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| 8/30/2020 10:16:00 AM

El ingreso mínimo vital no arranca en España

Tres meses después de su creación urgente para hacer frente al incremento de la pobreza provocado por la pandemia, el ingreso mínimo vital aprobado en España está en punto muerto y la administración se ve desbordada por la alta demanda.

Esta ayuda fue una de las promesas estrella del gobierno de coalición de izquierdas compuesto por los socialistas de Pedro Sánchez y la izquierda radical de Podemos.

La pandemia de la covid-19, que impactó con fuerza en España, precipitó su aprobación a finales de mayo, con el país todavía en confinamiento, para garantizar un colchón de seguridad a los trabajadores más precarios mientras se multiplicaban las filas frente a los bancos de alimentos.

El gobierno estimó en 3.000 millones de euros anuales (unos US$3.570 millones) el coste de la medida.

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Oficialmente, de las primeras 750.000 solicitudes recibidas, 143.000 (19%) ya fueron estudiadas y 80.000 aceptadas desde el 15 de junio, cuando empezó el plazo para presentarlas, según un comunicado del ministerio de Seguridad Social del 20 de agosto.

Pero el principal sindicato de funcionarios, el CSIF, hace una lectura más pesimista: "casi el 99% de la solicitudes están todavía sin resolver", afirmó a la AFP su portavoz José Manuel Molina.

Según él, los funcionarios de la Seguridad Social sólo analizaron 6.000 casos, dado que 74.000 hogares beneficiados ya recibían prestaciones familiares y fueron aceptados de oficio.

Estas familias ya percibieron dos desembolsos de la prestación, que puede alcanzar los 1.015 euros mensuales (US$1.210) por hogar, según el ministerio de Seguridad Social.

Para cientos de miles de solicitantes, la espera empieza a ser agonizante.

"Desde el 26 de junio que echamos la solicitud, no tengo notificación ninguna (...) Ya son dos meses esperando y supuestamente lo iban a estrenar para que nadie se quedara en la calle", explica Marta Sánchez, de 42 años.

Esta madre de dos niños de Sevilla tiene que acudir por primera vez a la Cruz Roja para alimentarlos, después de que, durante la pandemia, perdiera su empleo de teleoperadora y su marido el de chófer de vehículos de alquiler con conductor.

"Gracias a Dios, la luz y el agua las están pagando mi hermana y mi madre" y el propietario del inmueble, un familiar, cierra los ojos ante los impagos del alquiler, explica Sánchez, consciente de que no todas las familias tienen su suerte.

Precipitación y escasez de plantilla

"Quizás el ritmo es algo más lento del previsto pero se está trabajando en automatizar muchos procedimientos, de forma que a partir de ahora la tramitación sea más rápida", aseguró un portavoz del ministerio.

"Arrancar una prestación siempre es difícil (...) y en esta ocasión no es una excepción", añadió.

Para Molina, el representante de los funcionarios, se trata de un fenómeno "nuevo", agravado por años de recortes presupuestarios en la administración que, según él, ha perdido un 25% de los efectivos en diez años.

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"El tema es que se precipitaron todos, sin apenas formación y con escasez de plantilla brutal" dado que apenas hay 1.500 trabajadores en el departamento encargado de tramitar esta prestación, responsable también de las jubilaciones, explicó el sindicalista.

Estos funcionarios se enfrentan a una "avalancha de solicitudes", un volumen equivalente al conjunto de peticiones de "prestaciones de jubilación normal que se presentan a lo largo de un año", indicó.

Medio millar de interinos fueron contratados como refuerzo a través de una sociedad semipública pero su ayuda es limitada porque, al no tener estatuto de funcionario, no pueden aprobar oficialmente las solicitudes, lamentó Molina.

El número de demandantes debería incrementarse todavía, dado que el gobierno estima en 850.000 el número de hogares elegibles para esta prestación, unos 2,3 millones de personas de las que un 30% son menores.

Aunque el gobierno aseguró que pedir la ayuda sería muy sencillo a través de una aplicación de internet, el proceso genera problemas en muchos solicitantes sin recursos afectados por la "brecha digital" y hay retrasos de dos meses para obtener una cita en persona para hacerlo, denuncia también el CSIF.

AFP

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