Los Jaramillo vs. el Supersociedades: (I)

En los medios jurídicos y financieros nadie duda de que sería un ‘buen negocio’ para ellos conseguir la remoción de los dos funcionarios que con mayor vigor han procedido en su contra. No en vano Hernández fue quien denunció penalmente sus manejos y Vélez quien tomó el control de sus empresas y bienes conocidos para garantizar la devolución del dinero a los verdaderos afectados por la crisis: cientos de inversionistas que le confiaron sus dineros a Rodrigo Jaramillo, a su hijo Tomás y a sus socios.

Si logran su cometido, el proceso penal que impulsa la Fiscalía y que ya está en la fase de la formulación de cargos podría verse sensiblemente afectado. La previsión obedece a un argumento simple: si los acusadores quedan desprestigiados y en el asfalto, las pruebas aportadas por ellos quedaran cercadas de dudas sobre su legalidad.

Quizá por eso Rodrigo Jaramillo, ex presidente de InterBolsa, rompió una promesa que hizo el 30 de octubre, cuando dijo que le confiaría a la justicia, y solo a ella, unas fotografías de unas reuniones sociales que el hoy Superintendente Vélez, su hijo Tomás y el hoy negociador de paz con la guerrilla Frank Perl sostuvieron en 2010 en una finca en Antioquia y en el apartamento de este último en Bogotá.

Esas fotografías, según él, probaban no solo que la estrecha relación entre ellos debería haber llevado a Vélez a declararse impedido cuando la Superintendencia Financiera, ente supervisor de la Sociedad InterBolsa, le pidió el 16 de noviembre de 2012 a la Supersociedades la apertura de un proceso de reorganización de esta.

Según Jaramillo, Luis Guillermo Vélez los “asesoró ilegalmente” cuando su familia le confió que la sociedad comisionista enfrentaba graves problemas de liquidez y le pidieron consejo. Vélez les recomendó que se acogieran a la Ley 1116, que regula el proceso de reorganización, cosa que a los expertos en el tema de salvamento empresarial les parece un asunto enteramente normal.

El argumento de Jaramillo fue recogido por su abogado Jaime Lombana que lo reprodujo, sin agregar ninguna otra evidencia, en un memorial de cuatro hojas que radicó en la Procuraduría a manera de queja. El verdadero ataque del penalista se ha dado ante los medios a los que entregó fotografías que, sin el contexto respectivo, podrían parecer escandalosas.

En esta primera entrega, Dinero.com revela un documento inédito que hace parte sustancial de la controversia. Se trata de la versión completa de Rodrigo Jaramillo sobre el tema. En la próxima explicará los argumentos del Superintendente de Sociedades y revelará qué tiene y qué no tiene la Procuraduría para evaluar la supuesta responsabilidad de este funcionario.

La versión de Jaramillo

“Nosotros (se refiere a su familia) creemos que el Superintendente de Sociedades se debió haber declarado impedido por la relación estrecha que tenía con Tomás, mi hijo. Fue una relación que surgió hace diez años cuando nosotros lo conocimos y lo contratamos. Él era lobista en el Congreso y ahí lo contratamos para que nos ayudara a manejar unas relaciones deterioradas con Jorge Gabriel Taboada (superintendente financiero de la época). Vélez se ofreció y no lo logró. No cumplió el contrato. Era un lobby ocasional que tenía que ver con Taboada. No rindió informe porque Taboada salió de la Super y eso murió.

“A raíz de eso siguió una relación muy estrecha con Tomas. Luis Guillermo Vélez estuvo un par de veces en la finca de la familia en suroeste antioqueño. La finca se llama Palmeras. También estuvo varias veces en Santa Marta, que es donde los suegros de Tomás tienen una casa finca llamada La Concepción. Es famosa porque perteneció al dirigente político Pedro Castro Monsalvo, padre de Paulina Castro, suegra de Tomás. Ella recibió como herencia del papá.

“Las reuniones sociales se dieron luego en apartamento de Tomás, situado en el edificio Torres de Lllorente en Bogotá. El 23 de octubre de 2012 invitamos a ese apartamento a Vélez para una reunión en la que también estuvieron Juan Mario Laserna y Frank Pearl. El objetivo era informarles de las dificultades en las que estaba Interbolsa. Les íbamos a pedir asesoría o consejo sobre lo que podríamos hacer para arreglar problemas de liquidez.

“Queríamos saber si era inminente que teníamos que entrar en proceso de reorganización de la Ley 1116. Y adicionalmente se habló de una posible nacionalización de la compañía. En ese escenario los accionistas perdíamos todo el capital, pero el mercado y los clientes se preservarían.

“También se hablo de pedir auxilio a entidades del Estado, tipo Fogafín, Banco de la República, Banco Agrario. No me acuerdo que dijo él (Vélez). De la parte de la nacionalización sí fue el más enfático en decir que no porque allí estaban comprometidos recursos del público.

“Frank fue leal. Cuando el terminó la gestión con (Alvaro) Uribe, él se fue un año para Boston a estudiar en Harvard cursos de ciencia política. Cuando ya venía para Colombia hablamos con él para que se vinculara a InterBolsa como presidente, para que me remplazara a mí, que pensaba retirarme en 2010. Habíamos armado un paquete muy interesante que incluía una compensación de acciones de la compañía. Mi posible sucesor se asesoró jurídicamente y cuando ya había aceptado, el presidente Santos me llamó a decirme que si yo podía ceder el pase de Frank Pearl. La llamada fue en septiembre de 2010. Me acuerdo de la llamada porque yo estaba en una reunión de bolsas en República Dominicana.

“El que si no fue leal fue Vélez, que desató desde la Superintendencia una persecución en contra nuestra. Sin embargo, cuando trascendió a los medios lo de sus reuniones sociales con nosotros, nos envió un mensaje con un intermediario. Me dijo que quería hablar conmigo, que él era conciliador, que no quería guerra sucia, que nos hiciéramos pasito. Ya sabia de los fotos. Me mandó a decir además que él tenía la posibilidad para meterme a mí a la cárcel diez años, o por lo menos o cuatro. El intermediario era un particular.

“Yo fui a la oficina del intermediario y le dije: ‘Listo, estoy dispuesto a reunirme con él’. Entonces él llamó a Luis Guillermo en presencia mía. A la primera llamada dijo: ‘llámenme en diez minutos. A los diez minutos devolvió la llamada y me envió la razón de que la reunión era con Alejandro Revollo, el agente interventor de Valores Incorporados. Esto fue el martes 6 de agosto de este año (2013).

“El intermediario me dio el número de Alejandro Revollo para que yo le pidiera la cita. A mí eso no me gustó ni poquito. Con Revollo no tengo nada: no soy cliente, damnificado ni gestor de Premium., no tengo un peso de Premium. Él solo me envió un día una carta en la que constaba que yo aparecía como avalista de un préstamo al Fondo Tribeca, que ya había sido pagado.

“Me produjo curiosidad y entonces, a pesar de que me había comprometido a guardar confidencialidad, consulté con la familia y con mi abogado Jaime Lombana. El abogado me dijo que se trataba de una trampa porque mi visita al interventor se podía interpretar como obstrucción a la justicia. También que si yo iba me podían imponer una medida de aseguramiento porque el interventor es un auxiliar de la justicia y podría acusarme de tal obstrucción.

“Yo no le conté el cuento a nadie más, pero Lombana sí lo hizo. Le dijo todo a la Fiscal y me dice que ella puso cara de pánico…”.

(Mañana: la otra cara a de la historia)