con consecuencias gravísimas para el país por muchos años.

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