MARIO VALENCIA

¿Cómo lograr la reactivación económica que necesita el país?

El aumento de la pobreza y el desempleo, junto a la desestabilización social que provocan, obligan a pensar en las mejores estrategias para buscar una reactivación en la cual el regreso a la ‘normalidad’ no sea en medio de trabajadores informales con ingresos precarios.

Mario Alejandro Valencia Barrera , Mario Alejandro Valencia Barrera
20 de julio de 2020

La afirmación lanzada por la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, ante la cumbre ministerial de la OCDE, no cayó bien porque -una vez más- prevalece la actitud que comparten altos funcionarios de este Gobierno de considerarse a sí mismos como exitosos negociantes y no como personas al servicio de lo público. Pero también por lo absurdo, pues menciona lo obvio: los “trabajadores informales”, que no lo son por gusto sino por las condiciones del mercado laboral, son “los más afectados”, pues hacen parte de la población vulnerable a la que algunos advertimos desde el día uno que se debía proteger y “no tenían ahorro”, claro, porque sus exiguos ingresos a duras penas alcanzan para sobrevivir al día.

Esta visión parte de la concepción arraigada de que el Estado en Colombia no tiene ninguna obligación de propiciar el bienestar que, con la crisis actual, significará un retroceso de unos veinte años en materia de pobreza en América Latina, según lo ha expresado el Fondo Monetario Internacional.

El aumento de la pobreza y el desempleo, junto a la desestabilización social que provocan, obligan -como Nación- a pensar en las mejores estrategias para buscar una reactivación en la cual el regreso a la ‘normalidad’ no sea en medio de trabajadores informales con ingresos precarios que les impiden ahorrar.

Como la capacidad estatal es limitada, porque depende en buena medida de los impuestos que ya no podrán pagar los privados que han caído en la quiebra o desempleados, o de mayor endeudamiento que obliga a destinar recursos del gasto social al pago de intereses, entonces la fórmula debe acudir, como aspecto principal, al tradicional esquema de crecimiento económico por la vía del fomento a la producción. Realmente esta nunca ha sido la fuente principal del crecimiento en Colombia, así que promoverla enérgicamente será de las cosas novedosas que podría traer la sociedad poscuarentena.

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El debate sobre el crecimiento en Colombia debe ser realmente más social y productivo que financiero o fiscal, pues los bienes para satisfacer las necesidades esenciales de la población son reales, no filosóficos y alguien, en algún lugar, debe producirlos. En este sentido, el mejor esquema de reactivación debe partir de recuperar la capacidad de ofrecer al mercado, con empresas y mano de obra nacional, las mercancías que la población necesita. Así, se genera un movimiento sistémico que es virtuoso porque permite que el capital se invierta en tareas que requieren conocimiento científico, innovación y tecnología, en lugar de invertirse en la renta inmobiliaria, el casino financiero o la minería.

Así mismo, ocupa más fuerza de trabajo que las actividades anteriormente descritas; según el Dane, estas solo ocupan al 3,6% de la fuerza laboral del país, mientras la agricultura y la industria ocupan al 27% y podría ser mucho más si no se desperdiciara parte del capital pagando los salarios foráneos de las mercancías importadas que en 2019 costaron US$49.615 millones. Con esos recursos se podrían financiar muchas empresas nacionales cuyas ganancias permiten pagar los impuestos que necesita el Estado para la educación pública, la salud pública, construir carreteras, ferrocarriles y generar energías renovables.

Desafortunadamente, estas ideas seguirán siendo utópicas en Colombia, a la luz de la decisión de haber nombrado como asesores de la reactivación a Ricardo Hausmann y a un equipo de académicos enamorados del atraso y la dependencia, que poco o nada entienden de las bondades del capitalismo que construyeron los países industrializados. La primera manifestación cierta de lo anterior fue la decisión de aumentar la producción de energía térmica (carbón y gas) del país. Mientras Alemania abandonará estas fuentes de energía para 2038, el gobierno colombiano anunció -en medio de la cuarentena- la entrada en funcionamiento de 13 proyectos nuevos.

La medida no solo va en contravía de tendencias ambientales de algunos países desarrollados, sino que además son negocios creados para beneficiar a empresas foráneas, altamente cuestionadas. Una de ellas es la compañía Inkia, con presencia en ocho países de América Latina y que opera desde paraísos fiscales en Las Bermudas y Barbados. Otro de los proyectos es liderado por Soenergy y tiene como socia al grupo español Naturgy de España, tristemente célebre en Colombia por Electricaribe y porque tiene una demanda contra nuestro Estado por 1.500 millones de euros. La última es Minesa, la misma que quiere destruir el páramo de Santurbán.

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En conclusión, más allá de las frases motivadoras de algunos dirigentes, la reactivación requiere de medidas económicas acertadas, de un plan creado para el crecimiento y la reducción de la desigualdad, de subirnos al tren del crecimiento con sostenibilidad ambiental y, sobre todo, de gobernantes decentes cuya motivación no sean las comisiones de las transnacionales.