‘Milagro’ en InterBolsa

Las consagradas hacen parte de los 324 inversionistas que confiaron en el rendimiento de los bonos Luxemburgo que, si bien fueron legalmente estructurados, terminaron convertidos en recursos empleados por la holding para tapar huecos generados por deudas de sus empresas y para financiar al italiano Alexandro Corridori en su propósito de tomar el control de Fabricato.

Su reconocimiento prioritario es obra de un ‘milagro’ obtenido con la ayuda de la Constitución y de la Ley que prevén que en siniestros de este tipo el Estado tiene la obligación prioritaria de proteger aquellas operaciones realizadas en el mercado de valores, como fórmula para resguardar la confianza del público.

El proyecto que establece las prioridades de los pagos para estos y otros clientes de la holding, preparado por el liquidador Pablo Muñoz, está a punto de ser avalado por la Superintendencia de Sociedades a instancias de una audiencia pública que, aunque fue suspendida para la práctica de algunas pruebas de carácter formal, se reanudará el 21 de agosto.

La exclusión de los inversionistas en los bonos de Luxemburgo de la masa de acreedores, lo que significa que tendrán derecho prioritario a recuperar sus recursos, fue objeto sin embargo de una ofensiva jurídica encabezada por prestantes abogados que representan los intereses de los clientes de la Cartera Credit que en su momento se constituyó en uno de los vehículos de inversión más importante.

Andrés Flórez, uno de ellos, le pidió a la Superintendencia que ordene la práctica de una prueba dirigida a verificar si es cierto o no que los TEC estructurados para el envío de los recursos a Luxemburgo por intermedio de la hoy quebrada Hodco InterBolsa fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.

La oposición a la atención prioritaria que le será dispensada a las religiosas, lo mismo que a fundaciones como la Hospital San Vicente de Paul y Hábitat tiene resistencia por parte de los clientes de la cartera credit, que sin embargo a pudieron recuperar $27.000 millones de los $87.000 que fueron comprometidos en la operación de un crédito triangulado entre la Clínica de la candelaria, la holding de InterBolsa y la SAI.

La cartera cuenta con recursos por $500.000 millones, lo que significa que por ahora solo están en riesgo el 10% de las inversiones.

Si la Superintendencia aprueba finalmente el proyecto, los siguientes acreedores en turno son los que determina la ley para los casos de quiebra. En primer lugar están los trabajadores de la empresa liquidada que ya recibieron pagos por $1.251 millones y solo están pendientes de una deuda de $270 millones que equivale básicamente a vacaciones que no les habían sido liquidadas.

Después será atendida una deuda cercana a los $8.000 millones que equivalen a las cuotas retrasadas en el pago del impuesto.

En último, en calidad de acreedores de quinto grado, quedarán los bancos que son comúnmente considerados agentes de operación de riesgo. En este caso está Bancolombia, acreedor por $30.000 millones; Colpatria, con $18.000 y Coltefinanciera y Alianza, con sumas menores.

La liquidación de la comisionista de InterBolsa y el reconocimiento de sus acreedores, lo mismo que la del Fondo Premium de Curazao son tramitados por cuerdas separadas. La primera es responsabilidad de la Superintendencia Financiera y de Fogafín y la segunda de un liquidador distinto.