Opinión Online

A repartir pobreza

Mantener la confrontación armada le cuesta a Colombia $25 billones anuales, el equivalente a dos reformas tributarias.

Camilo Díaz
25 de junio de 2016

A repartir pobreza es a lo que llaman quienes invitan a rechazar los acuerdos de paz que hasta la fecha han alcanzado el Gobierno y las Farc. El conflicto le cuesta al país $25 billones anuales que son el presupuesto de seguridad y defensa que se mantiene para combatir a la insurgencia, ese dinero equivale a dos reformas tributarias o 2,1% del PIB, con el agravante de que el dinero gastado en la guerra evidentemente es plata quemada que no tiene forma de recuperarse, en cambio si deja un pasivo social elevado que de una u otra forma el Estado termina asumiendo ejerciendo más presiones sobre las arcas públicas.

Actualmente el crecimiento potencial de la economía colombiana es del 4% eso quiere decir que la economía nacional puede expandirse de manera continua a ese ritmo sin recalentarse, pero ese ritmo de expansión no es una condición suficiente para que Colombia pueda pasar a ser una nación desarrollada, lograrlo requiere de tasas de expansión anuales por encima del 6% y reducir la elevada brecha de desigualdad que existe en el país. Los cálculos del Gobierno y otros estudios concuerdan en que el fin del conflicto armado incrementará el crecimiento potencial de la economía llevándolo del 4% actual a un rango de entre el 5% y 6%.

Mayor tasa de crecimiento potencial derivada de la finalización del conflicto beneficia la generación de empleos, incrementa la recaudación de impuestos y genera ahorros en el gasto de funcionamiento del Estado, también permite una asignación más eficiente del gasto público llevando recursos hacia sectores con mayores tasas de rentabilidad como la educación, infraestructura, salud y adaptación al cambio climático. Esos sectores mejoran la competitividad del país porque le entregan mano de obra más productiva, conectan zonas geográficas antes alejadas, e incrementan la resiliencia frente a los fenómenos climáticos.

Así mismo el sector agrícola y energético serán unos de los más beneficiados porque el Estado podrá llegar con bienes y servicios públicos y seguridad para garantizar el desarrollo de actividades productivas, mientras que en el caso del sector energético se podrá acceder a zonas antes vedadas, los riesgos asociados con ataques a la infraestructura deberán desaparecer disminuyendo los gastos en seguridad, y paradas inesperadas por voladuras.

Por ejemplo, cuando se construyó el oleoducto Ocensa que va desde Cusiana hasta Coveñas en uno de los momentos más álgidos del conflicto entre los años 1995 y 1998 los gastos de seguridad ascendieron a US$59 millones de esa época, mientras que las contingencias por las voladuras que sufrió el ducto fueron US$166 millones, es decir, en total fueron US$225 millones o el 11% del total de US$2025 millones que costó Ocensa. Sin conflicto ese tipo de historias que a diario sufren grandes proyectos del país no se darán, mejorando la generación interna de los proyectos y facilitando las inversiones.

Otro de los beneficiados será la construcción, por el incremento en la demanda de infraestructura de todo tipo a nivel territorial, allí la infraestructura relacionada a la dotación de bienes públicos para transformar la agricultura en un sector competitivo, las vías secundarias y terciarias y la construcción de hospitales y escuelas continuarán dándole impulso. Se espera que la inversión aumente al 35% del PIB y la inversión extranjera suba a US$35.000 millones.   

Para el ciudadano del común además de vivir en un país en paz sin los peligros de la guerra o de enviar a los hijos a pagar el servicio militar, se espera según cálculos del DNP que puedan aumentar su consumo en el 5% de manera sostenida, ósea que haya mejor calidad de vida, y que el ingreso individual crezca en 54% es decir lo que se tiene hoy más la mitad.

Las razones anteriores son un motivo más para que los colombianos apoyemos la salida negociada del conflicto y cuando sea el momento votemos por el sí a la refrendación de los acuerdos pactados en La Habana. Entre otras porque en las ciudades que es donde se recogen las firmas para negar los acuerdos, la guerra solo se ve en televisores de pantalla plana o leyendo a través de teléfonos inteligentes trinos furiosos que llaman a continuar en lo mismo de hace 60 años.