No habrá proceso penal para Superfinanciera

Este viernes, a la misma hora en que obreros contratados por la administración removieron el emblemático aviso de InterBolsa, la Fiscalía determinó no llamar a nadie de la SuperFinanciera.

El desmonte del colosal aviso marcó, simbólicamente, la desaparición de un ícono del mercado de valores en Colombia, mientras que la decisión de la Fiscalía entraña un mensaje no menos importante: para el principal organismo de acusación no existen, al menos por ahora, razones para creer que acciones u omisiones de la Superintendencia hayan tenido impacto en la crisis que involucra cerca de $200.000 millones captado al público.

Para quienes han seguido de cerca el pugilato entre el fiscal Eduardo Montealegre y el Procurador Alejandro Ordoñez, aquí se abriría un nuevo capítulo de la confrontación que sostienen en relación con temas sensibles como la aplicación de la justicia transicional en el proceso de paz con las Farc y el matrimonio gay.

La tesis que planteó el Procurador al formular pliego de cargos al superintendente Gerardo Hernández y a varios de sus colabores es diametralmente distinta a la de la Fiscalía: para él, la Superintendencia ignoró las advertencias que de tiempo atrás le venía haciendo el Autorregular del Mercado de Valores frente a operaciones sospechosas con repos que le sirvieron a InterBolsa o algunos de sus aliados para tomar el control de Fabricato.

Si bien las características de los procesos disciplinarios y penales no son comparables la mayoría de las veces, no deja de llamar la atención que los dos órganos tengan punto de vistas tan disímiles en un caso donde, según expertos, las evidencias son “de bulto”.

El equipo de fiscales del caso InterBolsa valora especialmente el hecho de que hubiese sido la Superintendencia Financiera el órgano que dio noticia criminal sobre lo ocurrido tanto en la holding como el la comisionista. Y la valora hasta el punto que invitó a la audiencia de imputación de cargos contra las los principales cabezas de InterBolsa a dos representantes de la Superintendencia para que funjan como una especie de asesores suyos.

Los dos representantes de la Procuraduría en el proceso aún no han fijado su posición sobre el particular, aunque es previsible que guarden un prudente silencio para no entorpecer más la marcha de la audiencia que, de entrada, quedó suspendida mientras se surte apelaciones relacionas con el reconocimiento de las víctimas.

Para otros observadores el asunto no tendría mayor trascendencia ya que los dos funcionarios de la Superintendencia Financiera, comisionados para apoyar al equipo acusador de la Fiscalía, no hacen parte de la lista de los que están siendo procesados disciplinariamente por la Procuraduría.

Ya el Fiscal General habían anticipado en una entrevista con el periodista Yamid Amat que el no veía visos de responsabilidad penal por parte de agentes de la Superintendencia.