Fiscal "chavista" pide que se garantice el derecho a manifestar pacíficamente en Venezuela

"Los responsables de los organismos de seguridad del Estado deben garantizar el ejercicio del derecho a manifestar de manera pacífica, bajo un estricto apego a los derechos humanos. Los mecanismos de negociación deben agotarse antes del uso de la fuerza pública", señala un comunicado divulgado por Ortega.

Ortega -confesa chavista- sorprendió hace dos semanas cuando calificó como una "ruptura del orden constitucional" la sentencia con la que el máximo tribunal se atribuyó las funciones del Parlamento de mayoría opositora, una reacción que impulsó a que el dictamen fuera anulado parcialmente.

En el comunicado, la fiscal pidió además "reflexión" a los actores políticos para que las protestas que convoquen sean pacíficas y no pongan "en riesgo la integridad física de los manifestantes" ni la estabilidad institucional. 

"El Ministerio Público está a la orden de la ciudadanía, de las instituciones del Estado y de los actores políticos y sociales para recibir todas las denuncias, bien sea por el uso excesivo de la fuerza" de funcionarios encargados del orden público o por cualquier "particular que cometa delitos", añade el texto. 

Miles de opositores marchan desde distintos puntos de la ciudad hacia la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, donde también se moviliza el chavismo. 

El presidente Nicolás Maduro descartó el martes que la protesta de sus adversarios pueda llegar al corazón de la ciudad, como tampoco pudieron hacerlo las cinco anteriores desde el 1 de abril, para exigir elecciones y respeto a las competencias del Parlamento, de mayoría opositora. 

Las manifestaciones, que dejan cinco muertos, decenas de heridos y más de 200 detenidos, iniciaron con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y llevaron a esta reacción de la fiscal, que fue considerada por analistas como una "fisura" en el chavismo. 

Un joven fue herido de bala este miércoles en una de las concentraciones opositoras y fue trasladado a una clínica. Los disparos fueron hechos por hombres en moto, según relataron testigos a la AFP. 

Causas de la marcha

Este miércoles, un día festivo en Venezuela por conmemorarse los 207 años de un acto popular que dio inicio a la independencia de España, el oficialismo y la oposición han decidido manifestarse enarbolando sus respectivas banderas de "libertad", según sus perspectivas.

Maduro anunció la activación del llamado "Plan Zamora", que le fue presentado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para mantener el orden interno ante las supuestas amenazas de golpe de Estado que ha sido convocado "desde Washington".

Aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el "golpe de Estado" contra Venezuela en un comunicado difundido el pasado martes, al que calificó de "guión escrito para generar violencia y caos" en el país.

Indicó que activaba el Plan Zamora en vista de que los organismos de seguridad han estado "desmantelando varios grupos" que formaban parte de esa organización golpista.

Asimismo el presidente Maduro dijo que este supuesto golpe era "secundado" por el presidente del Parlamento, Julio Borges, tras señalar que el diputado opositor debe ser procesado por llamar "al golpe de Estado" en una intervención que realizó el mismo martes desde la sede del Legislativo.

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Desde el lado opositor, dirigentes políticos, artistas, académicos y representantes de diferentes gremios señalaron su intención de marchar e invitaron a los venezolanos a no tener miedo a la "represión" del Gobierno de Maduro.

El dos veces candidato a la Presidencia, Henrique Capriles, reiteró que la oposición marchará en todo el país contra "el golpe de Estado" y que en Caracas los manifestantes partirán desde 26 puntos y caminarán hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en el oeste de la ciudad.

Capriles recomendó "caminar en grupos" pues "es momento de estar acompañados" para evitar la "represión" de un Gobierno, que "en su desesperación" es capaz de "cometer locuras".

El también gobernador del céntrico estado de Miranda dijo que "se inicia otra etapa de lucha que no debe parar" y que los objetivos son elecciones libres y democráticas, la apertura de un canal humanitario para que ingresen al país medicinas y alimentos y libertad para los políticos presos.

Afirmó que con estas movilizaciones se pide que no se produzcan más inhabilitaciones políticas de opositores y respeto a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Capriles agregó que si se logra uno de los objetivos "hay que seguir luchando" por alcanzar los otros.

El martes la mayoría opositora del Parlamento aprobó un acuerdo en el que se establece tramitar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad que, según el Legislativo, ha cometido el jefe de Estado.

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Con el voto de la mayoría opositora y la ausencia de la bancada del chavismo, el Parlamento aprobó el acuerdo de "condena a la represión, persecución, tortura y otras violaciones a los derechos humanos de la población", en el que califican como una "autocracia" al Gobierno de Maduro.

En la declaración se acuerda "instruir el expediente correspondiente a los efectos de tramitar denuncia ante la Corte Penal Internacional para el conocimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y las demás autoridades con poder de mando".

Entre los supuestos delitos, los diputados mencionan ataques contra centros de salud, "lo cual está prohibido hasta en tiempos de guerra", y "la persecución de un grupo de personas fundada en motivos políticos".

El presidente del Parlamento, Julio Borges, indicó que la oposición llevó a La Haya el "caso de tortura" de dos dirigentes del partido opositor Primero Justicia, fundado por Capriles, detenidos el pasado jueves, y afirmó que esta lo aceptó.

"En este caso los dos hermanos Sánchez fueron torturados. Nosotros ayer logramos que el caso de tortura de ellos fuera aceptado en La Haya", dijo.

Criticó además que Maduro aprobara aumentar la cantidad de milicianos armados ya que, a su juicio, esas armas terminarán en el "mercado negro", mientras la organización Human Rights Watch consideró "irresponsable" y "dictatorial" dicha medida.

Por su parte la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez, expresó que el Gobierno no ha reprimido las manifestaciones opositoras de los últimos días, sino que ha "contenido la violencia", que en algunos casos se ha desatado dejando víctimas fatales.

Rodríguez criticó que países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamen a las fuerzas de seguridad ciudadana de Venezuela a no reprimir las protestas opositoras pues, remarcó, en el país caribeño "no se ha reprimido", sino "se ha contenido la violencia".

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*Con información de EFE y AFP