Gobierno de Venezuela expropiará tierras de filial británica

Conforme a dicho acuerdo, dijo el gobernante, la empresa Agropecuaria Flora (Agroflora) _subsidiaria de Vestey_ entregará al Estado un grupo de haciendas, ubicadas en los estados Apure, Falcón y Guárico, dedicadas a la cría de ganado en Venezuela. El gobierno también compraría miles de cabezas de ganado.

En declaraciones durante su programa dominical de radio y televisión "Aló, presidente", Chávez indicó que el gobierno asumirá el control de las tierras "el 20 de octubre... es un arreglo amistoso". "Yo le agradezco mucho a los dueños de esa empresa, la Compañía Inglesa (refiriéndose a Agroflora), que se instaló hace aquí cien años", agregó.

El gobernante no dio detalles sobre los términos del arreglo ni mencionó monto alguno a pagar por la expropiación. Los directivos de la empresa no estuvieron disponibles de inmediato para dar comentarios. En el 2006, la filial de Vestey entregó al Estado las haciendas El Charcote y San Pablo Paeno, de 12.950 y 43.000 hectáreas, respectivamente, valoradas en conjunto en unos 7,1 millones de dólares.

La presidenta de Agroflora, Diana Dos Santos, negó en esa ocasión que la empresa hubiera capitulado ante la presión de gobierno, afirmando que el acuerdo era beneficioso para ambas partes.

Antes de ese trato, la empresa y el gobierno venezolano se enfrascaron en una disputa luego de que el Instituto Nacional de Tierras declaró propiedad pública algunos de sus terrenos, alegando que los documentos de propiedad presentados por Agroflora no eran legítimos. La disputa se agudizó en septiembre del 2005 cuando un convoy de militares y cooperativistas intervino otra finca de su propiedad en el estado Apure.

Chávez, crítico acérrimo del "capitalismo salvaje" y cercano aliado del líder cubano Fidel Castro, argumenta que la reforma agraria es fundamental para su "revolución" socialista, y repetidamente impulsa a hacendados a cooperar en lugar de desafiar su iniciativa. Ley de Tierras aprobada por Chávez en el 2001 autoriza al gobierno a expropiar, ocupar e incautar terrenos agrícolas mientras se desarrolla el proceso de expropiación.

La figura de expropiación usualmente contempla compensaciones, pero según los críticos del gobierno, dada la falta de independencia de los poderes del Estado, los afectados deben esperar que se concrete en un tiempo indeterminado bajo los términos del gobierno y difícilmente pueden esperar una medida favorable en los tribunales. Por lo general algunos recurren a instancias internacionales.

De otra parte, el presidente de Venezuela, también  ordenó la nacionalización de una fábrica de fertilizantes constituida con capital de la gigante estadounidense Koch y de una subsidiaria de la empresa de servicios Saipem, de la petrolera italiana Eni. La firma nacionalizada, Fertinitro, cuenta también con una participación accionaria de la petroquímica estatal Pequiven y está ubicada en el complejo José Antonio Anzoátegui en el oriente del país petrolero."Exprópiese y pásese a propiedad patria", dijo Chávez en su programa de radio y televisión semanal, Aló Presidente, ordenando la adquisición forzosa de la industria productora de amoníaco y urea.

Chávez agregó que la expropiación servirá para adelantar "los planes nacionales de siembra y producción formulados por el Ejecutivo Nacional y que sean necesarios para la ejecución de la obra plan socialista de soberanía agroalimentaria". El mes pasado la firma Fith Ratings dio calificación negativa de 'CCC' a una emisión lanzada por Fertinitro de 250 millones de dólares con vencimiento en el 2020. "Fertinitro (...) es una de las plantas de fertilizantes basados en nitrógeno más grandes del mundo con una capacidad de producción diaria de 3.600 toneladas de amoníaco y 4.400 toneladas de urea", dijo un reporte para clientes de Fitch. Según la calificadora, Pequiven es dueña del 30 por ciento de las acciones de Fertinitro, mientras que una filial de la privada Koch Industries mantiene 35 por ciento y Snamprogetti, subsidiaria de Saipem, mantiene otro 20 por ciento de la participación.

El 20 por ciento restante está en manos de la mayor industria venezolana de alimentos, Empresas Polar, que ha sido amenazada de expropiación en múltiples oportunidades por el mandatario izquierdista. Ninguna de las empresas involucradas estuvo disponible de inmediato para comentarios.

Expropiaciones

Chávez que ha nacionalizado grandes empresas petroleras, financieras y de telecomunicaciones, argumentando que son necesarias para lograr el desarrollo del país, ordenó además la adquisición forzosa de la empresa local, Venoco. Industrias Venoco C. A. es la productora de lubricantes, grasas y solventes más importante de la nación sudamericana. "PDVSA produce las bases lubricantes (...) y después vienen unos privados compran la materia prima, ellos tienen las plantas, tienen dinero, tienen unos trabajadores mayormente explotados y producen los lubricantes (...) y los venden cuatro y cinco veces más caro", se quejó Chávez.

El mandatario se ha propuesto reducir la elevada inflación del país sudamericano, cuya economía está atada a innumerables controles de precios y de cambio que analistas dicen crean distorsiones, pero que Chávez defiende como una lucha contra los especuladores. La inflación acumulada al mes de septiembre de Venezuela trepó hasta un 21,2 por ciento. "Ahora con esto van a ver como vamos a empezar a bajar los costos y los precios y a liberar a los trabajadores", agregó. El mandatario ordenó la semana pasada la toma de los activos de la empresa de capital español Agroisleña y la filial local de la Compañía Inglesa C.A., propiedad del Vestey Group, una firma de productos cárnicos inglesa, también aduciendo que lograrían controlar los precios.

Chávez dijo que intentará apresurar la aprobación de una ley que le facilitará la toma forzosa de inmuebles y asentamientos urbanos, con el fin de apurar un plan de emergencia habitacional. Chávez cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional conformada en su mayoría por militantes del Partido Socialita Unido de Venezuela (PSUV) e intentará apurar la aprobación de leyes polémicas, pero vitales para su proceso, hasta que los escaños sean modificados en enero.

Venezuela tiene un déficit de 2 millones de casas que cada año se incrementa al sumarse unas 120.000 nuevas familias a la búsqueda de soluciones habitacionales, además su mercado de arrendamientos es diminuto y de precios inaccesibles para el grueso de la población. La situación se agrava en temporadas de lluvias cuando las endebles barriadas venezolanas sufren desbordamientos que este año han dejado decenas de damnificados. "Tengo un proyecto de ley que voy a mandar a la Asamblea (...) acelerar el rescate de tierras para la construcción de viviendas para el pueblo, incluso intervenir construcciones que están paralizadas o intervenir a algunos especuladores que siguen explotando a la clase media", dijo.

Resúmen Agencias