Jueves clave para preferencias andinas

Entre los programas figuran el de la región andina que beneficia a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

La sesión fue convocada para el jueves 14.

El comité, presidido por el demócrata Charles Rangel, de Nueva York, es el encargado de iniciar ese debate y prácticamente de decidir también la suerte de las llamadas preferencias comerciales andinas, que expiran el 28 de febrero.

La convocatoria no menciona específicamente los programas, pero Matthew Beck, portavoz del comité, confirmó que estaba incluida allí la ley ATPA (Andean Trade Preference Act), que corresponde a las preferencias andinas.

Otro programa de preferencias que expira este año es el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), que beneficia a decenas de países en el mundo, incluyendo varios de América Latina, con ingresos al mercado estadounidense con aranceles mínimos de millares de productos.

El anuncio del comité se produjo apenas 24 horas después que los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú pidieran en una carta a la secretaria de Estado Condoleezza Rice una nueva extensión de esas preferencias alegando la "importancia de garantizar el comercio de la región andina a Estados Unidos".

Freddy Ehlers, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, conformada por los cuatro países, entregó la carta el martes en Washington, como enviado especial para reforzar las gestiones en favor de la extensión.

Indicó que legisladores demócratas como Rangel querían una extensión por 27 meses, pero otros como el senador republicano Chuck Grassley, del comité de Finanzas, quisieran solamente tres meses.

La posición, en general, del gobierno del presidente George W. Bush es en favor de una ampliación. Pero, como el ATPA es una iniciativa del Congreso, la decisión de mantener con vida la iniciativa o eliminarla es solamente potestad legislativa, y varios legisladores tienen reservas de seguirlo extendiendo debido a las posiciones políticas de los gobiernos de La Paz y Quito.

La ley ATPA fue establecida por 10 años en 1991 para mitigar los gastos de los países andinos en la lucha antidrogas. En 2001 fue ampliado por cinco años, luego por seis meses y finalmente por ocho.

En su más reciente versión, la ley señala que quienes hayan concluido acuerdos de libre comercio con Estados Unidos tendrían una ampliación garantizada hasta diciembre de 2008, en tanto esperaban la implementación de esos tratados. Ese es el caso de Perú y Colombia.

Pero Ecuador y Bolivia, que no entraron en ese tipo de arreglo, están en dificultades. Si no se extiende el ATPA empezarían a pagar aranceles por sus productos a partir de marzo poniendo en riesgo más de 1.000 millones de dólares y más de 100.000 empleos directos.

AP