¿Cuánto cuestan beneficios de la tributaria a los más pobres? GETTY | Foto: Semana

REFORMAS

¿Cuánto cuestan beneficios de la tributaria a los más pobres?

La devolución del IVA para el 20% de la población más pobre podría costar entre $1,8 billones y $2 billones de pesos según las cuentas iniciales de los técnicos del gobierno. Pero las otras tres medidas también tendrán un costo importante.

27 de noviembre de 2019

En medio de la ola de protestas que vive el país, Gobierno y Congreso decidieron atender los reclamos de algunos sectores e incorporar en el texto de la ponencia que se discute sobre reforma tributaria un paquete de beneficios para los colombianos.

Se trata de cuatro decisiones que ya quedaron incluidas en el articulado que estudiarán las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, cuya discusión debía iniciar este miércoles 27 de noviembre pero se aplazó hasta el próximo lunes 2 de diciembre a las 10 de la mañana.

El presidente Iván Duque resumió así los nuevos beneficios, que buscan atender la protesta social: 

1) Devolver el IVA al 20% de la población más pobre del país; 

2) Reducir de manera escalonada, del 12% al 4% el aporte en salud que hacen los pensionados que ganan actualmente el salario mínimo 

3) Programar de manera aleatoria 3 días sin IVA para todos los colombianos, que tendrían lugar en enero, julio y octubre y 

4) promover el empleo juvenil para las personas entre 18 y 28 años, permitiéndoles a las empresas una deducción en renta equivalente al 120% del salario del empleado, siempre que este no supere las 115 UVT, es decir los $3.941.050.

Aunque algunos sectores han dicho que este paquete no es suficiente para cesar las marchas, lo cierto es que conceder cada uno de estos puntos implica un costo importante para el país en términos fiscales. ¿Cuáles son las cifras que implica conceder cada uno de estos beneficios? 

Desglosando cada propuesta

El primer tema, de devolución del IVA a los más pobres tiene un costo estimado entre $1,8 y 2 billones para el año 2021, dice el senador Richard Aguilar. Este costo es tan elevado pues favorecerá al 20% de la población más pobre del país, que está conformada por unos 2,3 millones de hogares que actualmente están en el programa Familias en Acción, y a 1,5 millones de beneficiarios del programa Colombia Mayor. 

Aunque hay quienes dudan del mecanismo que permite identificar quiénes hacen parte de este grupo de hogares más pobres, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño explicó que a través de la información que tiene el gobierno para atender la población con estos dos programas, y cruzando los datos que existen en el Sisbén, se puede focalizar la devolución del IVA a los más pobres. Esta iniciativa, dicen algunos economistas, es de alto contenido social y resulta una política progresiva de atención a los más necesitados.

El segundo tema tiene que ver con la reducción escalonada del 12% al 4% el aporte en salud para los pensionados. Esta ha sido una queja recurrente en los últimos años y ya en el gobierno anterior había quedado incorporada esa reducción en un proyecto de iniciativa parlamentaria, que finalmente fue objetada por el presidente.

El razonamiento de muchos economistas, y que ha sido el causante de que se cayera en ocasiones anteriores es que se trata de un costo muy elevado para el fisco nacional porque son precisamente las personas de la tercera edad las que le dan un mayor uso a los servicios de salud, y si hacen un aporte muy pequeño, éste no alcanzan a cubrir el costo que implica la atención de sus dolencias. 

Sin embargo, esta vez tanto Gobierno como Congreso decidieron atender esta vez la solicitud, básicamente para los colombianos que ganan un salario mínimo. La propuesta incluida en el texto de la tributaria radicada señala que se haría de manera escalonada la reducción: en 202 y 2021 el aporte bajaría al 8% mientras que a partir del 2022 pasaría al 4%.

El costo de esta medida todavía no ha terminado de calcularse, porque se estima que más de 1 millón de colombianos tiene una pensión del salario mínimo, y bajar cada punto del aporte a la salud puede costar unos $80.000 millones. Sin embargo, en este caso la cuenta no es tan simple, dicen los técnicos del gobierno, pues como se trata de un dinero que dejaría de girarse al sistema de salud, esto afectaría el cálculo de la Unidad por Capitación, UPC; que es lo que reciben las EPS por cada paciente que atienden. Esto lo hace un poco más complejo.

El tercer tema tiene que ver con los estímulos para que las empresas contraten jóvenes entre 18 y 28 años y por esta vía se logre atacar uno de los mayores problemas que hoy tiene el país: el desempleo juvenil. En este caso todavía no hay cuentas del costo fiscal que tendrían, entre otras razones porque dependerá del número de empresas que se acojan a este beneficio. 

Sin embargo, entre los técnicos del gobierno existe la convicción de que no será muy grande su impacto fiscal porque ya existen otros descuentos para estimular el empleo juvenil y este sería adicional. Además, la generación de empleo tiene un efecto muy importante en el crecimiento económico pues estimula el consumo, y de alguna manera termina compensando el menor recaudo.

La cuarta decisión, de establecer 3 días al año sin IVA, tiene un doble propósito: por un lado aliviar las cargas en los bolsillos de los colombianos, y por otra, estimular el comercio. En este caso, el senador Aguilar señala que los cálculos del gobierno apuntan a que el descuento del IVA sería de $68.000 millones por cada día, es decir que en el año la Dian dejaría de recibir $204.000 millones aproximadamente. Sin embargo, Congreso y Gobierno coinciden en que esta medida podría dinamizar de alguna manera las ventas y la economía.  

La nueva ponencia en donde estarán incluidos estos cuatro temas tiene un total de 136 artículos -26 más que la radicada por el ministro Alberto Carrasquilla el pasado 22 de octubre-. Ahora tendrá que ser discutida a más tardar la próxima semana para que pase luego a segundo debate en plenarias de Senado y Cámara. Todo esto debe ocurrir antes del 16 de diciembre en sesiones ordinarias, o antes del 20 de diciembre si el gobierno decide convocar extras. El camino para esta reforma todavía es culebrero.