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Opinión

  • | 2018/08/13 00:01

    ¿Bancarizar o no bancarizar?

    Muchos expertos en finanzas han coincidido en que el gravamen del impuesto al 4x1.000 enreda la inclusión financiera en Colombia. No obstante, la propuesta de trasladarlo a un gravamen por transacciones en efectivo no podría ser efectiva como una medida aislada, sino como un bloque de medidas aunadas.

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Bancarizar a los no bancarizados. El dilema del día a día al que se enfrenta toda institución financiera, acoplando diversos modelos de fidelización a sus clientes para ofertar la mejor propuesta de valor del mercado. No obstante, el marketing creativo en este sector no basta y algo importante en el sector financiero es desmentir los rumores, remover los temores y afrontar el desconocimiento que tiene la población que aún se mantiene excluida de este mercado, en donde el gobierno juega un papel sumamente importante.

La más reciente propuesta de Asobancaria resonó en distintos gremios con diversos impactos. Por supuesto, el sector bancario es el más beneficiado dado que es una propuesta que impulsa a la bancarización y atraerá centenares de usuarios a sus redes de la digitalización financiera y el uso del dinero plástico.

Eliminar el 4x1.000, un gravamen impuesto a los movimientos financieros que realiza una persona, de las transacciones interbancarias, los giros con cheques, las compras en comercio con tarjetas y hasta los desembolsos de crédito, tiene un criterio ampliamente llamativo para quienes ya nos movemos en el mundo financiero y para quienes, no siendo parte de él, les llama la atención.

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Sin embargo, traspasar este gravamen a las transacciones que se tienen con dinero en efectivo, mantiene unas perspectivas muy equilibradas entre los que serían sus beneficios y sus consecuencias.

Si bien es una propuesta muy innovadora, no es muy asertiva si no se tiene en cuenta un proceso de adaptación idóneo e inclusivo, de ahí una primera alerta de acompañamiento. En nuestra sociedad, los estratos más altos son los que pondrán una menor resistencia al cambio, mientras que los estratos más bajos siguen sometidos a una brecha de exclusión financiera lo suficientemente amplia como para que una propuesta como la de Asobancaria no se sienta como una oportunidad sino como una imposición, que ya salió a atacarse, no con sentido técnico sino meramente político.

Como tal, el propósito principal de una propuesta de este calibre es desestimular los pagos en efectivo para frenar delitos concurridos como el lavado de activos, el contrabando y la evasión de impuestos. En pocas palabras, con la entrada de las entidades financieras como intermediarias en las transacciones económicas, se dará una mayor transparencia en los procesos y un control regulador más estricto ya que se tiene un registro detallado del origen y destino del dinero. Por ende, aunque no es una alternativa que erradique el problema de raíz, sin duda alguna impactará a las bandas delictivas que se dedican a todo tipo de negocios ilícitos con pagos en efectivo.

Pero miremos el otro lado de la moneda. Por ahora, 3 de cada 10 colombianos no usan ningún tipo de producto financiero, en donde la mayoría de estas personas son de estratos inferiores al 3. En el caso del estrato 1, solo el 24% de la población que pertenece a este tiene al menos una cuenta de ahorro, mientras que en el estrato 6 el porcentaje aumenta a más del 74%.

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Las cifras hablan por sí solas y no cabe duda de que la inclusión financiera debe mantenerse dentro de la agenda pública que recién estrena un nuevo gabinete. No basta decir que para cumplir la meta de inclusión financiera de este año, para alcanzar el 84% de los adultos con al menos un producto financiero, faltan aún más de 3 millones de personas. Se requiere una estrategia de impacto que jalone a los estratos más bajos a unirse a esta nueva era de la bancarización mundial.

Por ahora, el foco recae sobre el estrato 3, que se planea aumentar del 52% al 82% en 2018. ¿Pero y los estratos más bajos? Aún no se tiene el desarrollo de planes de choque que acerquen más el sector bancario a las personas más pobres de nuestro país, manteniendo en paralelo un hábito de pago de más del 90%, como se tiene actualmente.

Y si bien hay impactos negativos sobre lo que sería la demanda, no hay que olvidarse de los formatos comerciales más pequeños. La idea es brindarles información sobre las ventajas de tener una opción de pago con dinero plástico, antes de imponerles un impuesto por seguir comercializando en efectivo. Primero van las oportunidades.

Bienvenido sea el mundo de la bancarización... especialmente en los países cuyo margen de desigualdad se mantiene al mínimo, porque esto representa una oportunidad más igualitaria y equitativa a la que cualquier persona puede acceder.

Pero mientras sigan criterios de desigualdad tan altos como los que mantiene nuestro país, implementar una propuesta de alto grado de innovación no será sencillo. Es posible y puede rendir sus frutos, pero requiere de un alto grado de compromiso por parte de la oferta que se propone bancarizar.

Basta de los gota a gota. Las personas de bajos ingresos también requieren de una financiación que no ponga en riesgo su seguridad, ni física ni crediticia. Sí a la eliminación del 4x1.000 y al desincentivo del uso del efectivo. Pero mover el gravamen de un lado a otro, sin evaluar un sistema financiero con una tasa de usura más baja y con menores costos de transacción, pareciera que no traerá nada beneficioso al modelo socioeconómico actual.

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