Los dueños del camino

Las grandes obras de infraestructura no se seguirán haciendo ‘con la cédula’, es decir sin el músculo financiero requerido, como ocurrió en el pasado. Con la adopción de la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), el sector financiero tendrá un papel mucho más protagónico pues pasarán de ser simples financiadores a convertirse en los grandes administradores de los proyectos, gracias no solo a que tienen el músculo financiero sino también al conocimiento en el manejo de riesgos y en su estructuración (project finance). Así lo entienden incluso los constructores, encabezados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), y el mismo Gobierno.

Dado que en la nueva generación de concesiones no habrá anticipos y los pagos comenzarán una vez las obras estén construidas y en servicio –entre otros cambios– los concesionarios requerirán una mayor capacidad financiera. Por esto, según Germán Cardona, ministro de Transporte, “los inversionistas de largo plazo y financiadores van a tomar un papel de mayor relevancia en la conformación de los consorcios y serán los grandes administradores de los proyectos. Y si los bancos están de acuerdo en invertir sus posiciones de largo plazo en infraestructura, a través de sus corporaciones financieras o mediante fondos de inversión, tendrán un papel más relevante”, agrega.

Los que mejor preparados están para aprovechar estos cambios son los grandes conglomerados financieros como el Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento, el Grupo Colpatria y Bancolombia, del Grupo Empresarial Antioqueño, pues no solo tienen equipos especializados en estructuración de proyectos de infraestructura a través de sus Corporaciones Financieras sino que ya han mostrado su interés en participar en el capital de las empresas del sector.

El Grupo Aval, a través de Corficolombiana, es hoy el principal concesionario de carreteras del país, con más de 850 kilómetros en concesión. Actualmente está ejecutando dos de los más importantes proyectos viales, la Ruta del Sol sector 2 y la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Además, es dueño de otras concesionarias –como Pisa y Coviandes– y acaba de comprar la Concesión Panamericana (ver recuadro).

“Corficolombiana tiene un valor de mercado de $6 billones y alrededor de 70% del portafolio es infraestructura”, afirma Alejandro Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Banca de Inversión de la entidad.

Por su parte, el Grupo Bancolombia también tiene y ha tenido participaciones patrimoniales importantes, tanto en proyectos como en compañías de infraestructura. A través de su Banca de Inversión, participa en Odinsa, Concesiones Urbanas (Transmilenio), Carreteras Nacionales del Meta, Devimed y la concesionaria que construirá el tramo 3 de la Ruta del Sol (ver recuadro).

Bancolombia el año pasado movilizó recursos al sector de infraestructura por alrededor de US$6.000 millones entre todos los tipos de crédito otorgado (rotativo, directo, factoring y leasing) y los bonos colocados, cifra que incluye el apoyo a los subcontratistas de los concesionaros, según Gonzalo Toro, vicepresidente de empresas y banca corporativa del Grupo. “Tenemos la capacidad no solo de estar en el financiamiento sino de participar en el diseño y operación de todos los proyectos. Venimos trabajando en las iniciativas privadas, lo cual no significa que dejemos de apoyar a otros constructores y las APP gestionados por otros. ”, dice Toro.

Otro importante grupo financiero que podrá apostarles a las APP es Colpatria, pues no solo tiene una constructora que ya ha participado en concesiones sino un importante fondo de inversión: Mercantil Colpatria.

Para los banqueros, con las APP cumplirán un papel protagónico más no exclusivo, pues también se abren oportunidades para todos los participantes de la industria, como boutiques de bancas de inversión, firmas de abogados, consultores y fondos de capital privado como Brookfield, Ashmore, Fintra y Darby, entre muchos otros.

No es suficiente?No obstante, es claro que, ante el gran rezago que existe en infraestructura y la magnitud de los recursos que se necesitan, no será suficiente con el capital de la banca local.

Según la Agencia Nacional de la Infraestructura (ANI), se requieren inversiones en carreteras en los próximos cinco años por unos $50 billones. Y, si bien el sector financiero ha demostrado una capacidad patrimonial y de movilización de recursos, será necesario vincular al mercado de capitales y a los fondos de pensiones, dada su capacidad ($114 billones) y naturaleza de largo plazo. Para esto, el Gobierno trabaja en los denominados “Bonos Infraestructura”, un instrumento que permitió en Chile que los grandes inversionistas institucionales pudieran financiar a los concesionarios viales. Los fondos claman por alternativas y proyectos bien estructurados “podemos multiplicar por diez lo invertido en proyectos de infraestructura”, advierte Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Pero no será fácil llegar a estos niveles. Malas experiencias como la del Grupo Nule (Bogotá-Girardot), hace difícil que los fondos de pensiones le apuesten a un proyecto en construcción, por lo que es necesario restablecer la confianza en el sector.

Las APP son la esperanza para construir las grandes obras de infraestructura que se requieren. Sin embargo, todo dependerá de que en la reglamentación se generen los incentivos adecuados para lograr distribuir correctamente los riesgos y que jugadores como los grandes bancos decidan seguirle apostando fuerte a ser los dueños del camino.