Opinión

  • | 2019/06/13 00:01

    Borrón y cuenta nueva

    Con las mejores intenciones y por las causas más nobles se han cometido algunos de los peores errores de política.

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Los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco proponen una ley que tiene un incentivo positivo: ponerse al día en los créditos. Sin embargo, tiene un aire a populismo cuando se promueve como “una ley para ponerse del lado de los ciudadanos, de millones de colombianos reportados en las centrales de riesgo y que como tal quedaron por fuera del sistema crediticio”. Y de allí que sea importante elevarles unas preguntas y hacerles unas reflexiones diciéndole la verdad a los colombianos.

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Lo primero es tener claro que en la calificación de riesgo crediticio importan dos elementos: la capacidad de pago y la voluntad de pago. Lo primero que los senadores deberían sustentar con pruebas es que cuando un consumidor financiero colombiano reportado no paga es porque en efecto tiene voluntad de pago, pero experimenta una pérdida de capacidad de pago en forma transitoria y ajena a sí mismo.

¿Cómo no se van a generar muchas dudas cuando indiscriminadamente la iniciativa busca que millones de colombianos salgan de los reportes de las centrales de riesgo? La ley, de aplicación general debería haberse motivado, en este caso, en una calamidad más o menos colectiva. ¿Senadores, ustedes pueden dirimir bien la diferencia entre el incumplimiento de pago por capacidad de aquel por voluntad? Si tienen un estudio de los colombianos reportados en este sentido que lo presenten en el debate del Congreso de la República.

Lo segundo es que la ley promueve algo permanente. Desea obligar a la amnesia del sistema financiero por cuanto regla que máximo tras dos años se borre el reporte negativo. Habría que preguntarse si dicha idea es razonable dado que la conducta de pago es lo que en el fondo se desea conocer para estimar el riesgo o pérdida esperada de un crédito. Cualquier acción que tienda a aumentar la probabilidad de pérdida solo se puede compensar económicamente subiendo el precio. En este caso, sería subiendo el costo o lo que los bancos cobran en la tasa de interés y ello iría en contra de todos los colombianos.

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El senador Barguil mencionó en una entrevista radial que en una anterior ocasión se advirtió que afectar el historial de crédito subiría el costo del crédito, pero que en realidad este bajó. La respetuosa pregunta para el senador es si para su afirmación analizó la tasa de interés de los créditos o estimó la prima por riesgo de los créditos. En el primer caso, las tasas de interés en el mundo y en Colombia han bajado desde 2009 por menores expectativas de inflación. Por lo mismo, debe estimarse la diferencia entre la tasa de los créditos y la tasa libre de riesgo para decir que el cobro por riesgo no aumentó.

Tercero, si en verdad el método actual tiende a penalizar con la salida del sistema financiero a los colombianos por unos impagos indeseados, ello atentaría contra las propias entidades de crédito. Así las cosas, las entidades estarían a favor del proyecto y deberían aplaudirlo. Pero para ello haría falta que los senadores demostraran que los reportados sin acceso a crédito están ligados a casos muy excepcionales pero que por tan desproporcionado y generalizado castigo se termina por reducir el mercado de crédito. Si lo tienen, que muestren ese estudio en el debate parlamentario.

Con evidencias como las que sugiero, podría creérseles que el proyecto no busca premiar a quienes no honran sus obligaciones sino darle una segunda oportunidad a una gran mayoría que fueron reportados en forma desmedida e injusta.

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La iniciativa más comprensible del proyecto es el borrón en los casos de robo de identidad, pero ¿qué porcentaje de los reportes es por ello y cuántos de estos casos terminan en el cierre total del acceso a crédito?

Faltan muchas respuestas para saber si los beneficios de esta política pública superan con creces los costos o efectos indeseados. Es realmente posible que el proyecto no ponga la ley al servicio de los ciudadanos en la medida que debilita el esfuerzo que requiere Colombia para generar el 100% de inclusión financiera.

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