Opinión

  • | 2017/11/29 00:01

    Corrupción en elecciones… “¿qué gano por votar?”

    ¿Por qué la ley admite que sigamos manteniendo familias enteras como dueñas de entidades del Estado, el cual se mantiene sin reformarse porque los que legalmente deben ser los reformadores están untados de esa misma plata?

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Una empleada del servicio doméstico originaria de un pequeño pueblo de la Costa Atlántica colombiana me contó esta historia. Su primo es político desde hace años y, aunque hoy es apenas estudiante universitario de Derecho en una universidad de la Costa, ya fue concejal del pueblo, de la mano de quien ha sido varias veces alcaldesa. Se ha lanzado en varias elecciones, pero solo una vez ha sido elegido, gracias a la maquinaria política de la señora. Como la última vez no salió elegido, regresó a estudiar para terminar su carrera. ¿Cómo logra los votos alguien con escasa trayectoria y pocos estudios? Entre la familia, los vecinos y los amigos, reparte tejas y otros materiales de construcción, mercados, y cajas de ron (de 25 botellas cada una) a cambio de los votos. A veces pagan 50 mil pesos en efectivo por voto. ¿Y las promesas de campaña? Una de ellas, la más reiterada, es que por fin van a pavimentar las calles de la ciudad y poner electricidad en todo el pueblo, cosa que nunca sucede, pues, al ser un problema socialmente sensible, si lo resuelven no podrían prometerlo en cada elección. Aun así, la alcaldesa y su grupo han sido elegidos al menos tres veces por el partido al que pertenecen. Y ahora que entramos en épocas de elecciones, este fenómeno se va a repetir en numerosos pueblos del país.

Esta conversación enlaza a otra que tuve hace años con unos campesinos en un páramo de Cundinamarca. Me decían que la mayoría de ellos no solían votar en las elecciones para alcaldes, gobernadores ni presidente. La razón era simple: las veredas donde viven están montaña arriba y para ir al pueblo en domingo debían caminar hasta una zona donde los recogía un transporte para luego tomar otro adicional y así finalmente llegar. Una vez allí, debían pagar desayuno o almuerzo y, además, el transporte de regreso. El gasto por persona es demasiado alto en cada elección, solo para saber que –no importa quién gane- le cuesta demasiado en tiempo, esfuerzo y dinero y a ellos la vida nunca les cambia en nada. La única excepción es el político que les ofrece recogerlos y llevarlos de regreso, pagarles la comida y darles un “regalo” (típicamente un mercado), pues es lo único tangible que reciben de participar en esta forma de democracia colombiana.

De otra parte, podemos contrastar esto con el Informe de la Misión Electoral en el primer semestre del año en curso, según el cual, las medidas más urgentes implican revisar la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la financiación de las campañas, la adopción de listas cerradas y la conformación de las dos cámaras en el Congreso, entre otras.

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Sin embargo, queda el sinsabor de la poca solución a los problemas de la gente más pobre del país, esa que vende sus votos porque no encuentra cambio alguno en los candidatos que llegan al poder. Recuerdo un escrito del sociólogo Robert K. Merton, quien hace décadas señalaba cómo las propuestas relacionadas con problemáticas de este estilo siempre terminan en que la educación del pueblo es casi una fórmula mágica para solucionarlos, de forma similar a como parecen esperar hoy el Ministerio de Justicia y la Procuraduría con su propuesta de educar en ética a los futuros abogados, mientras dejan sin resolver lo que sucede en los juzgados y oficinas estatales del país.

Por eso Merton recordaba que ese tipo de medidas, aun siendo muy necesarias, siempre se encontraban con el obstáculo de ser de muy largo plazo, y mucho más largo si las consecuencias no son las esperadas. Entretanto, nos vamos a hundir más en la corrupción antes de que podamos levantar la cabeza del fango, puesto que a los actuales corruptos nada les pasa y siguen reencauchándose en sus familias y aliados políticos con la excusa de que en Colombia “no hay delitos de sangre”.

La Constitución dice que se debe ingresar al servicio público por los méritos y calidades personales y profesionales de los aspirantes. Y señala como inhabilidades que estos designen como funcionarios a personas con las cuales se tienen cierto tipo de vínculos familiares “hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”. Asimismo, tampoco puede haber miembros de la familia ejerciendo como funcionarios en la misma entidad territorial, ni participar en la misma elección. No obstante, la limitante es de 12 meses, es decir, si renuncia un año antes de la elección, no queda inhabilitado. Para no ser descarados, ¿no podrían ser al menos inhabilitados por un período completo de cuatro años?

Se supone que las incompatibilidades, según la Corte Constitucional, “cumplen la misión de evitar que se utilice su cargo de elección popular para favorecer intereses de terceros o propios en desmedro del interés general y de los principios que rigen la función pública”. Así visto, ¿por qué tantos familiares de condenados terminan heredando los votos de sus esposos, hermanos, cuñados, padres y un largo etcétera? El caso más reciente es el de Dina Yadira Deaza, esposa del Gobernador del Amazonas, Manuel Carebilla, quien está hace un año en la cárcel por corrupción.

Ella confirmó a La Silla Vacía que llegará al Congreso “apoyada por el equipo de mi esposo y para mantener vivo un trabajo político que empezó Manuel hace más de 10 años”. Ese mismo equipo donde nombraba “funcionarios fantasma” que cobraban sin trabajar, a los que les sacó pensiones indebidas por las que luego cobraba una comisión, y a los que les cobraba parte del sueldo para financiar sus campañas y asuntos personales.

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A pesar de esto, la ley admite que sigamos manteniendo familias enteras como dueñas de entidades del Estado, el cual se mantiene sin reformarse porque los que legalmente deben ser los reformadores están untados de la misma plata.

Como escribió Oscar Collazos en una columna del 2013: “Una generación de familiares pasó agachada sobre los crímenes de sus mayores. Y así ha seguido siendo, hasta hoy. Nadie quiere aceptar la vergüenza de haber visto prosperar las frutas podridas en el patio familiar”.

¿Y de nuestros electores qué podemos decir? ¿Algo tan simplista como que les falta educación? Aun siendo cierto, si no queremos perpetuar esto por más tiempo hasta que el pueblo mágicamente se eduque, al menos deberíamos pedir a los candidatos que hagan lo que en el corto plazo deben hacer para mejorar la vida de estos electores.

Que los obliguen a cumplir con sus promesas electorales para que estos ciudadanos no sigan pensando que es mejor una botella de ron y un mercado concreto y real que una promesa vacía, incierta y jamás cumplida.

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