| 5/26/2001 12:00:00 AM

Despega el Buen Gobierno

La Superintendencia de Valores acaba de promulgar una resolución, en la cual estipula los requisitos para las personas jurídicas que pretenden ser receptoras de la inversión de los recursos de los fondos de pensiones. Lo importante de la resolución es que obliga a aquellas entidades receptoras a establecer un sistema interno de buen gobierno que garantice el trato equitativo de los inversionistas, la equidad para los accionistas minoritarios y la transparencia de la información de los estados financieros, entre otros.



Dentro de esta resolución, la Superintendencia recogió algunas sugerencias realizadas por el Convenio Dinero-Confecámaras, como los mecanismos de resolución de controversias, para garantizar los derechos de los aportantes de recursos y de los mismos accionistas.



Este es un gran paso en materia de gobernabilidad societaria. Ahora, se requiere seguir promoviendo los principios de corporate governance en marcos jurídicos de mayor jerarquía, como la Ley Marco de Mercados de Valores que se espera incluyan las entidades certificadoras de buen gobierno.



En los próximos días, el Convenio Dinero-Confecámaras establecerá el Comité de Declaración de Principios de Gobernabilidad para impulsar la acogida de los códigos de buen gobierno en las empresas.





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Ajustes por inflación



La mayoría de los bancos del país verán una importante reducción en sus pérdidas o un aumento en sus utilidades, gracias a la eliminación de los ajustes por inflación.



Este cambio afectará a todas las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria (49 positivamente y 21 negativamente), que en adelante no deberán aumentar el valor de los activos no monetarios (propiedades, bienes recibidos en pago, inversiones y equipos, entre otros), al ritmo de la inflación al igual que el patrimonio. El valor que regirá es el de mercado.



Durante el 2000, las pérdidas de los bancos y las CAV ascendieron a más de $1 billón y los ajustes por inflación llegaron a los $90.000 millones, lo que quiere decir que las pérdidas habrían disminuido en ese monto de haber existido la norma de no contabilizar los ajustes por inflación. Sin embargo, algunas entidades con un patrimonio pequeño se verán afectadas con la medida ya que no tendrán una ayuda para poder cumplir el patrimonio técnico (valor mínimo para poder operar).

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