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Jorge Gabriel Taboada | 6/6/2012 6:00:00 PM
Las cuentas del genio de la lámpara
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Colombia anunció que aplicará estándares de transparencia de la EITI sobre los recursos que llegan de prácticas extractivas. Este es apenas el primer paso.
Uno de los cuentos más conocidos de Las Mil y una noches es el de Aladino y la lámpara maravillosa. Supongo que todos quisiéramos tener la suerte de Aladino, un muchacho ignorante y mas bien haragán que, gracias a un golpe de suerte, encontró una lámpara dentro de la cual vivía un poderoso genio condenado por artes mágicas a servir a quien la tuviera en su manos. La historia de Aladino pone a soñar a los lectores de Las Mil y una noches en ser los dueños de la lámpara maravillosa para poder ordenar al genio que la habita que use su magia para enriquecerlos.
Los gobernantes de los países ricos en recursos naturales pueden tener en sus manos una lámpara maravillosa parecida a la de Las Mil y una noches, gracias al derecho que tienen los Estados que gobiernan a recibir alguna parte –aun cuando sea pequeña– de las riquezas que hacen brotar de su suelo los extranjeros de aspecto exótico (americanos, franceses, chinos) que hacen minería o explotan petróleo en su jurisdicción. Basta con que los gobernantes no estén obligados a decirle nada a nadie sobre cuánto reciben del genio de la lámpara para que puedan hacerse ricos como Aladino. Por lo mismo, es probable que no quieran que los ciudadanos sepan mucho sobre el verdadero valor de los recursos que de su país se llevan las compañías mineras y petroleras, ni sobre los pasivos ambientales que allí les dejan.
La falta de transparencia sobre cuánto pagan las compañías mineras y petroleras a los Estados donde funcionan, y sobre cuánto de lo pagado ingresa oficialmente a las arcas públicas, permite que la mayoría de los habitantes de ciertos países ricos en recursos naturales viva en la paradoja de la pobreza dentro de la abundancia, mientras que unos pocos se enriquecen inmensamente.
Para combatir esta situación, desde 2002 se ha venido avanzando en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), una idea propuesta inicialmente por Tony Blair, que consiste sencillamente en que el gobierno de cada país se compromete a informar a un auditor independiente la suma que recibió el Estado de las empresas extractivas que allí funcionan; ese compromiso lo asumen también las respectivas empresas, las cuales deben informar separadamente al mismo auditor el valor de las sumas que pagaron a ese Estado. Con estos datos, los habitantes de dichos países pueden verificar que estas cifras cuadren y además pueden exigir a sus gobernantes que les digan cómo invirtieron los recursos.
Esta iniciativa comenzó a funcionar con el Banco Mundial desde 2002 en Nigeria, Ghana y Azerbaiyán, y hoy 14 países, incluyendo el Perú, tienen el estatus de “país cumplidor” de los criterios establecidos por el EITI y hay más de 20 países candidatos a hacer parte de esa iniciativa.
El mecanismo de funcionamiento del EITI es sencillo y pragmático. Los países interesados en cumplir con los criterios exigidos de transparencia y verificación independiente tienen que convenir un plan de trabajo con el EITI para implementar los criterios, y una vez cumplen el plan obtienen el estatus de “país candidato”. Durante los dos años y medio siguientes a su aceptación como candidatos, los países deben “validar” que cumplen con los criterios, tras lo cual obtienen el estatus de “país cumplidor” y cada cinco años los países cumplidores son auditados por el EITI para validar que siguen aplicando los estándares de transparencia y verificación que se comprometieron a cumplir.
En la junta del EITI están representados tanto los países que forman parte de la iniciativa como las grandes compañías extractivas y la sociedad civil. A esta última le corresponde ser el protagonista más importante en la implementación de la iniciativa, porque la iniciativa está dirigida a facilitar que se forme un consenso social entre las personas que hacen parte de las comunidades donde funcionan las compañías extractivas, sobre la conveniencia de permitir la actividad minera y petrolera en sus tierras a la luz de los costos y de los beneficios que traen estas actividades a sus vidas. Sin este consenso, la industria minera no es sostenible en los países productores en el largo plazo, lo que a su turno puede repercutir negativamente en la estabilidad y el crecimiento económico de todos los países del mundo por la importancia que tienen estos insumos para la economía mundial.
El pasado 18 de abril el presidente Santos anunció en Brasilia que Colombia aplicará los estándares de transparencia de la EITI. Este fue un buen primer paso pero faltan varios más. Ahora, la sociedad civil colombiana debe iniciar un diálogo constructivo con el gobierno, incluyendo tanto los funcionarios del sector central como los de los departamentos y los municipios, sobre la forma como se cumplirán estos estándares buscando, entre otras cosas, arrojar más luz sobre lo que hoy hacen con estos ingresos las administraciones regionales. Amanecerá y veremos.
Los gobernantes de los países ricos en recursos naturales pueden tener en sus manos una lámpara maravillosa parecida a la de Las Mil y una noches, gracias al derecho que tienen los Estados que gobiernan a recibir alguna parte –aun cuando sea pequeña– de las riquezas que hacen brotar de su suelo los extranjeros de aspecto exótico (americanos, franceses, chinos) que hacen minería o explotan petróleo en su jurisdicción. Basta con que los gobernantes no estén obligados a decirle nada a nadie sobre cuánto reciben del genio de la lámpara para que puedan hacerse ricos como Aladino. Por lo mismo, es probable que no quieran que los ciudadanos sepan mucho sobre el verdadero valor de los recursos que de su país se llevan las compañías mineras y petroleras, ni sobre los pasivos ambientales que allí les dejan.
La falta de transparencia sobre cuánto pagan las compañías mineras y petroleras a los Estados donde funcionan, y sobre cuánto de lo pagado ingresa oficialmente a las arcas públicas, permite que la mayoría de los habitantes de ciertos países ricos en recursos naturales viva en la paradoja de la pobreza dentro de la abundancia, mientras que unos pocos se enriquecen inmensamente.
Para combatir esta situación, desde 2002 se ha venido avanzando en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), una idea propuesta inicialmente por Tony Blair, que consiste sencillamente en que el gobierno de cada país se compromete a informar a un auditor independiente la suma que recibió el Estado de las empresas extractivas que allí funcionan; ese compromiso lo asumen también las respectivas empresas, las cuales deben informar separadamente al mismo auditor el valor de las sumas que pagaron a ese Estado. Con estos datos, los habitantes de dichos países pueden verificar que estas cifras cuadren y además pueden exigir a sus gobernantes que les digan cómo invirtieron los recursos.
Esta iniciativa comenzó a funcionar con el Banco Mundial desde 2002 en Nigeria, Ghana y Azerbaiyán, y hoy 14 países, incluyendo el Perú, tienen el estatus de “país cumplidor” de los criterios establecidos por el EITI y hay más de 20 países candidatos a hacer parte de esa iniciativa.
El mecanismo de funcionamiento del EITI es sencillo y pragmático. Los países interesados en cumplir con los criterios exigidos de transparencia y verificación independiente tienen que convenir un plan de trabajo con el EITI para implementar los criterios, y una vez cumplen el plan obtienen el estatus de “país candidato”. Durante los dos años y medio siguientes a su aceptación como candidatos, los países deben “validar” que cumplen con los criterios, tras lo cual obtienen el estatus de “país cumplidor” y cada cinco años los países cumplidores son auditados por el EITI para validar que siguen aplicando los estándares de transparencia y verificación que se comprometieron a cumplir.
En la junta del EITI están representados tanto los países que forman parte de la iniciativa como las grandes compañías extractivas y la sociedad civil. A esta última le corresponde ser el protagonista más importante en la implementación de la iniciativa, porque la iniciativa está dirigida a facilitar que se forme un consenso social entre las personas que hacen parte de las comunidades donde funcionan las compañías extractivas, sobre la conveniencia de permitir la actividad minera y petrolera en sus tierras a la luz de los costos y de los beneficios que traen estas actividades a sus vidas. Sin este consenso, la industria minera no es sostenible en los países productores en el largo plazo, lo que a su turno puede repercutir negativamente en la estabilidad y el crecimiento económico de todos los países del mundo por la importancia que tienen estos insumos para la economía mundial.
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