SERGIO GUZMÁN

Al sector privado le deben importar las masacres

El deterioro de la situación de seguridad es sumamente preocupante porque empeora el entorno de los negocios. Más que apoyar la agenda de gobierno de forma irrestricta, el sector privado debe abogar por una mayor presencia estatal en los territorios.

Sergio Guzman, Sergio Guzman
1 de septiembre de 2020

Las masacres que estremecieron al país en agosto son una señal de la precariedad de la presencia estatal en los territorios. Si bien esto no es algo nuevo, la frecuencia y gravedad de los hechos sugieren un empoderamiento de los grupos criminales e insurgentes. Los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros presagiaban un recrudecimiento de la violencia, puesto que si el Gobierno no actuaba decisivamente contra quienes atentaban contra los líderes como autores materiales e intelectuales, estos grupos podrían obtener mayor control territorial y llenar los vacíos dejados por el Estado. Estamos siendo testigos de este fenómeno.

El sector empresarial no puede ser indiferente a la erosión de la situación de seguridad que está ocurriendo en los municipios PDET. Tampoco debe hacer parte de la pelea retórica y estadística que pretende dar el Gobierno. El sector debería mostrar la misma preocupación por el deterioro de la situación y elevar una voz de alarma urgente, pues lo que en los territorios ocurre será más determinante para el entorno de inversión que una reforma laboral o una reforma al régimen de regalías.

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Los municipios PDET son clave para la reactivación económica del país. Según el Observatorio de Inversión Privada, de estos municipios proviene cerca del 58% del carbón, el 65,3% del oro y el 8,3% de los materiales de construcción que impulsan la economía nacional. De estos municipios también proviene el 2,7% de la producción de gas y el 9,3% del crudo del país. Además de esto, los municipios son una fuente importante de productos agrícolas como aguacate, cacao, café, caucho, aceite de palma y arroz.

Lo que pasa en estos lugares importa, tanto así que hasta que no mejoren los indicadores de desarrollo económico y humano en los PDET, es difícil que el país pueda mejorar significativamente sus propias mediciones.

El empresariado nacional a través de la Mesa Gremial debería hacer un llamado para que el Estado haga presencia plena en estos municipios, como lo hace Fenalco cuando en el Congreso se discuten medidas arancelarias, o como lo hace la Andi contra el llamado “populismo económico”. En la misma línea, Anif y Asobancaria han fijado posiciones claras contra medidas contrarias a los intereses del sector financiero. Así de urgente es el problema.

Al emplear la estrategia vieja y confiable del retrovisor el Gobierno espera esquivar su responsabilidad por la gradual descomposición del estado de derecho en estas zonas. Pero la seguridad de éstas es algo que es inmediatamente relevante para los empresarios de los sectores anteriormente mencionados, que son fundamentales para el desarrollo económico del país y ofrecen también amplias oportunidades para los inversores internacionales.

Por supuesto, tiene razón el presidente Duque al decir que el narcotráfico es un problema que está creciendo, pero la solución no es fumigar los territorios desde el aire: esto será perjudicial para la legitimidad de un Estado que no hace presencia para atender las situaciones de violencia, pero sí para la intensificación del conflicto.

No hay duda de que el fin de la guerra con las Farc despertó el interés de inversionistas internacionales por Colombia y la promesa que representaba un país que estaba dejando atrás décadas de violencia abría numerosas oportunidades en distintos sectores incluidos infraestructura, minería, petróleo y gas, tecnología, agricultura, y servicios – una gran parte de ellos ubicados en municipios PDET.

Las noticias sobre las últimas masacres, que han dado la vuelta al mundo, señalan un importante retroceso en seguridad, que es a su vez una precondición para la inversión internacional. Es muy probable que esto tenga enormes repercusiones sobre la atractividad de Colomba como destino de inversión, de compra de materias primas, y de ubicación para operaciones empresariales.

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El Gobierno puede darse a la pelea mediática para argumentar que su gestión frente a las masacres ha sido eficiente, pero las noticias provenientes de los territorios sugieren una historia diferente. El sector privado debería tomar nota de que las percepciones de empeoramiento de la situación de seguridad tendrán repercusiones sobre su atractividad para potenciales socios internacionales, y demandar soluciones de fondo. Si el sector privado no puede hacer que el Gobierno cambie de parecer, ¿qué tan grandes deberán ser las manifestaciones para que entiendan la urgencia?

Posdata: El presidente Duque completa su moñona en las entidades de control político, que incluyen Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría. Si bien esto estremeció al país político, poco o nada significará para los ciudadanos de los municipios PDET si estas entidades, en particular la Defensoría y la Fiscalía, no son capaces de revertir las tendencias de violencia rural.