Aquí la única trampa es la de Santrich

La JEP, tal vez por falta de experiencia siendo ese su primer gran caso, o por quien sabe qué otras razones, decidió atribuirse en 2019 la facultad de ser el Tribunal que juzgara la conducta por narcotráfico del señor Santrich. Para algunos en la opinión pública, no obstante tener Santrich tres órdenes de captura de distintos tribunales por estos hechos, éste sigue siendo una pobre y perseguida paloma de la paz.

Durante la semana y tal vez aprovechando la buena fe de un periodista, la defensa de Santrich ha sacado de algunas interceptaciones dentro del proceso que por narcotráfico se le llevaba en la Corte Suprema de Justicia. Estos extractos, mezclados con argumentos poco creíbles de su inocencia, han tendido una trampa a la opinión pública haciendo creer ahora que el pobre señor fue victima de un engaño. 

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Olvidan selectivamente algunos que una Corte en Nueva York, un juez en Colombia y la misma Corte Suprema de Justicia de Colombia avalaron los procedimientos investigativos de la Fiscalía colombiana y además impartieron ordenes de captura en contra del mismo señor. ¿Acaso estos tribunales tampoco son válidos para a ese sector de la opinión?

Pero también aprovechando el momento y bajo la excusa que “no les fueron compartidas las pruebas”, la JEP también reafirmó esta semana su polémica decisión. Sin embargo, recordemos que aquella fue dividida y controvertida por dos claros y valientes salvamentos de voto los cuales dejaron claro que la información con la que contaba ese Tribunal era más que suficiente para establecer lo único que tenían que hacer, verificar la fecha en la que habían ocurrido los hechos.

La JEP le dio la razón a sus críticos quienes consideran a ese Tribunal como parcializado y establecido como un mecanismo que ha permitido a los antiguos miembros de las FARC burlarse de sus obligaciones de verdad, justicia y reparación.

Las penas alternativas y mecanismos de justicia transicional no pueden confundirse con laxitud en la aplicación de las reglas del Acuerdo. Hasta el momento, este episodio mantiene hechas trizas las esperanzas que realmente fuera un componente de justicia.

En cuanto a la verdad, de no ser por las amenazas de quienes abandonaron el Acuerdo contra sus antiguos compañeros del partido de la rosa, tal vez no estarían confesando algunos crímenes.

Y en cuanto a la reparación, ni que decir de la lamentable realidad de los supuestos activos entregados para resarcir a las víctimas. Para completar, en los últimos días, apareció una carta de Romaña a sus antiguos compañeros recordándoles que aún hay dinero y tierras a nombre de terceros y que no fueron entregados.

Solo la JEP con resultados puede controvertir tal percepción, pero éstos brillan por su ausencia.

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Por supuesto, no se puede dejar de lado que también existieron muchas las fallas en la implementación temprana del Acuerdo por el lado del Gobierno, particularmente ocupando los territorios dejados por esa guerrilla, levantando a tiempo los campamentos en las zonas ETCR, la puesta en marcha a tiempo de proyectos productivos que les permitieran a los guerrilleros rasos la reincorporación a la vida civil, entre otros.

Si bien todo esto puede ser cierto y llevar a reclamos legítimos de quienes mantienen su palabra de mantenerse en la legalidad y continuar su reincorporación a la vida civil, nada de eso puede justificar que Santrich, Marquez y compañía hubieran retomado las armas. 

Que las autoridades hayan hecho su trabajo y que quienes tomaron la decisión de continuar delinquiendo después del 1° de diciembre de 2016 tengan que enfrentar la justicia, no es justificación tampoco para tal decisión.

Pareciera consolidarse en algún sector de la opinión pública y en algunas instituciones, la idea que los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, no pueden ser cuestionados, no pueden ser investigados y no se les puede pedir explicaciones por nada.

Parecieran estar creándose dos clases de ciudadanos. Por un lado, aquellos que tienen que pagar impuestos, salir todos los días a trabajar, pagar los colegios de sus hijos y sin tolerancia alguna para equivocarse. Y por otro, aquellos que bajo la excusa del Acuerdo de Paz  pueden seguir gozando de su nueva vida sin que haya consecuencias a pesar de las evidencias en su contra.

Pareciera que se ha instalado en alguna parte de la opinión pública, la idea que nada puede criticarse, nada puede cuestionarse y mucho menos puede exigírsele a quienes suscribieron el Acuerdo de Paz. 

El país no puede dejar confundirse, Santrich es un criminal perseguido por la justicia colombiana y americana. Aquí la única trampa en medio de todo esto, fue la que él quiso hacerles a sus compañeros de causa, al Acuerdo y a la justicia colombiana.

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