La Corte evalúa el plan para los desplazados

Hoy a la una de la tarde la Corte Constitucional citó a representantes del gobierno para definir los indicadores con los que medirán los avances en los programas de desplazados por la violencia.

La Corte asumió la tarea de vigilar este asunto porque un grupo de tutelas dejó al descubierto debilidades institucionales en la atención a los desplazados. Después de haber realizado audiencias sobre el tema, el Tribunal decidió que el gobierno debería construir unos indicadores para medir, lo que llamaron, “el goce efectivo de los derechos constitucionales de los desplazados”. También resumieron en nueve puntos los derechos de los desplazados.

En agosto de 2006, el gobierno formuló y envió a la Corte Constitucional 117 indicadores para medir la gestión de las entidades que manejan a los desplazados. No obstante, la Corte encontró que los indicadores no permitían evaluar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.

Hace un año, el primero de marzo de 2007, el gobierno presentó un nuevo juego de indicadores y éstos se revisaron en cuatro oportunidades, la última de ellas en noviembre pasado.

Dentro de ese programa, en el cual el gobierno se ha presentado de forma casi permanente cada dos meses a la Corte, hoy se definirán los indicadores.

El programa de atención a los desplazados ha mejorado al menos en cinco aspectos básicos. El primero es en la dimensión del desplazamiento. Hace tres años se movían forzadamente 450.000 personas nuevas. Hoy la cifra va en 200.000. “Todavía son muchos, pero el número se ha mantenido sin aumento, incluso en 2007”, señaló un portavoz de la oficina de Acción Social.

También ha mejorado en cuanto a inversión. Antes de 2002, se invertían en programas para los desplazados US$70 millones anuales. Entre 2007 y 2010 se invertirán US$500 millones por año. Voluntariamente han retornado a sus lugares de origen 500.000 desplazados en seis años. Además la cobertura en salud aumentó de 30% a 80%, la de en educación básica de 60% a 85% y la participación en el programa de alimentación y educación Familias en Acción pasó de cero a 250.000 familias en dos años.

La gran debilidad del programa está en la generación de ingresos para los desplazados. Los planes de empleo y emprendimiento no han rendido los frutos esperados. También, a pesar de los esfuerzos financieros, hay mucho que hacer en vivienda.