La frase está contenida en el preámbulo de una resolución aprobada al final de una encendida sesión que fue abandonada por los principales partidos antiindependentistas.

Más adelante, en la parte resolutiva, se insta al gobierno autonómico a tomar todas las medidas necesarias para la entrada en vigor de la llamada "Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República", considerada ilegal por el Tribunal Constitucional español.

Antes de la votación, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, les advirtió a los parlamentarios que la decisión estaba sujeta a posibles intervenciones de ese tribunal.

La moción fue aprobada mediante voto secreto con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Antes, otros 53 diputados abandonaron el recinto.

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Con 71 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones -y también sin la participación de 53 diputados- antes también se aprobó otra resolución declarando "el inicio y apertura del proceso constituyente" (de la república).

Las decisiones se dan mientras el Senado español se apresta a votar en Madrid un paquete de medidas que incluye darle al presidente español la potestad para disolver el parlamento de la comunidad autónoma con el fin de convocar a elecciones "en un plazo máximo de seis meses".

Las medidas, amparadas en el artículo 155 de la Constitución española, también le permitirían a Mariano Rajoy destituir al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, así como a todos los miembros de su gobierno.

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