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Opinión

  • | 2019/07/05 00:01

    Amnistías en Latinoamérica

    El equilibrio entre justicia y paz.

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En los últimos años, las dictaduras de América Latina de  setenta y ochenta han sido juzgadas a pesar de las leyes de amnistía, que eran el precio de la democracia. Este fenómeno está produciendo un efecto rebote.

Tomemos como ejemplo a El Salvador, donde la guerra civil entre guerrilleros marxistas y el ejército mató a 75.000 personas entre 1980 y 1992. En uno de los crímenes más atroces de la Guerra Fría en América Latina, una unidad del ejército entrenada en Estados Unidos asesinó a mil civiles desarmados, principalmente mujeres y niños, en la aldea de El Mozote en 1981. Los autores fueron protegidos por una amnistía decretada en 1993 como parte de un acuerdo de paz.

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Según The Economist, desde entonces, el derecho internacional ha cambiado. Se ha movido hacia el principio de que los crímenes contra la humanidad no pueden ser amnistiados. En 2016, el Tribunal Supremo de El Salvador adoptó esa doctrina. Una veintena de oficiales retirados, incluido el exministro de Defensa, está ahora en juicio por la masacre. Esto ha llevado a un intento de aprobar una ley que reimponga la amnistía, respaldada por los dos partidos políticos principales, cuyas raíces se encuentran en los bandos opuestos de la guerra. Les preocupa que reabrir el pasado agrave el conflicto político.

Es improbable que la cuestión de qué hacer con los crímenes de las dictaduras pasadas y las insurgencias de las guerrillas desaparezca hasta que el último criminal muera. Cualquier sociedad civilizada debe tratar de castigar tales horrores. Pero para poner fin a los conflictos internos, la paz, la reconciliación y la verdad son tan importantes como la justicia. Los rebeldes y los dictadores se suelen negar a rendirse a menos que se les prometa una amnistía. El imperativo moral se ve así atenuado por la viabilidad política.

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El requisito más directo es que los criminales digan la verdad, lo que proporciona a los familiares de las víctimas un ligero alivio. En esto, América Latina fue pionera, con comisiones de la verdad en Argentina y El Salvador. El acuerdo de paz de Colombia de 2016 con las Farc también fue pionero en la aplicación del derecho internacional actual, pero a través de la justicia restaurativa. Siempre que los comandantes de la guerrilla confiesen sus crímenes y ofrezcan al menos una reparación simbólica, no se enfrentarán a la cárcel (aunque muchos colombianos lo consideran demasiado blando).

Los intentos de lograr justicia en casos más antiguos han sido irregulares. Las amnistías autotorgadas por regímenes militares fueron revocadas en Argentina y no aprobadas por los tribunales en Chile, pero no en Brasil. Los uruguayos votaron dos veces a favor de una amnistía en referéndums.

La justicia retroactiva es más problemática si se considera que es unilateral. Bajo los gobiernos de izquierdas, el poder judicial de Argentina condenó a líderes militares, pero dejó los crímenes de la guerrilla sin examinar.

Hay otras razones por las que deshacer amnistías puede ser malo. Si bien el proceso de paz de El Salvador fue exitoso, el país no lo ha sido. Como gran parte de América Central, sufre de mucha violencia. Algunos ciudadanos podrían argumentar que establecer la ley en el presente debería ser una prioridad.

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Según el semanario británico, el hecho de que algunos países hayan destruido las amnistías puede dificultar el logro de la paz o la democracia en otras naciones. En Venezuela, la oposición ha ofrecido amnistía a los generales que se opongan a Maduro. Pero "la mayoría de los oficiales de alto rango no creen en la amnistía", según el Informe de Riesgo Político de Caracas Chronicles.

El debate político en América Latina se enfoca demasiado en el pasado. Una región que se ha quedado atrás económica y tecnológicamente no puede permitirse ese lujo. Nada de esto es un argumento en contra de aplicar la justicia cuando sea posible, es simplemente reconocer que conlleva riesgos.

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