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Además los plazos de los créditos en la región son mucho más largos, entre 20 y 30 años, una opción que no se descarta para Colombia.

Construcción

Cambios en subsidios, el reto más complejo para el Gobierno

La cifra de subsidios de vivienda que no se reclaman, van en aumento. Ante esta situación y debido a la incoherencia entre los requisitos que se exigen para acceder a estas ayudas del Gobierno y los que hay que cumplir para obtener crédito en una entidad financiera, Camacol le presentó al Gobierno propuestas concretas para reducir el déficit habitacional que hay en el país.

27 de diciembre de 2010

De acuerdo con un sondeo realizado por Asocajas, por lo menos el 48% de las familias que rechazan el subsidio argumentan que es por razones económicas. De estas el 15% señala que le niegan el crédito en el banco, el 19% dice que el subsidio es insuficiente, al 6% le faltaban recursos y el 8% lo hace por problemas económicos.

El argumento más fuerte para proponer un cambio en los subsidios es que para el ciento por ciento de los hogares colombianos, a cualquier nivel de ingreso, la vivienda constituye el principal componente del gasto. Del total de ingresos, el 23% se destina para alojamiento (mayoritariamente arriendo y en un bajo nivel cuota del crédito).

Según los cálculos hechos por Camacol las familias de estrato 1, tendrían que ahorrar en promedio el 29% de los ingresos para reunir el dinero suficiente para la cuota inicial.

En el caso de los estratos 2, el porcentaje es entre el 20 y 30. Sin embargo es claro que con el nivel de gastos diarios de los hogares estos valores no son fáciles de alcanzar. “Las familias que tienen uno y dos salarios mínimos no tienen posibilidades reales de ahorrar para lograr la cuota inicial, que complemente el crédito y subsidio, nosotros pedimos que la exigencia de ahorro previa sea menor, el nivel promedio de América Latina es de 5%”, señaló la presidenta de Camacol, Martha Elena Pinto de de Hart.

Lo cierto es que sólo el 30% de las familias colombianas tiene capacidad de ahorro.

Entre el 2006 y 2009, fueron asignados 172.000 subsidios ($1.279 millones) de los cuales 108.000 se entregaron y 64 están asignados pero pendientes por entregar, lo que equivale a un valor de $533.000 millones.

Recientemente la ministra de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial indicó que hay 95.000 subsidios que no han sido reclamados y que están en riesgo de perderse.

Una de las propuestas y la más novedosa es construir para arrendar. Se trata de una modalidad especial de leasing, entre el cliente y la constructora. Así una persona paga un valor mensual, equivalente a la cuota.

“Esta modalidad también sirve de termómetro para la bancarización, porque al cabo de cinco años, esta persona puede convertirse en un cliente potencial, al acumular un buen récord de pago, y de esta forma acceder a un crédito que le permita pagar antes su vivienda”, señaló la presidenta de Camacol, Martha Elena Pinto de de Hart.

La propuesta señala que la vivienda se entrega en arriendo con opción de compra, los cánones permiten recuperar el valor de la inversión y generar una rentabilidad, para esto sería indispensable un seguro de arrendamiento y agilidad en procesos de lanzamiento, este último aspecto requiere una reforma profunda del sistema judicial.

Al parecer la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe ya analiza los cambios que serán necesarios para entregar de forma simultanea el subsidio y el crédito hipotecario, así como las diversas propuestas por el gremio.

En la región hay varias experiencias que se pueden imitar para disminuir el déficit habitacional en el país. Por ejemplo para personas de deciles (estratos) 1 y 2 hay mínima exigencia de ahorro previo, subsidio que cubre casi la totalidad del valor de la vivienda.

Para el caso de la población de ingresos medios hay crédito y subsidio (varía en función del valor de la vivienda). Hay subsidios para mejoramiento y autoconstrucción (Déficit cualitativo). También modelos en los que la vivienda social es atendida principalmente por banca estatal.

Además los plazos de los créditos son mucho más largos, entre 20 y 30 años, una opción que no se descarta para Colombia.