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Alberto Carrasquilla

Salud y Negocio

El sistema de salud está ardiendo en Colombia y nosotros, pasmados y olvidadizos, estamos dedicados a echarle leña al fuego.

Dinero
1 de agosto de 2012

“La salud”, decía el presidente Santos hace un año, anunciando la reforma del sistema que el Gobierno estaba promoviendo en aquel entonces “no se puede enfocar como un negocio”, sugiriendo que, tratándose de un servicio tan preciado, todos los actores involucrados en proveerlo deben trabajar sin ánimo de lucro. Aunque todo discurso político se debe tomar con un grano de sal, la frase sí sugiere el lugar donde el presidente quiere ubicar al país en el amplio espectro de las posibilidades abiertas para atacar un lío evidente. La imagen que Santos quiere proyectar (para usar la terminología en boga), es extremadamente preocupante.

En primer lugar, porque abre una verdadera caja de Pandora. El acceso y la calidad de los servicios ofrecidos por el sector de la salud, desde luego, son muy importantes para la ciudadanía. Sin embargo, no es claro ni el espectro que la presunción de gratuidad debe cobijar, ni mucho menos que el sistema de salud sea el único depositario de actitud tan encomiable.

La presunción de gratuidad a la que Santos nos convoca, ¿incluye temas de salud pública? El acceso al agua potable, al alcantarillado, al tratamiento de las basuras, ¿tampoco se deben enfocar como negocios? ¿Debemos suponer gratuidad en el caso de optar por dietas balanceadas y ejercicio moderado? ¿Y por qué razón debemos limitar la presunción de gratuidad a la salud? ¿Por qué no, de una vez, incluir la comida, que es tan importante, o, al menos, la canasta familiar?

Que no sean solo los empresarios del sector de la salud –los aseguradores, los prestadores del servicio hospitalario, los productores, importadores y comercializadores de drogas– los que aporten su capital gratis, que de una vez entren los agricultores, ganaderos, comerciantes, los fabricantes y los importadores de comidas procesadas y, ¿por qué no, también los transportadores que prestan el crucial servicio de acercar la comida a nuestra mesa?. El agua, el saneamiento básico y la nutrición son tan cruciales como la salud, de hecho le son consustanciales. No por ello van a ser provistos de manera adecuada en ausencia del vilipendiado ánimo de lucro.

El planteamiento presidencial y la política pública que ha venido enquistando me angustian, en segundo lugar, porque si hay algo que ha demostrado enormes resultados sociales es la también vilipendiada Ley 100 que reemplazó la elitista y excluyente figura del prestador único estatal. No obstante, la gritería ensordecedora que el tema suscita, lo cierto es que detrás de bambalinas, en estudio tras estudio, así se demuestra claramente. Como lo decía un trabajo muy importante comisionado por la Fundación Corona en 2007 y preparado por profesionales de primera línea: “Los aumentos en afiliación se han dado en todos los estratos, ya sea por zona de residencia, región, género o quintil de riqueza. Sin embargo, los avances han sido mayores en los grupos menos favorecidos, lo que ha llevado a un descenso en todas las inequidades”.

De un sistema en el cual la inmensa mayoría estaba excluida, se logró encender, ahí sí, una locomotora generadora de equidad, prácticamente la única política social que verdaderamente beneficia a la población más pobre, como queda claro repasando la literatura sobre incidencia del gasto social en Colombia. Cosa distinta es que no se haya logrado idear una estructura financiera adecuada, un problema menor en lo técnico, pero mayúsculo en lo político porque implica redistribución de la clase media, que sí vota, a la población verdaderamente pobre, que no lo hace.

En tercer lugar, me aterra el momento. Hay sobre la mesa propuestas concretas de volver al proveedor único estatal y diariamente hay pequeños actos consistentes con ese anhelo funesto. De avanzar por esta trocha, cometeríamos un absurdo digno de Ripley, por ser un país que ya se dio la pela fundamental, logrando la cobertura universal. Me parece aterrador que, en lugar de convocar y liderar a la ciudadanía y convencer a los togados alrededor de un propósito colectivo por lograr mejorar el servicio, financiar, perpetuar el sistema de aseguramiento y defender la cobertura universal y equitativa, el Presidente haya optado por echarle leña a la hoguera prendida por olvidadizos que buscan derogar un sistema que, aunque lleno de problemas solucionables con alguito de voluntad política, es ejemplo internacional.

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