En la mitad de la pelea hay 50.000 empleados y negocios millonarios. | Foto: Ingimage

Negocios

Revolcón en Pacific enciende pelea entre trabajadores e inversionistas

Los empleados critican la codicia de los accionistas, pero ellos dicen que la petrolera mintió y exigen un proceso en Colombia. Esta es la historia.

7 de junio de 2016

La polémica por la reorganización de Pacific Exploration and Production tiene en bandos opuestos a los trabajadores de la firma y a los accionistas. Muchos empleados llamaron codiciosos y egoístas a los inversionistas en la primera audiencia en Colombia. Ellos tratan de recuperar el capital que invirtieron en acciones y que ahora podría quedar en ceros.

Los cierto es que la petrolera está al borde de quedarse sin recursos y en menos de 20 días tendrá que devolver Campo Rubiales, uno de sus principales activos. La petrolera tiene deudas por unos US$280 millones con proveedores colombianos pero sus pasivos totales en el país superan los $3 billones.

“Cuando uno invierte siempre tiene que haber un riesgo y aquí hay que poner en la balanza a quién se le acepta un menor daño, si a unos pequeños inversionistas o a una gran masa de personas que han estado trabajando por sus familias, honestamente. En los años de bonanza los inversionistas, que tuvieron grandes ganancias, nunca las compartieron con nosotros los trabajadores”, dijo Felipe Andrés Moyano empleado de Pacific.  

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Los sindicatos y muchos de sus proveedores respaldaron la propuesta de reorganización de Pacific patrocinada por The Catalyst Capital. Esa propuesta indica que el fondo de inversiones Catalyst ofrecerá US$500 millones en efectivo a cambio de una porción significativa de las acciones mientras que los bonistas convertirán parte de su deuda en capital. El lío es que si la propuesta es aceptada en Colombia, en la nueva Pacific los inversionistas, incluyendo a los ‘Bolichicos’, se quedarían sin nada.

Para sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores y la Unión de Trabajadores de la Industria Energética (Uten) la liquidación sería el peor de los escenarios pues unas 50.000 personas podrían perder su trabajo si Pacific deja de existir.

¿Qué dicen los inversionistas?

La reacción de los accionistas no se hizo esperar. Ni a los bolichicos de O’Hara Group ni a los otros inversionistas les gusta la propuesta de Catalyst porque implica que su capital se reduce a polvo. En conjunto todos ellos no tendrían más que el 2% de la nueva Pacific.

“Aquí no se han dicho todas las verdades sobre cómo no ha sido transparente esa toma de decisión. Y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, aquí no se ha mencionado que hay otros oferentes como EIG que le da más valor a los accionistas, e incluso a acreedores y bonistas”, dijo Jaime Granados, abogado de O’Hara Group.

Granados acusó a la petrolera de ocultar información y sugirió que Pacific habría podido pagar los intereses a los bonos este año pero sus directivas no quisieron hacerlo. El abogado también dijo que los dirigentes de Pacific tienen conflictos de intereses en la transacción e incluso familiares asesorando a The Catalyst Group.

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Lo que viene para Pacific

Los voceros de la firma dijeron a la Superintendencia de Sociedades que entre el 21 de mayo y el 27 de agosto los ingresos de la firma podrían sumar unos US$500 millones, para ese periodo las obligaciones de sus compañías filiales en Colombia suman unos US$573 millones. En otras palabras: los recursos de Pacific permitirían cubrir la mayor parte de los gastos por ahora.

Estos supuestos asumen un precio del petróleo Brent de entre US$43 y US$53 y una producción que cae a 80.000 barriles equivalentes por día una vez se entregue Campo Rubiales a Ecopetrol.

En eso contexto si la propuesta de The Catalyst Capital es aprobada en Canadá, Pacific recibirá los US$500 millones con los que podrá ponerse definitivamente al día.

Según Pacific al 31 de marzo su filial Meta Petroleum tiene deudas por $1,7 billones, Pacific Estratus por $808.000 millones y Petrominerales por $748.000 millones. En total las deudas de las compañías en Colombia superan los $3 billones. Las tres compañías están bajo control de la Superintendencia de Sociedades mientras que la holding es monitoreada por PricewaterhouseCoopers como parte del proceso de reorganización en Canadá.