Alternativas de medición, más allá del PIB

El Producto Interno Bruto (PIB) es aceptado globalmente como el indicador que mide el tamaño de una economía a partir de factores básicos como la producción, los recursos y la renta de un país. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha sido asociado con la valoración de aspectos sociales, agrupación en materia macroeconómica que mantiene una alta relatividad de evaluación.

Por ejemplo, el PIB ignora fuertemente la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad. Mientras que en la última década se ha observado una tendencia positiva del crecimiento PIB en términos reales para los países desarrollados, los salarios reales han sufrido una reducción, puesto que los beneficios de las economías más grandes suelen ser invertidos en factores de capital diferentes al trabajo. Ello constituye el fortalecimiento de enormes brechas sociales.

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De igual manera, variados grupos ambientalistas han afirmado que no se hace suficiente énfasis sobre los daños ecológicos, potencialmente irreversibles, que deriva de la producción y el crecimiento desmesurado de la transformación de bienes y la generación de servicios. China es la referencia más clara que refleja una vertiginosa expansión del PIB, convirtiéndose en una de las potencias mundiales, que le ha llevado a liderar las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial y por la que ha debido obligatoriamente empezar a cambiar su estrategia de generación energética. Así, avances en materia económica no significan avances en materia de bienestar social.

Ante un panorama en donde se confunde el desarrollo con crecimiento económico, y la felicidad con consumismo, se torna muy interesante la expansión y adopción de nuevas formas de valoración o medición sobre el bienestar. Al respecto, instituciones internacionales se han tomado la tarea para involucrar aspectos importantes que den lugar a verdaderos índices de desarrollo socioeconómico.

La ONU ha adoptado el Índice de Desarrollo Humano que incluye avances en áreas sociales. Este mide aspectos relacionados a la salud, educación y calidad de vida, conforme al PIB per cápita. La idea es integrar factores vitales en la vida de las personas para determinar qué tan larga, saludable y digna sería su vida, con base en algunos criterios económicos. Así, puede contemplarse la eficiencia de las cuestiones normativas nacionales, al comparar como dos países con el mismo PIB adquieren diferentes resultados en cuanto al desarrollo humano.

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Sin embargo, los indicadores que evalúan aspectos sociales y económicos, ya se mantienen dentro de una concepción tradicionalista. Por otro lado, también se han formado una serie de indicadores alternativos relacionados al desarrollo tecnológico y desarrollo ambiental, tales como la exportación alta de tecnología, usuarios de redes sociales, huella ecológica y emisiones contaminantes.

Con estos últimos, se han consolidado algunas proposiciones de indicadores macro que integren todos los criterios, para dar cuenta del verdadero estado de desarrollo de una nación. Por ejemplo, el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD) es una de las iniciativas más interesantes para evaluar los componentes económicos, sociales, ambientales, globales y productivos. Lo particular de esta medición es que no se limita a analizar el impacto de los criterios tomados en cuenta para hacer una comparación mundial, sino que se basa en una contemplación a profundidad, en un contexto más amplio de decisiones políticas, y su verdadera efectividad.

Para el caso colombiano se han mantenido expectativas muy altas en cuanto al progreso en materia social, lo que representaría avances significativos en el Índice de Desarrollo Humano. Bajo un contexto de posconflicto y el desarrollo rural, Colombia se ha propuesto una visión de progreso multidimensional para expandir sus índices de bienestar, especialmente en los departamentos y/o regiones que mantienen considerables índices de pobreza como Chocó y La Guajira.

A pesar de ello, Colombia es uno de los casos más preocupantes que representan una disparidad entre el desarrollo económico, y otros criterios de desarrollo, entre los que se incluyen los sociales. Según el último informe del ICPD, el país ocupó el puesto 85 de 133 países analizados, obteniendo una valoración media-baja. Así, se considera entonces como uno de los países que refleja matices de incoherencia - como por ejemplo en su falta de compromiso con la reducción de la desigualdad mediante la política fiscal - pero con resultados sociales y ambientales que podrían considerarse como aceptables, y con alto potencial de avance.

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Si bien las tendencias positivas en el crecimiento económico determinan, actualmente, el valor macroeconómico de un país, existen otros criterios que determinan la verdadera calidad de vida que brindan las naciones. En muchos casos, indicadores como el PIB per cápita se toman como estimaciones de estudio o estadísticas, que no reflejan la realidad de un país por no considerar los niveles de desigualdad y de distribución de esa riqueza.

Al respecto, es importante considerar indicadores más integrales que den cuenta de las relaciones entre criterios económicos con el desarrollo social, ambiental y hasta tecnológico, para establecer qué tanto y cómo avanzamos en materia de bienestar, pues en casos como el nuestro, no basta con ser uno de los otrora países más felices del mundo, si ello no se ve reflejado en la calidad de vida poblacional.