El ocaso de los dictadores sudamericanos

Estas secuelas, sin embargo, persisten con juicios y divisiones políticas después de tres décadas.

El dictador general Jorge R. Videla cumple prisión domiciliaria por delitos de violaciones a los derechos humanos durante su dictadura iniciada en 1976 y que formó la primera junta militar. El último de ellos, el general retirado Reinaldo Bignone, también cumple detención domiciliaria. Otros ya fallecieron.

En la Argentina hay actualmente unos 270 militares y policías detenidos y procesados en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que gobernó desde 1976 hasta 1983. Hay también 73 prófugos de la justicia, con pedidos de arresto.

A partir de que la Corte Suprema de Justicia anuló en 2005 dos leyes exculpatorias de militares represores, se han reactivado centenares de causas en todo el país. Las leyes, aprobadas en 1986 y 1987, habían resultado en el archivo de numerosos procesos.

La muerte de Pinochet, clausura muchas causas de las violaciones a los derechos humanos en Chile, pero en lo que hace a Bordaberry, un dictador con escaso poder y virtualmente subordinado a los uniformados, fue enviado a prisión preventiva en un proceso que involucra cuatro asesinatos especialmente agravados, ocurridos en 1976 en Buenos Aires.

Bordaberry, que fue a su vez derrocado en 1976 tres años después de haber dado el golpe de estado, tiene otros eventuales procesos en puerta, por atentado a la Constitución y otros asesinatos y desapariciones de personas, el signo que define a esas tres dictaduras. Tiene 78 años.

El punto de conexión de los dictadores sudamericanos fue el llamado "Plan Cóndor" cuya autoría se adjudica a Pinochet o por lo menos que fue en Chile que se instrumentó para que las dictaduras militares derechistas persiguieran grupos subversivos de izquierda y virtualmente todos utilizaron métodos violatorios de los derechos humanos. Del temido Plan Cóndor, además de Chile, Argentina y Uruguay, también participaron las dictaduras de Brasil y Paraguay.

En Uruguay, en un hecho paradójico, una organización ultraizquierdista llamada "Plenaria Memoria y Justicia" realizó uno de los llamados "escraches", (manifestaciones de tono violento) al juez penal Juan C. Fernández Lecchini. Pero, ese grupo lanzó vivas al juez porque envió a prisión preventiva a Bordaberry y a su ex canciller Juan C. Blanco el mes pasado.

Por un lado, criticaron al juez porque resolvió proseguir una causa penal de violentos episodios protagonizados en noviembre de 2005 por militantes de esa Plenaria y por la cual fueron procesados y cumplieron semanas de prisión algunos de ellos. Plenaria rechaza duramente que se prosiga esa causa y por eso la emprendió contra Fernández Lecchini.
Por el otro, la actitud del juez enviando a prisión a Bordaberry, fue saludado por grupos de derechos humanos, incluidos los de esa Plenaria que se pronuncia por justicia.

En Montevideo, hubo festejos y canto popular el 17 de noviembre cuando Bordaberry ingresó a la cárcel central, un día después que Blanco. En Santiago, hubo llantos de seguidores de Pinochet y descorche de botellas de champagne en las celebraciones por la desaparición de Pinochet de parte de sus opositores.

En Santiago, se encuentran libres bajo fianza tres militares uruguayos que son procesados por el asesinato en 1992 en Uruguay del ex agente de la dictadura chilena, Eugenio Barríos. Uno de ellos es el coronel retirado Tomás Casella que fue edecán militar de Pinochet en una visita que realizó a Montevideo en 1976, siendo aún Bordaberry la cabeza aparente del régimen.



AP