Pequeña debacle y dos reflexiones

Hay que comenzar registrando con claridad el hecho de que el sector financiero colombiano ni se inmutó en virtud de las dificultades que llevaron, al cabo, a la liquidación de la firma comisionista InterBolsa. La tasa de interés de los TES que vencen en julio de 2020, por ejemplo, baja de 6,11% a 5,93% entre finales de septiembre y mediados de noviembre. La tasa de cambio, durante el mismo lapso, pasa de alrededor de $1,800 a los alrededores de $1,820, una depreciación a todas luces minúscula. Los índices bursátiles, aunque con más bailoteo en el interim que los otros activos, son iguales a mediados de noviembre a los observados al comenzar octubre. Quizás más relevante, los depósitos totales en el sistema (los llamados pasivos sujetos de encaje) de hecho suben de $247,4 billones al finalizar septiembre a $252 billones al comenzar noviembre (última cifra disponible).

La tranquilidad imperante en el mercado muestra diversas realidades inmensamente positivas. Primero, la gente confía en el sistema privado y en su capacidad de absorber problemas de relativo calado de manera ordenada. Así ocurrió. Si bien pudo haber nerviosismo en el seno de algunos comités internos, el hecho es que esos nervios jamás se vieron en la calle. Segundo, al Estado, en general, y a la Superintendencia Financiera en particular, no le tembló la mano para hacer lo que tenía que hacer y la posibilidad de regatear salidas dignas, o el temor de que la liquidación tuviera implicaciones más hondas, por fortuna, jamás estuvieron sobre la mesa.

Pasando de este telón de fondo, a todas luces muy satisfactorio, a los detalles, la crisis de la corredora motiva a retomar, de nuevo, dos viejas reflexiones regulatorias.

En primer lugar, por obvio que parezca, el hecho es que la actividad financiera consiste, precisamente, en tomar riesgos. En hacer apuestas, si se quiere, con dinero ajeno y eso, a veces, sale muy mal. Cuando ocurre, inevitablemente surgen voces que claman por más regulación, más control y más Estado. En el caso específico de InterBolsa, cabe preguntar exactamente qué hubiera podido hacerse diferente y mi impresión es que no mucho. ¿Prohibir operaciones Repo amparadas en acciones que al funcionario de turno le parezcan mal valoradas? Ni creo que haya facultades, ni creo que sea buena idea meterle burocracia a los mutuos acuerdos entre profesionales. Las operaciones Repo, por ejemplo, tienen valor con origen en dos cosas distintas: a quién le presto mi plata (y la de mis clientes) y qué pasa si mi contraparte no me paga. Desde luego que tienen que ser valoradas con base en las garantías que las amparan y todo sugiere que en el caso que nos ocupa hubo jugarretas bursátiles. Pero los Repos también tienen otra dimensión de valor que puede incluso ser más relevante: el riesgo percibido en la contraparte, el cual era bajísimo, para efectos prácticos, en el caso de InterBolsa. Difícil, creo yo, para el Estado salir a cuestionarles a los operadores la manera como miden y manejan el día a día de sus riesgos de contraparte.

En segundo término, la línea entre la insolvencia y la iliquidez siempre ha sido tenue en el mejor de los casos, o inexistente a la hora del té. Si uno mira el balance de la comisionista antecitos, se da cuenta de que el patrimonio excede por mucho lo que internacionalmente se considera razonable. La compañía hubiera pasado cualquier stress test que le hubieran practicado. En otras palabras, medido con un rasero aceptado en el mundo entero, la empresa era solvente y tenía, en consecuencia, capacidad adecuada de maniobra. Esa fábula duró lo que dura el acceso a cupos de crédito de corto plazo, es decir, lo que dura la liquidez. Si eso es cierto, cabe preguntar cuál es, exactamente, el bien público que produce el complejo aparato regulador del Estado. Ciertamente el bien público no es una garantía de que los recursos depositados de buena fe estén a salvo de toda vicisitud. Para eso, los recursos tendrían que ser totalmente líquidos, lo cual lleva a pensar que de pronto conviene pensar en esquemas regulatorios que separen de manera más tajante los recursos de aquellos depositantes que quieren que su plata esté representada en TES respecto de aquellos que quieren compartir riesgo con banqueros profesionales en el oficio.