¿Reforma? ¿Qué reforma?

No hace mucho tiempo, un jefe de gobierno de un país latinoamericano atacó las reformas económicas implementadas recientemente. Su argumento se basaba en que después de varios años de reformas "neoliberales", el crecimiento de la región, y en particular de su país, era paupérrimo. La pobreza y la desigualdad, insistió, son los únicos resultados visibles.



Desdichadamente, millones de latinoamericanos comparten esta opinión. Están equivocados. Allí donde el proceso de reformas se tomó en serio, se pueden ver resultados muy positivos. Pero las reformas no se aplicaron en tantos lugares y tan profundamente como se cree.



La percepción de que América Latina ha reformado su economía radicalmente es un mito. Todos los países han comenzado procesos de apertura, pero la mayoría no reformó profundamente. De once países suramericanos, sólo Chile, Argentina y Perú han implementado reformas promercado: desregularon de manera generalizada, privatizaron ampliamente, liberalizaron el comercio, hicieron una seria reforma fiscal, incluyendo la seguridad social, estabilizaron su tipo de cambio e incurrieron en una reforma bancaria. Otros se acercaron a este paradigma (México, por ejemplo), pero el resto sólo adoptó el discurso renovador sin llevarlo a la práctica.



Los resultados hablan por sí solos (ver tabla). Los reformadores más decididos consiguieron tasas de crecimiento mayores al 6% durante los últimos 8 años, con tasas de inflación menores al 6% durante los últimos 3 años. Los reformadores a medias, como Bolivia, México, Colombia y Uruguay crecieron al 3,7% en promedio mientras que la tasa de inflación anual promedio se mantuvo en 20%. En los más lentos, el crecimiento fue de apenas 2,6%, acompañado por problemáticos niveles de inflación cercanos al 30%. No debe sorprender entonces, que los que menos reformas hicieron sean los más críticos de las mismas.



En el caso de Perú y Ecuador, ambos países sufrieron desastres naturales similares, el fenómeno de El Niño y la guerra. Sin embargo, contrasta la performance de cada uno. Mientras que Perú puede estar orgulloso de una tasa de crecimiento promedio de 4,7% para los años 90, Ecuador sólo creció al 2,3%. Perú tuvo una inflación de 9,3% en el período 95-98; en Ecuador fue de 30,8%. Si bien se espera que éste sea un año ajustado para Perú, en Ecuador parece imposible evitar el desastre económico total.



La explicación radica en que Ecuador no privatizó, no reformó su sistema impositivo, no redujo el gasto fiscal y no ha desregulado sus mercados. Tampoco ha generado nuevas oportunidades para la inversión privada y tiene un serio desorden en el sector bancario. Perú recorrió el camino opuesto.



A pesar de esta clara evidencia, muchos líderes de América Latina no aprendieron la lección de que las buenas políticas económicas traen buenos resultados. Desdichadamente, lo contrario también es cierto: las malas políticas ocasionan desastres políticos.



En muchos países latinoamericanos comienzan a notarse signos de que las cosas van en la dirección equivocada. Algunas naciones, en especial las de más lento crecimiento en la región, están presentando síntomas de debilitamiento de las instituciones de la democracia. Paraguay es quizás el ejemplo más siniestro, donde el vicepresidente fue asesinado en una clara venganza política y donde la confrontación entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema acerca de la posibilidad de encarcelar al General Oviedo, el hombre más poderoso del país, termina con la renuncia del Presidente.



Venezuela es un caso más moderado; sin embargo, el presidente Chávez le da prioridad a la reforma constitucional en lugar de resolver los profundos problemas económicos y sociales de su país. Los hechos recientes en Ecuador también generan serias dudas acerca de su futuro institucional.



No hay duda de que la región aún tiene muchos problemas sociales por resolver. La educación, la salud, la delincuencia y la corrupción son algunos de los temas candentes en todos nuestros países. Sin embargo, el creciente consenso hemisférico acerca del cansancio de la gente por el "alto costo social" de las reformas de mercado está en un grave error. Esos costos sociales a los que se refieren se deben más bien a la falta de reformas en áreas cruciales que a las reformas implementadas en sí mismas. De hecho, los países con los problemas sociales más graves son los que más se han retrasado en llevarlas a cabo.



Lo que es peor aún, desde 1995 este error ha llevado a los reformistas más decididos a frenar su propio ritmo de cambios. Esto resulta peligrosísimo. La desaceleración del ritmo de reformas ha causado no sólo más volatilidad dentro de la región, sino una mayor sensibilidad a los shocks externos y menor crecimiento económico.



Los observadores extranjeros que miran a América Latina deberían comprender que, contrario a lo que sostiene el mito, la región agrupa países bien diferentes, unos pocos reformadores agresivos y una mayoría compuesta por reformadores a medias. Los nuevos gobiernos que recién están asumiendo o que lo harán este año y el próximo deberían tomarse muy en serio la lección de que la implementación de buenas políticas económicas es condición necesaria para un desarrollo social exitoso. El otro camino sólo lleva al caos. La gran cantidad de experiencias recientes con reformas de libre mercado debería ayudar a los futuros líderes y a los actuales observadores a distinguir claramente entre el mito y la realidad.