¿Qué pasará en Ecuador?

El domingo 28 de septiembre los ecuatorianos casi seguramente aprobarán, una nueva constitución en un referendo promovido por el gobierno. La nueva carta puede tener un efecto negativo para los negocios, especialmente para los financieros, agropecuarios, de medios de comunicación.

De una parte, la constitución propuesta aumentará sustancialmente la participación estatal en la economía y su ingerencia en las relaciones de consumo, producción e intercambio.

“La constitución es comunitarista, cooperativista, solidaria y apenas en un último lugar, privada”, le dijo a Dinero.com Fabián Corral, abogado de la firma Corral-Sánchez, que fue invitado a Bogotá por el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría, para hablar sobre el efecto que tendrá el cambio normativo sobre las empresas.

“El protagonista es el estado. Será planificador, interventor, garantista y gestor de la economía”, dijo.

La planificación de la actividad económica aparece en muchos lugares de la constitución, advierte. De hecho el Consejo Nacional de Planificación, tiene atribuciones muy poderosas para intervenir en los mercados.

La filosofía que está detrás del proyecto constitucional la encuentra el abogado en un principio que manejan los indígenas ecuatorianos, bolivianos y peruanos. Sumac Kausay, es el término quichua que lo define y que se traduce como el Buen Vivir. Este principio propone que “no hay que vivir mejor, hay que vivir igual”.

Ese principio descarta el modelo de desarrollo occidental y lo cambia por un modelo comunitario en el que se mantiene el estado de cosas, explica Fabián Corral. En el nuevo arreglo jurídico, habría “formas de propiedad que pueden ser desalentadas si atentan contra el Buen Vivir”, señala el abogado ecuatoriano Eduardo Carmigiani, de la firma Zavala Baquerizo.

En concreto

La constitución tiene un componente político que pretende controlar al sector financiero y a los medios de comunicación electrónicos, sostiene Eduardo Carmigiani.

Por ejemplo, establece que todas las empresas que exploten recursos naturales no renovables y el espectro electromagnético tendrán que entregar cuando menos el 50% de sus utilidades al Estado. El porcentaje podría ser mayor si lo estableciera el gobierno más adelante.

También permite el control de otras actividades. El artículo 335 dice que el Estado “regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, intermediación especulativa de los bienes y servicios así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos colectivos”.

El riesgo para las actividades financieras parece ser elevado. “Los cuatro principales bancos del país están abriendo bancos de licencia general en Panamá. Lo mismo que hicieron los bancos venezolanos”, dice Eduardo Carmigiani. De los cuatro, tres ya tienen sus licencias aprobadas y una más está en trámite.

Los operadores de canales de televisión y celulares, que usan el espectro electromagnético, no están preocupados por la obligación de entregar el 50% de sus utilidades todavía.

A los floricultores, en cambio, les preocupa que el texto constitucional y la actitud de los indígenas - que son apenas el 7% de la población pero, en opinión de los dos abogados, es un grupo cohesionado y fuerte -, podría materializar más temprano que tarde un programa de redistribución de tierras. Del mismo modo, los indígenas ecuatorianos ganarían la posibilidad de reclamar sus derechos ancestrales sobre la tierra, un asunto que puesto en el tapete, sin que se sepa cómo operaría, atemoriza a los productores agropecuarios.

A todos los negocios les preocupa que la constitución establece cinco causas diferentes para la expropiación de bienes. Entre ellas están justificaciones como que la requieran el plan de desarrollo, o el interés comunitario, explica Fabián Corral. Así mismo, establece como condición para conservar la propiedad, es que cumpla con una función social y ambiental.

Los calificadores de riesgo se desvelan con una sección del nuevo texto que establece que los derechos que consigna la constitución se pueden reclamar por la vía judicial. Esto podría significar que los ciudadanos podrían demandar al estado en una corte para exigirle el cumplimiento de esos derechos, aun costo fiscal que podría ser insoportable.

Frente al resultado, al parecer la suerte está echada. El pronóstico de los dos expertos es que el referendo será aprobado por un 55% - 60% de los votantes. No es una elección holgada, pero difícilmente ven que pueda ganar el No.