La corrupción no es el problema… es la falta de vergüenza

De camino al trabajo cada mañana, la radio es compañera de viaje de muchos colombianos. Y nada más apropiado para marcar el sentido de orgullo patrio que el himno nacional a las 6:00 a.m., seguido de cuatro horas de entrevistas, debates, acusaciones, reportajes y editoriales dedicados a lo hundidos que estamos de corruptos, violadores, prevaricadores, ingenuos, asesinos, terroristas, inquisidores y ladrones.

Entonces, no es de sorprender que muchos prefieran escuchar una mínima dosis de realidad y más bien de pasar a la música para, al menos, intentar mantener el espíritu arriba de esas personas que solo quieren hacer su mejor trabajo durante el día y ojalá también mantener su buen ánimo.

Ahora bien, la corrupción ha sido el tema del día por décadas. ¿Por qué ahora es peor? Quizá por la misma razón: porque los medios de comunicación y ciertos entes de control por fin parecen como los venezolanos en la calle: tratando de no bajar la guardia por lo que queremos, o debemos, cambiar.

Lo frustrante no es que los medios lo expongan (aun si el ánimo y las expectativas de los ciudadanos sobre un mejor futuro caigan como consecuencia), sino que aún los que tienen el control no parecen poder hacer nada al respecto. ¿Será que lo que falta es un poco de vergüenza en vez de más cobertura y entes de control más grandes? Esa misma vergüenza que una rápida búsqueda en Google define como “sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibidos”.

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En estos días circulaba por las redes sociales el vergonzoso video de Ernesto Samper en Valledupar, tratando de saludar a los asistentes en el Festival Vallenato, y encontrándose con un público que le gritaba repetidamente “ocho mil”, como recordatorio de que el pasado no perdona. El suyo no fue cualquier incidente, pues fue no solo el primer presidente envuelto en un escándalo de corrupción de tal magnitud que casi lo tumba, sino que su increíble “aquí estoy y aquí me quedo” marcó un antes y un después en un país que luego se acostumbró a vivir gobernado por los “carentes de vergüenza”.

En estos casos se vuelve interesante recordar una antigua práctica de la España de los siglos XVI al XVII: se trataba de un peculiar castigo denominado “vergüenza pública”, entendido como una forma de “castigo contra las buenas costumbres”.

Según el historiador Pedro Ortego Gil (1998), esta solo aplicaba a menos del 10% de los casos de la Real Audiencia de Galicia y consistía básicamente en exhibir a los infractores para “quitarles la honra” (a quienes la tuvieran). Los criterios para decidir esta pena suponían que: 1) sufrieran la ignominia (dado que eran llevados hasta su sitio de castigo público sin poder esconder la cara (o incluso yendo a veces desnudos), mientras iban pregonando su delito); 2) padecieran dolor (típicamente azotes); 3) restituyeran a la sociedad por su falta (por medio de elevadas multas); 4) cumplieran un servicio público (pues era mejor tener remeros para las embarcaciones del reino –concretamente para las galeras- que cuerpos para enterrar); 5) padecieran destierro o muerte (en casos graves o irremediables); y 6) perdieran la posibilidad de cualquier beneficio jurídico (en el caso de los reincidentes).

Lo más trascendental era la participación del pueblo “como elemento necesario e imprescindible”, sin el cual no se podría cumplir con el objetivo de menoscabar la honra del reo, “si es que la tenía”, a la vez que se permitía a los ciudadanos “participar en el triunfo de la justicia”, dándoles una advertencia “para que no caigan en el delito”.

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Colombia es la antítesis de esto. Como dijo el Fiscal hace poco, los ministros de justicia no andan pensando en medidas ejemplares, ni en construir nuevas y mejores cárceles, sino en sacar tanta gente como puedan en el menor tiempo posible “por buena conducta y estudio”, dizque para bajar el hacinamiento y facilitar la resocialización de maltratadores y violadores reincidentes y de corruptos que jamás regresan la plata que gozarán con sus familias de testaferros.

Hoy, inclusive durante meses y años, las redes sociales y los medios de comunicación en horario triple A exhiben por todos lados (eso sí con la cara tapada) al concejal, gobernador, expresidente, alcalde, congresista, juez, magistrado, contratista, empresario o político que aparece en los medios acusado por corrupción. Pero estos se exhiben en su nuevo Porsche, reparten fajos de billetes desde su automóvil en días electorales, se cuelan en el carril de Transmilenio, se le “vuelan” a la policía que los captura en estado de ebriedad, hacen fiestas desde su mansión por cárcel, o salen de las cárceles para hacer giras proselitistas mientras llevan lechona y músicos a sus pabellones.

El problema ya no es que no sepamos quiénes son; lo sabemos y nos lo embadurnan diariamente desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m., cuando vamos a la cama pensando que podemos descansar de tantas noticias tan variadas en protagonistas, pero tan recurrentes en los hechos y en las reincidencias. Parece que la advertencia a los ciudadanos sigue sin quedar muy clara, pues los beneficios de ser hampón parecen superar en mucho al de por sí improbable castigo.

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