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David Yanovich

Todo por un titular

La discusión sobre el cargo fijo de comercialización de energía es una muestra de cómo algunas decisiones de política terminan afectando a quienes precisamente se quiere proteger.

Dinero
2 de septiembre de 2012

Todo comenzó con la alerta del senador del Mira, Carlos Baena, advirtiendo sobre el cargo fijo. Luego, el Presidente y el Ministro de Minas afirmaron que había que tomarse más tiempo para estudiar la propuesta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) sobre el cargo fijo de comercialización de energía. En Twitter, el Primer Mandatario afirmó que “no nos gusta”, refiriéndose al tema.

Y hasta ahí llegó la cosa. Sin mayor debate, se decidió postergar la aplicación del cargo fijo por comercialización de energía eléctrica. Los argumentos de sus detractores son la afectación a la tarifa de energía que pagan los estratos más bajos. Pero la verdad, como suele suceder con muchos de los debates meramente políticos que se hacen en Colombia, es otra. Resulta que el cargo fijo, tal y como está planteado, en el corto plazo, es lo contrario. Es decir, evitar que la factura de energía de los estratos más bajos se siga elevando.

La historia es la siguiente. La actual metodología de fijación del cargo por comercialización no se ha revisado desde 1997, y consiste en calcular un costo por factura que se cobra de manera 100% variable en la factura de energía de todos los usuarios –residenciales, comerciales e industriales– con base en el consumo de energía de cada quien. En otras palabras, un monto fijo en pesos, estimado como el costo por factura, se divide por el consumo medio de los usuarios de un mercado relevante, y así se cubre ese costo.

Por otro lado, la comercialización es de libre competencia, y los consumidores de energía son libres de decidir quién les debe vender la energía. Generalmente los usuarios no regulados –aquellos de grandes consumos, generalmente la gran industria y usuarios de estrato 6– tienen la capacidad de negociar con diferentes comercializadores, cosa que no logran los usuarios regulados, generalmente residenciales, y en su mayoría de estratos 1, 2 y 3. Por esta razón, en varios mercados de Colombia –Boyacá, la Costa Atlántica, algo de Bogotá– lo que ha ocurrido es un descreme de los usuarios más intensivos en consumo de energía. Esto, para el cargo por comercialización variable, implica que mientras el numerador (el costo de la factura) se mantiene constante, el denominador (el consumo medio) se ha incrementado de manera importante, por la salida de usuarios de gran consumo. Esto, finalmente, se refleja en un incremento en el cargo por comercialización de aquellos usuarios que no tienen cómo negociar con su comercializador, que son los residenciales de los estratos más bajos.

En unos cálculos realizados hasta el año 2005, la firma Económica Consultores estimó que el sobrecosto para estos usuarios ha sido de alrededor de $1,3 billones de renta que están transfiriendo los estratos más bajos a los usuarios de mayor consumo de energía en el país por el descreme de los mercados. Adicionalmente, como las tarifas de los estratos más bajos son subsidiadas en hasta 60%, el costo fiscal de los subsidios se ha ido incrementando paulatinamente con el descreme.

Al aplicar un cargo fijo, lo que se busca es que los mercados sean menos vulnerables al descreme. Eso lo reconoció el Ministerio de Minas con la expedición del decreto 387 del 2007 (hace más de 5 años). La metodología de cálculo propuesta por la Creg, en la Resolución 045/12 que está en consulta, adicionalmente, contiene un multiplicador que se aplicaría al cargo fijo para evitar, de darse, incrementos sustanciales en las tarifas de energía de los diferentes usuarios. Finalmente, con el cargo fijo, aquellos que no consumen energía y que en cualquier caso tienen que pagar un costo de factura, son los que se afectarían de manera más directa. ¿Y quiénes son esos consumidores? No propiamente los de estratos bajos, que con casi absoluta seguridad no tienen casas de veraneo que permanecen apagadas la mayor parte del año.

Como suele ocurrir con muchos debates en materia de política económica, las cosas que se cuentan en público son a medias. Y finalmente quienes tienen la oportunidad de hacer política terminan afectando a aquellos a quienes dicen proteger. Todo por un titular.

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