Congreso de los Estados Unidos.

Política

Presentan ley de víctimas en EE.UU.

Tres senadores que participaron en la redacción de la recién sancionada ley de víctimas plantearon el lunes ante el Departamento de Estado la conveniencia de incluir la reparación a despojados de tierras en la cooperación bilateral concentrada en el Plan Colombia, dijo uno de los senadores.

20 de junio de 2011

El senador Juan Cristo, del partido liberal, dijo a AP que el planteamiento formulado ante los funcionarios del Departamento de Estado es que "la ley es ambiciosa y necesita mucho del estado colombiano, pero también de la cooperación internacional".

"Un mensaje político bien interesante en la relación bilateral, por parte de Estados Unidos hacia Colombia y sus víctimas, es la incorporación de este tema en la cooperación binacional", señaló.

Cristo llegó a la capital estadounidense el domingo acompañado de los legisladores Hernán Andrade y Luis Avellaneda. El trío planea volver a Colombia el miércoles, tras presentar los alcances de la ley a legisladores estadounidenses y a organizaciones pro derechos humanos.

El senador explicó que el gobierno colombiano se ha comprometido a financiar la ley durante su vigencia de 10 años, una vez que fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 9 de junio ante la presencia del secretario general de la ONU Ban Ki-moon.

Pero "más allá de la cifra que sería necesario aportar, es el mensaje político de apoyo a una ley que cambia completamente el paradigma del conflicto en Colombia".

La ley busca restituir a través de procesos judiciales a más de 600.000 familias despojadas de al menos dos millones de hectáreas durante los últimos 20 años.

Víctimas de la violencia y despojo de tierras, sin embargo, ya vienen recibiendo indemnizaciones y títulos de sus tierras desde hace al menos dos años en virtud de decretos con fuerza de ley, pero ahora la nueva norma une todos esos textos y amplia su cobertura.

Los cálculos sobre cuántas personas serán beneficiadas por la ley, al menos cuatro millones, se basan en información suministrada por colombianos que se han inscrito en los últimos años ante el registro de víctimas y desplazados que tiene el Gobierno.

El costo de la ley varía según el número de personas que se inscriban, pero ya el presidente Santos y legisladores han dicho que calculan al menos unos 20.000 millones de dólares en los próximos 10 años.

Cristo admitió que existe gran preocupación sobre la aplicación de la ley y el acoso al que están sometidos líderes de organizaciones de víctimas, 11 de los cuales han sido asesinados durante el gobierno de Santos y el homicidio más reciente ocurrió al día siguiente de la aprobación de la ley.

"Hay fuerzas oscuras interesadas en obstaculizar la ley. Ahí el gran desafío, garantizar la vida de los líderes de las organizaciones de víctimas", agregó.

 

 

 

Ap