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Un edificio de apartamentos incautado al Cartel de Cali en 2002.

FInca Raíz

Lonjas atravesadas en la venta de bienes incautados

Las lonjas de propiedad raíz y un grupo de personas naturales impidieron que la Dirección de Estupefacientes trasladara sus inmuebles a la SAE para que fueran vendidos. Tras año y medio de retrasos, las pérdidas para la Nación por las demoras son enormes.

25 de enero de 2011

Las Lonjas de propiedad raíz y un grupo de depositarios de bienes rurales impidieron que los inmuebles de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, se trasladaran a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para que fueran vendidos. Así lo denuncian fuentes cercanas a la Sociedad. Los retrasos le han costado a la Nación cifras multimillonarias.

El año pasado el gobierno estableció un esquema por el cual la SAE recibiría todos los bienes urbanos y rurales de la DNE, y fijó un cronograma que señalaba que los cerca de 12.000 inmuebles estarían trasladados en agosto de 2009. Ese cronograma se incumplió.

Se pactó una nueva fecha de entrega para diciembre de ese año y se incumplió otra vez. Finalmente se extendió el plazo hasta octubre de 2010 y de nuevo quedó sin cumplir. El hecho es que a final de diciembre solo habían pasado 7.000 propiedades, el 43% del total.

La SAE se queja de que la dirección de Estupefacientes no quiso entregar los bienes y la Dirección a su vez, culpa a los depositarios y en particular a las lonjas de propiedad raíz.

Los regalos agrarios
La Dirección de Estupefacientes tenía dos depositarios de sus bienes. Un grupo de personas naturales para los inmuebles rurales y las lonjas de propiedad raíz para los inmuebles urbanos.

Detrás de la demora está entonces el interés de las personas naturales que no quieren perder el control de fincas muy buenas que administran y explotan a precios muy bajos. Por ejemplo, la emblemática Hacienda El Japón en el Magdalena Medio la arrendaron por $1’700.000 en un contrato a 5 años. Este contrato se renovó en mayo pasado. A precios comerciales, un arriendo en esa finca podría estar entre $15 millones a $30 millones por mes.

La DNE encontró también que algunos depositarios de bienes rurales son choferes particulares que han terminado haciéndoles contratos de arrendamiento a largo plazo a sus patronos. Se trata de grandes extensiones en Puerto López, Meta, en Villanueva y Yopal en Casanare.

Los intereses bajos de las lonjas
Pero además están los intereses de las lonjas. Los abogados de estas agremiaciones señalan que las inmobiliarias fueron nombradas por una resolución de la DNE para ser depositarios de esos bienes y consideran que la resolución que revoca el nombramiento no fue un mecanismo válido, porque ellos estaban prestando un servicio adecuado.

“En todo momento hemos sido claros que no estamos de acuerdo con el procedimiento. Que (en la DNE) no han obrado bien”, le dijo a Dinero.com Federico Estrada, presidente de la Lonja de Medellín. Afirmó que querían además blindarse en el proceso y por ello habían pedido la intervención de la Procuradoría.

No obstante, resaltó que han entregado todos los inmuebles que la DNE les ha pedido. “Hace un año teníamos 1.330 inmuebles, hoy tenemos 922”, manifestó. “No nos han vuelto a hacer solicitudes formales”, concluyó.

“Eso es falso”, replico Álvaro José Aparicio, director de bienes de DNE. “Llevamos dos meses en el cargo y estamos tratando de solucionar los problemas. Pero ya hay ‘ene’ comunicaciones en las que les decimos que nos devuelvan los bienes”, argumenta.

El funcionario se queja de la labor de los afiliados a las lonjas. “Las inmobiliarias no han hecho su mejor esfuerzo. Piensan en vender y no en administrar bienes. Nos hemos encontrado con muchos casos en los que no sienten la misión de conservación de los bienes”. Como ejemplo, refiere el de un grupo de apartamentos en la calle 139 de Bogotá que han permanecido desocupados por dos años. “La inmobiliaria no ha hecho nada con estos inmuebles que valen $1.600 millones”. Dice además que un concepto técnico que acaban de recibir, muestra que se necesitan $80 millones en obras para recuperarlos.

Otro apartamento en la calle 94 con carrera 13 de Bogotá está desocupado desde hace 6 meses sin que la inmobiliaria haya hecho una buena gestión. La DNE ya está teniendo problemas por el pago de la administración del edificio. “Seguiremos insistiendo en la devolución”, dijo Álvaro José Aparicio.

El contrato que tenía la SAE para vender los inmuebles de Estupefacientes de manera exclusiva venció el 31 de diciembre. La Procuraduría emitió un concepto en el que pedía no renovarlo con el argumento de que no había estudios de factibilidad del proyecto. Por eso en los próximos 15 días la DNE hará una convocatoria amplia para ofrecer o administrar sus inmuebles. La SAE será uno de los que puedan participar en la convocatoria.

La DNE pedirá que los vendedores demuestren experiencia para calificar en esa lista. Pero además de eso, dicen los observadores de este proceso, debería pedir alguna certificación de que hayan actuado con diligencia en la venta y el mantenimiento de inmuebles de esa Dirección, cuando los hayan manejado en el pasado.

También les parece claro que deberían descalificar a quienes manejaron mal esos bienes y en todo caso, que la DNE debe recuperar los costos en los que incurrió el Estado por cuenta de su impericia.

Dinero.com trató de comunicarse con Fedelonjas, con las Lonjas de Bogotá y Cali, sin conseguir ninguna información al respecto.