Opinión

  • | 2019/01/28 00:01

    Cuando la gobernabilidad depende de la guerra y no del bienestar ciudadano

    Como educador y ciudadano no puedo dejar de expresar el dolor, la indignación y la tristeza que me produjo el repudiable atentado terrorista del ELN en Bogotá, contra la Policía Nacional.

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Nadie en Colombia le puede reconocer al ELN que con su accionar terrorista, asesinatos de policías, voladura de oleoductos, secuestros, extorsión, narcotráfico y otras formas delictivas esté contribuyendo a mejorar la educación, el bienestar y la calidad de vida de los colombianos.

Al contrario, quienes apoyamos el proceso de paz con las FARC, entre otras motivaciones, lo hicimos porque entendíamos que la guerrilla, con sus posiciones extremistas y radicales que se expresaban de manera violenta, atentaba contra la salud de la democracia y las posibilidades reales de igualdad y equidad de la sociedad. Un gran damnificado de este irracional proceso ha sido la izquierda democrática; la violencia y el radicalismo han tenido un efecto directo en la atomización de la izquierda democrática y en la imposibilidad de crear y consolidar uno o dos partidos de carácter socialdemócrata, cuyo eje de acción política sea la educación, la lucha contra la pobreza, la equidad, el cuidado de la tierra y la participación ciudadana.

Organizaciones como el ELN, con su accionar despiadado y retador hacia el gobierno y la institucionalidad, debilitan la democracia, las libertades y los desarrollos políticos y sociales basados en la participación, en el cumplimiento de derechos o en la protesta ciudadana civilizada, en la posibilidad de que las personas, sin miedo, se puedan movilizar en gran número para proteger o mejorar reformas que contribuyan al desarrollo social y económico de todos.

A continuación, planteo tres ejemplos sobre cómo la participación y movilización ciudadana, sin violencia, con propuestas y argumentos, alcanzan logros que mejoran la calidad de vida y el bienestar de los colombianos:

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Durante los últimos tres meses del año pasado el movimiento estudiantil universitarios logró que el país y el gobierno nacional concentrara la discusión sobre el tema de financiación de la educación superior, los dirigentes estudiantiles rechazaron la violencia en las marchas y enfrentaron con argumentos y datos al gobierno; por primera vez la sociedad comprendió la magnitud del déficit de recursos de las universidades públicas. El presidente y su ministra de educación entendieron que parte de su imagen y gobernabilidad dependía de lograr un acuerdo con los estudiantes y profesores universitarios, el gobierno nacional cedió y redirigió más de 5 billones de pesos adicionales para las universidades y Colciencias.

También, en el Congreso Nacional se debatió en el mes de noviembre del año pasado los temas de corrupción de Odebrecht y del Fiscal, debate que se mantuvo en los medios. Como resultado de dicho debate se empezaba a gestar en el país un movimiento ciudadano contra la corrupción, antes del acto de barbarie del ELN contra la policía. En Bogotá, la protesta ciudadana logró frenar la tala de árboles en la que se halla empeñado el alcalde Peñalosa.   

El atentado terrorista del ELN frenará la movilización social e impondrá una nueva agenda de gobierno. Este es un claro ejemplo de cómo el desarrollo de la política, la participación, la movilización ciudadana y la consolidación de organizaciones sociales de carácter democrático siempre encuentran en las guerrillas y en la movilización armada un obstáculo para su desarrollo. La guerrilla y su ideología, a partir de sus actos violentos contra la vida, se convirtió en una fuente de miedo y odio para la mayoría de los colombianos, lo que ayudó a crear una opción política de derecha radical y extremista, con indudable apoyo ciudadano demostrado en las urnas, encuestas y diversos sectores de opinión, cuya esencia de gobierno es la autoridad, la mano dura y la solución militar, en donde problemas como la inequidad, la discriminación, la concentración de la propiedad, el subdesarrollo del área rural, la mala educación que reciben los niños pobres y otros problemas sociales pasan a segundo plano.

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Los guerreristas, los violentos y los ilegales deben conocer cuánto daño le causan al desarrollo social del país. Según los datos suministrados por el Banco Mundial, Colombia ocupa el lugar más alto de América Latina en gasto militar al destinar 3,38% de su PIB a dicho gasto, luego están Ecuador (2,7%) y Chile (1,9%); Argentina destina el 0,87% de su PIB, Bolivia 1,62%, México 0,67% y Venezuela 0.5%. Un sueño, bajar por lo menos, en los próximos diez, un punto del PIB el gasto militar de Colombia y pasar esos recursos a la educación; cambiar la guerra, la muerte y la destrucción por el desarrollo del derecho a la educación de calidad de más de 10 millones de niños y jóvenes.   

Por último, siempre que se producen atentados contra la vida como el asesinato de los líderes sociales o de los policías, o de cualquier persona en forma violenta causada por otro de manera planeada, pienso en la inmensa responsabilidad que tiene el sistema educativo y en la necesidad de fortalecerlo. Tal y como sostiene Antanas Mockus, un principio de civilidad básico es aceptar que la vida es sagrada, para ello es necesario, según Mockus, “formar a los colombianos para que no maten a otros colombianos, pero que cada uno lo haga por interiorización, es decir, con la capacidad de autolimitar los impulsos y renunciar a hacer daño al otro. Un principio básico de ser ciudadano es renunciar a la violencia”.

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