Colapso por ineptitud

La situación en Venezuela se agravó aún más en enero, cuando Juan Guaidó aprovechó un resquicio jurídico para autoproclamarse presidente interino de Venezuela. EE.UU. se apresuró a reconocerlo como presidente legítimo y luego se sumaron cerca de 40 países, entre ellos la UE y buena parte de América Latina (Uruguay y México se han mostrado neutrales). Por su parte, China, Turquía, Rusia, Irán, Cuba y Bolivia siguen sin reconocer a Guaidó. Como medida para derrocar a Maduro y forzar un cambio de Gobierno, la administración Trump ha aplicado nuevas sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA) que, entre otros, está provocando un significativo descenso de las compras estadounidenses de crudo venezolano (más de un 13% desde la entrada en vigor de las sanciones).

EE.UU. adquiere el 40% de las exportaciones de crudo venezolano y la mayor parte del 60% restante se destina al pago de las amortizaciones de créditos concedidos por China y Rusia. Además, más del 90% de las exportaciones totales son de crudo y éstas han retrocedido cerca de un 40% en los dos últimos años. Teniendo en cuenta que las exportaciones son, prácticamente, la única fuente de entrada de divisas en Venezuela, las sanciones a PdVSA profundizarán el problema de escasez de reservas.

De hecho, el país tiene cerrado el acceso a los mercados internacionales, al ser considerado un país en default. Esta condición de moroso impide que pueda solicitar ayuda financiera a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo del que, paradójicamente, Venezuela fue miembro fundador en 1959. Además, la posibilidad de obtener créditos de China y Rusia (sus aliados tradicionales) a cambio de crudo se ve restringida por unos precios todavía bajos y por la caída en la producción: pese a que las reservas de crudo de Venezuela son las más elevadas del mundo, la falta de inversión en el sector en los últimos años ha reducido la producción a menos de un millón de barriles al día, un 70% menos que hace una década.

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Según Bankia, en una economía tan intervenida como la venezolana, la presencia de inversión extranjera es prácticamente nula. En consecuencia, las reservas de divisas están cayendo de forma continua en los últimos años: según datos del propio banco central, las reservas se sitúan a mediados de marzo en algo más de 8800 millones de dólares, un 60% por debajo de los niveles de hace cinco años. A este ritmo de caída, si no se produce un milagro (fuerte subida de los precios del crudo o un aumento sustancial de las exportaciones), Venezuela podría quedarse sin reservas en unos dos o tres años.

 Por si fuera poco, la Corte de Arbitraje internacional, dependiente del Banco Mundial, ha condenado a Venezuela a pagar una multa récord a la empresa de estadounidense de energía Conoco Phillips, en pago por la expropiación de los activos petroleros que llevó a cabo Hugo Chávez en 2007. La factura supera los 8700 millones de dólares, a los que se deberá sumar un interés del 5,5% anual hasta que se complete el pago. Esta decisión se suma al arbitraje de un año antes, en el que la Cámara de Comercio de EE.UU. falló que Venezuela debía pagar otros 2000 millones, de los que Caracas accedió a pagar 400 millones.

En definitiva, la situación del país es crítica, no sólo desde un punto de vista puramente económico, sino también desde una perspectiva social y humanitaria: apagones masivos, desabastecimiento de alimentos básicos y medicinas y una población empobrecida por el escenario de hiperinflación que padece el país.

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