Para apostarle a la legalidad

En la más reciente encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), de la Asociación Nacional de Industriales, los propios empresarios aseguran que el contrabando abierto, seguido de las prácticas desleales de comercio, falsificación y piratería, evasión de todo tipo de impuestos y parafiscales, la presencia de productores informales y el contrabando técnico, son los problemas más comunes que tienen que enfrentar en el país.

Tanto así que el 43,7% de los empresarios considera que estos flagelos tienen un impacto muy fuerte sobre la actividad productiva, siendo los sectores de la hilatura, cuero, calzado, edición, derivados del petróleo, caucho y aparatos de uso doméstico, los más afectados.

Según la Andi, se deben emplear masivamente mecanismos de estímulo y de coerción. Los empresarios consideran que deben existir más incentivos, la creación de un marco tributario que facilite el ingreso a la actividad formal y la generación de empleo en empresas formales. Respecto a los factores de control, el principal se refiere al contrabando y al dumping y, en general, a una mayor vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes colombianas.

Estos antecedentes le sirvieron a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, y a la Fiscalía General de la Nación, para suscribir un convenio de cooperación con el propósito de adelantar labores conjuntas contra la falsificación de productos y la usurpación de derechos de propiedad industrial, delitos que afectan básicamente a los alimentos, medicamentos, licores y en general a los productos relacionados con la vida y la salud de las personas.

Mediante ese convenio, las dos partes se comprometen al fortalecimiento de la capacidad de la Fiscalía para adelantar acciones de investigación y judicialización de conductas relacionadas con esos delitos.

La Andi suministrará información oportuna a la Fiscalía sobre los hechos y conductas relacionadas con ese tipo de delitos, mantendrá actualizada una lista de empresas vinculadas al Proyecto contra la Falsificación de Productos y Usurpación de Marcas, orientará a sus afiliados sobre el procedimiento para instaurar las denuncias correspondientes y capacitará a los empresarios y jefes de seguridad de las empresas para que tengan el conocimiento técnico que requieren e identificar los productos alterados.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación se comprometió a fortalecer la unidad nacional especializada de delitos contra la propiedad intelectual y las telecomunicaciones, a crear un sistema que facilite la formulación de denuncias, a fortalecer el grupo de investigadores, a hacer un seguimiento de los casos que se detecten en cada una de sus seccionales en el país y a mantener una línea 9800 para facilitar el proceso de denuncias.

“Esta es una ratificación del convenio y lo que básicamente busca es unir los esfuerzos del sector privado y del sector público que es el encargado de investigar y sancionar estos delitos en la lucha contra la fabricación de productos relacionados con la vida y la salud, como alimentos, medicamentos, licores y productos de consumo masivo”, asegura el Gerente de la Cámara contra falsificación de la Andi, Ernesto Rengifo, quien además sostiene que este es un mensaje para las autoridades, para decirles que ahí están los empresarios y el sector privado, para colaborar en la lucha contra estos flagelos que hace perder mucho dinero a quienes están del lado de la ley.

El convenio, que estará vigente durante los próximos dos años, prorrogables, será coordinado por el Jefe de la Unidad Especializada de Delitos contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones de la Fiscalía y por el Gerente del Proyecto contra la Falsificación de Productos y Usurpación de Marcas de la Andi.

“Este convenio es básicamente para que el sector privado se comprometa a denunciar y dar información para favorecer con las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación adelante. Esto lo que hace es que los empresarios funcionen con mayor dinamismo y contundencia frente a estos delitos”, agrega Rengifo.

El Proyecto contra la Falsificación de Productos y la Usurpación de Marcas de la Andi, funciona desde 1998 con el objetivo de adelantar acciones de investigación sobre esa problemática, seminarios de capacitación y campañas para combatir ese delito, creado una gran sinergia entre empresas que dan la información y la Fiscalía, quien es la que recibe la información y la procesa.

De todas maneras, Colombia no está tan de capa caída, pues este modelo ha servido de ejemplo y punto de partida para otros países. Lógicamente falta mucho por hacer frente al tema, pero los mismos empresarios han creado las soluciones y lo que se está percibiendo es que la falsificación ha decrecido en ciertas partes del país, pero el contrabando ha aumentado, explica Rengifo. Lo importante acá es que las empresas extranjeras han visto con muy buenos ojos ese modelo y ese trabajo mancomunado que se ha venido realizando desde hace algunos años.

“Infortunadamente decir que algo no es falsificable resulta complejo, pero cuando se trata de la salud pública es aún mucho más delicado, pues muchas veces las personas están en la incapacidad de diferenciar el producto bueno del malo. En general, gran parte de los sectores son víctimas de la criminalidad del siglo XXI”, concluye el Gerente de la Cámara contra falsificación de la Andi, Ernesto Rengifo