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Fanny Kertzman

Reforma suicida

Es extraño, por decir lo menos, que la administración le jale ahora, en medio de un proceso de paz, a un proyecto tan desgastante como la reforma tributaria.

Dinero
26 de septiembre de 2012

Dentro de las quince iniciativas legislativas que el Gobierno anunció la semana pasada está la reforma tributaria. Es extraño, por decir lo menos, que la administración le jale ahora, en medio de un proceso de paz, a un proyecto tan desgastante, donde hay que repartirles a todos los parlamentarios, pues nunca va a ser popular subir impuestos. Y curiosamente el Gobierno se va a meter en esas cuando no se requiere recaudo adicional.

Atrás quedaron las épocas en que si no se hacía reforma tributaria el gobierno pasaba agua. Hoy, por el contrario, el recaudo es envidiable, por lo que la administración se puede dar el lujo de bajar tarifas como la del impuesto de renta, que pasa de 33% a 27% para sociedades nacionales. No obstante, es odiosa la discriminación que se hace contra sociedades extranjeras que son gravadas con 30%. Simplemente ¿por qué

Bienvenida la eliminación de renta presuntiva al patrimonio, que es hoy de 3%, pero se reemplaza por un impuesto mínimo que tiene como premisa que todas las sociedades tienen gastos de solamente hasta 40% de los ingresos netos. Los intereses deducibles se fijan al 5% de los ingresos. Esto presupone una tasa de utilidad rígida e idéntica para todos los negocios, sin tener en cuenta la naturaleza de los mismos. En el comercio, por ejemplo, los márgenes son muy pequeños pues lo que se maneja es volumen. Si solo se permite deducir 40% de los gastos, se puede llegar al absurdo de que una sociedad tribute al 240%, con un margen de utilidad bruta de 5%. Lo peor de todo es que a mayor margen de utilidad, menor es la tasa impositiva. Una sociedad con un margen de 50% tiene una tasa de tributación efectiva de 30%.

La reforma pretende poner a tributar a los informales, a los vendedores ambulantes, cuando es sabido en la Dian que en estos casos cuesta más la administración del tributo que su recaudo. Si se trata de formalizar la economía, más bien se debería eliminar el 4 x 1000 por anti técnico y anti equitativo. Ese impuesto sí que informaliza las transacciones y va en contra de la bancarización.

En contra de la formalidad va también la eliminación de la deducción de la base salarial de los aportes voluntarios a fondos de pensiones. Este es prácticamente el único incentivo que tienen los asalariados de mayores ingresos de aumentar su ahorro a través del sistema de pensiones. Al eliminarse la deducibilidad, el asalariado puede escoger cualquier otro tipo de ahorro.

No tiene presentación que se vuelva a la doble imposición de los dividendos. En Colombia esa pelea ya estaba superada. Si una sociedad paga impuestos sobre las utilidades, la repartición de las mismas no debe generar otro impuesto. Con la reforma tributaria quedan gravados los dividendos al 4% y se vuelve a la doble tributación.

En lugar de propender por la eliminación de tarifas diferenciales de IVA, la reforma las perpetúa a niveles de 5%, 10%, 16% y 20%. No hay nada más difícil para la administración que la fiscalización de tasas diferenciales originadas en el mismo hecho económico. El proyecto entra a gravar ciertos productos de la canasta familiar a la tarifa de 5%. Yo no le temo al coco de la canasta familiar, pero estoy en contra de la diferenciación de tarifas.

No se resuelve el problema de los insumos agropecuarios que no tienen IVA pero sus insumos si lo tienen, por lo que los fabricantes o importadores deben asumirlo como costo. Este es el único sector de la economía que quiere pagar más impuestos y es muy sensible al TLC con Estados Unidos, al haber abierto el mercado agrícola.

Pero tal vez el peor problema de la reforma tributaria es la miopía política de tratar de reorganizar el Estatuto Tributario, artículo por artículo, en la Ley. Es aquí donde se meten todos los goles. Los impuestos se protegen porque según la Constitución del 91 la iniciativa impositiva está en manos del Ejecutivo. Pero al abrir la puerta de poner a discusión los más de 850 artículos del Estatuto, se someten todas las bases, procederes y tarifas de los impuestos en Colombia a la voluntad de los parlamentarios, que van a representar a toda la maraña de intereses. Semejante bocado de cardenal en el tercer año de gobierno y con proceso de paz encima es suicida, por decir lo menos.

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