| 7/19/2019 12:01:00 AM

La Economía: ¿una discusión aplazada?

Con la conmemoración del día de la independencia, en Colombia se da inicio a otro período legislativo, y el Gabinete de Iván Duque empieza a afinar la estrategia para mejorar sus relaciones con el Congreso ¿Podrá el Gobierno Duque revertir la tendencia y sobreponerse a su precario desempeño en materia legislativa?. Un análisis de Mariana Perea

El 20 de julio entra en curso la nueva legislatura, con la que se inicia una nueva agenda en el Congreso; por tanto, se renueva la mesa directiva tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, y se eligen los nuevos presidentes de las comisiones permanentes. Nadie -que no sea un analista- le para bolas a esto. Sin embargo, la elección de los presidentes del parlamento es muy importante, ya que funcionan como los “árbitros” dentro del capitolio: son los que abren y cierran las sesiones en el legislativo, organizan las discusiones, dan la palabra, establecen la agenda para el debate de los proyectos de ley, y se encargan de conformar las Comisiones accidentales, entre otras funciones. En otras palabras, los presidentes del órgano legislativo son los garantes del funcionamiento democrático en la tramitación de las iniciativas legales. 

Para que se entienda la dimensión de esto, por ejemplo, proyectos de ley como la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos, del paquete anticorrupción, se cayeron por falta de tiempo para su discusión en el Congreso. Esto ocurrió, porque en la agenda se priorizaron o, se alargaron otros debates (como las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP) y esto fue responsabilidad de las mesas directivas, mejor dicho, de lo que se decide el 20 de julio. Entonces, la posibilidad de que se discutan los proyectos que a usted le interesan como ciudadano, en gran medida, dependen de la mesa directiva del Congreso. La mejor manera de eliminar una propuesta incómoda en Colombia no es atacándola, sino ignorándola.

Ahora bien, estamos ad-portas de entrar a un nuevo período legislativo, que se enmarca en una álgida coyuntura económica y social. Las cartas ya están sobre la mesa: desde el año pasado con la conformación del Congreso, los partidos mayoritarios de gobierno e independientes llegaron a un acuerdo para repartirse el poder. Conforme a esto, la presidencia en el Senado le correspondió al partido de gobierno, el Centro Democrático. Esto con el fin de garantizar mayor efectividad en el trámite de las iniciativas de la administración que se estrenaba. Mientras que la Cámara de Representantes estuvo en cabeza del Partido Liberal. En esta nueva legislatura, las dos cámaras del Congreso estarán dirigidas por partidos declarados independientes: el Senado será presidido por el Partido Liberal, con Lidio García y en la Cámara de Representantes Alberto Cuenca, del partido Cambio Radical, estará en la cabeza de la mesa directiva. Lo cual augura, a primera vista, un ambiente complicado para las relaciones entre el Gobierno y el Congreso en este período.

Cabe anotar que en el “gran acuerdo nacional”, al que convocó el Presidente Iván Duque en mayo, no se obtuvieron los resultados esperados para lograr alinear a los partidos independientes con la agenda política del Gobierno. Es más, aún teniendo la presidencia en el Senado, el Gobierno Duque tuvo pocos logros en el Congreso, lo que resulta preocupante, ya que el primer año de mandato suele ser el más propicio para que el Ejecutivo tramite las leyes de su interés. Según el análisis de la Silla Vacía, el 27,78% de las propuestas de Duque han naufragado en el legislativo, y tan solo 6 de los 18 proyectos presentados siguen en pie.

También es importante decir que, tanto Lidio García como Alberto Cuenca (próximos presidentes del Congreso) votaron en contra de las objeciones de la JEP. El tema que más dividió las relaciones entre el Ejecutivo y los partidos independientes. Los mismos que hoy por hoy, son los que tienen el poder de inclinar la balanza entre el Gobierno y la oposición.

Con este panorama en el Congreso, Iván Duque se enfrenta a un nuevo año de gobierno, que tiene unos grandes retos en materia económica y social. Uno de los problemas principales es el tema del incremento en la tasa de desempleo, que llegó al 10,3%, cifra que parece ir en aumento. Al desempleo se suma una desaceleración de sectores como el de la construcción (una de las actividades que más genera empleo) y una devaluación acelerada del peso colombiano. Todos los anteriores, podrían ser síntomas de una recesión económica a mediano plazo, que urge enfrentar. Por tal motivo, el paquete de medidas económicas en el legislativo es prioritario.  Reformas como la laboral y la pensional son asuntos claves, para aliviar la desaceleración económica que se avecina.

No obstante, también hay que tener en cuenta que entramos en época de elecciones, y los comicios regionales y locales de octubre pueden entorpecer el trámite de estas reformas, por los intereses electorales de los partidos políticos.

Otro factor que le juega en contra a la agenda económica del país, son los proyectos prioritarios del partido de gobierno, el Centro Democrático, que no tienen nada que ver con la economía del país. Según parece, el Centro Democrático va a utilizar su fuerza política en esta legislatura para tramitar el proyecto de ley de segunda instancia retroactiva y, muy probablemente, aprovechará la coyuntura política para adelantar una reforma a la justicia, que se viene anunciando desde que ganaron las elecciones en el 2018. Aunque las mayorías y el ambiente en el Congreso no parecen estar aseguradas para el Uribismo, es muy probable que la discusión legislativa se enfoque en dichos temas. Entre tanto, las reformas económicas seguirán posponiéndose.

En ese sentido, todo apunta a que tendremos otro período legislativo obstruido por los intereses del Centro Democrático, que tal como lo demostró en la legislatura pasada, parece más un obstáculo, que un apoyo para el Gobierno. Así pues, la administración de Duque se ha dejado enredar por las discusiones políticas promovidas por su propio partido. Discusiones que en nada le han ayudado a la gobernabilidad y a la eficacia de su mandato, y tampoco han contribuido para resolver los problemas de la ciudadanía colombiana. Al contrario, han representado un alto costo para la estabilidad del Gobierno, mientras temas muy importantes de la agenda nacional son desatendidos.

Uno de esos aspectos ha sido la economía, donde ya se empezaron a evidenciar los síntomas de la enfermedad. Reiterándolo entonces, mientras el gobierno se enfrasca en discusiones sin salida (como en su momento fueron las objeciones a la JEP y ahora será la llamada “ley Arias”) otros temas urgentes quedan relegados o en segundo plano en la agenda gubernamental. Como dijo el exministro, Juan Camilo Restrepo, en entrevista con María Isabel Rueda: “el desempleo no solo se está convirtiendo en el mayor problema del país, sino que debería ser el gran tema del Gobierno, que es el que tiene que generar y promover las grandes políticas de generación de trabajo”. Sin embargo, hasta el momento, Duque y su gabinete no han hablado de iniciativas específicas respecto a este tema, ni un plan concreto para hacerle frente a esta situación en el próximo año. Entre tanto, la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, salió el pasado miércoles 17 de junio a apoyar el proyecto de la segunda instancia retroactiva. Una vez más, quedan al descubierto las prioridades de Duque y su equipo, que como van las cosas, pueden salirnos muy caras a todos los colombianos.

EDICIÓN 562

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